Competiciones

De la sentencia Bosman a la Superliga: el ‘caos’ judicial que definirá el futuro del fútbol

Vetos, expulsiones, sanciones, indemnizaciones y derechos de la competencia entran en juego en un conflicto legal con muchas jurisdicciones implicadas y sin perspectivas cuanto menos inciertas.

Christian De Angelis

20 abr 2021 - 05:00

De la sentencia Bosman a la Superliga: el ‘caos’ judicial que definirá el futuro del fútbol

 

 

 

Si la sentencia Bosman marcó en 1995 una transformación sin precedentes en el mundo del fútbol, los tribunales pueden ser de nuevo los que resuelvan el terremoto generado este domingo por los doce clubes europeos que apoyan la Superliga y la oposición frontal recibida por los estamentos tradicionales de este deporte. Diversas jurisprudencias, legitimidades enfrentadas y mucho dinero en juego configuran el difícil escenario jurídico en el que pueden intervenir gobiernos, organismos supranacionales y los gobernadores internacionales del deporte.

 

El único horizonte claro que se atisba -señala el abogado Javier Ferrero, socio director de Senn, Ferrero, Asociados- es el de una prolongada guerra jurídica con incontables batallas judiciales que presumiblemente, si no se resuelve pacíficamente, se extenderán a lo largo del siguiente lustro”.

 

Diversas fuentes jurídicas del ámbito deportivo coinciden en varias apreciaciones. Primero, que el proyecto de Superliga tiene un precedente claro, la Euroliga de baloncesto, aunque con mucho más dinero e intereses en juego. Segundo, que lo que está en cuestión es el sistema piramidal de gobierno del fútbol, con la Fifa y la Uefa como el gran monopolio de las competiciones supranacionales. Y, tercero, que el concepto del mérito deportivo choca con otra realidad: los grandes clubes asumen grandes riesgos económicos y quieren gobernarse, como en LaLiga, siguiendo sus propias reglas.

 

 

 

 

La última idea compartida por los expertos consultados por Palco23 no es menos relevante: la solución al conflicto abierto ahora entre los estamentos de poder del deporte rey podría pasar o por un pacto o por una larga guerra judicial. La solución pactada contemplaría tres elementos: primero, que la Superliga dé más espacio a equipos no fundadores, es decir, más allá de las cinco invitaciones anunciadas, y, segundo, que aporte recursos a la Uefa para que no pierda todo su poder económico.

 

La alternativa sería un conflicto que, en la actual composición jurídica internacional (y particularmente teniendo en cuenta que los clubes Premier están fuera de la Unión Europea), haría que todos los caminos llevaran a Suiza. Allí está la sede del Tribunal de Arbitraje Deportivo y, para los que recurren sus decisiones, el Tribunal Arbitral Suizo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por supuesto, la justicia británica también tendría un papel en la partida.

 

Por ahora, los doce clubes fundadores de la Superliga han enviado tanto a la Uefa como a la Fifa cartas en las que advierten que han presentado demandas precautorias ante las eventuales medidas que pueden tomar estos organismos para impedir la viabilidad del proyecto. El objetivo de estos equipos es seguir disputando las ligas nacionales y las competiciones europeas hasta la temporada 2022-2023, cuando fijan el objetivo de arranque del nuevo campeonato.

 

Excluir a los clubes de la Superliga de las competiciones nacionales e internacionales autorizadas por la Uefa e impedir a los jugadores de estos clubes jugar con sus selecciones es de hecho la amenaza más importante recibida por estos doce equipos. Para Nicolás F. de la Plata, profesor de derecho deportivo y política deportiva de la Universidad Europea, “las sanciones pueden provenir por Uefa y Fifa, y sus reglamentos disciplinarios permiten escenarios sancionadores que podrían llegar hasta esa exclusión”.

 

 

 

 

De la Plata menciona varios artículos del reglamento disciplinario de la Uefa, que “permite sustentar de un modo ampliamente discrecional una infracción por incumplimiento de cualquier normativa interna Uefa, tanto contra los clubes como contra los jugadores”.

 

La escisión de varios clubes de la Asociación Europea de Clubes (ECA, en sus siglas en inglés) para liderar una competición autónoma supone que “salen del marco jurídico privado actual y los clubes (y el resto de partícipes) se arriesgan a ser expulsados”, agrega.

 

Para Ferrero, en caso de expulsión “debería seguirse un proceso que reúna las mínimas garantías de todas las partes implicadas como es, por ejemplo, sometimiento a votación de la medida a adoptar, apertura de plazo para alegaciones, recursos a nivel interno, etcétera”, aportando además posibilidad de elevar y plantear a la justicia ordinaria la vulneración de cualquier derecho básico de asociación.

 

Enric Ripoll, profesor de derecho deportivo de Johan Cruyff Institute, señala por su parte que ve “excesivo” excluir a los jugadores de los clubes de la Superliga de competir con sus selecciones nacionales y recuerda que en los estatutos de la Uefa está previsto sancionar a clubes, pero no a jugadores. “Además -agrega-, a la Uefa tampoco le interesa que en la Eurocopa no esté ningún jugador de estos doce equipos”.

 

 

 

 

Ahora bien, Ripoll recuerda que la Superliga nace fuera del sistema regulado por Fifa y las federaciones nacionales de fútbol. Si la federación apreciara un incumplimiento grave de sus estatutos y expulsara a los clubes fundadores de la Superliga, podría generarse una situación inédita con los contratos de los jugadores: en muchos casos, estos contratos establecen que los clubes deben federar a estos jugadores y, de no poder hacerlo, estarían incumpliendo su contrato.

 

Las estrellas del Manchester City, el FC Barcelona o el AC Milan, expulsados de la Premier, LaLiga o la Serie A y de las correspondientes federaciones, podrían encontrarse en ese escenario con una carta de libertad bajo el brazo por el incumplimiento de este elemento capital de sus contratos por parte de sus actuales clubes.

 


Medidas improbables

Una decisión tan extrema (y a la postre perjudicial para todos los estamentos implicados) -agrega Ferrero- resulta a todas luces de difícil materialización desde un punto de vista práctico habida cuenta de las distintas variantes a tomar en consideración (institucional, económica, deportiva y, en suma, legal)”.

 

Por su parte, De la Plata coincide en que “en esta pugna de poder, la Uefa y la Fifa tampoco pueden permitirse el lujo de prescindir del empaque de los clubes de la Superliga y de sus jugadores”.

 

Para Gerardo Siguero, socio de Acode Abogados, la situación generada por el anuncio de la Superliga recuerda al Brexit. “Es un movimiento abismal que no estaba previsto en la normativa de la Uefa”, apunta. El próximo deadline en el proceso legal será el próximo mayo, recuerda Siguero, cuando los clubes de la Superliga podrían quedar excluidas de las competiciones europeas como medida disciplinaria.

 

Con precedentes como el caso Adrián Mutu, que terminó resolviendo tras años de litigio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tedh), lo más probable a juicio de Siguero es que “si pones una sanción que no está muy bien prevista en tus estatutos se vaya a acabar anulando”. Ante incumplimientos deportivos, señala el socio de Acode, los instrumentos de la Uefa son deportivos, pero en este caso no tendrían ningún sentido.

 

Toni Roca, fundador del despacho Himnus, sostiene que “nadie puede impedir que estos clubes se organicen para crear su competición”, poniendo como claro precedente la Euroliga. “La realidad de lo que ocurrió es que hubo lucha, pero los clubes la acabaron creando”, señala.

 

“Está muy interiorizado que a escala nacional la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) tiene un bajo nivel de influencia y que son los clubes, a través de LaLiga, los que se organizan; ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo a escala internacional?”, agrega.

 

 

 

 

Vía pactada

“De cumplirse con las amenazas vertidas por los diversos organismos y entidades contrarios a la denominada Superliga, a lo largo de los próximos años seremos testigos de una hecatombe de inigualable magnitud a través de innumerables frentes judiciales”, advierte por su parte Ferrero.

 

“A escala nacional -prosigue-, además de someter a la justicia ordinaria la licitud de las respectivas decisiones que adopten las ligas, previsiblemente se solicitarán medidas cautelares”. En el plano institucional, los expedientes disciplinarios de Uefa y Fifa podrían ser objeto del apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte, mientras que “en la esfera continental, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desempeñarán un papel protagonista en la resolución definitiva de esta macrocontroversia”, desarrolla.

 

El monopolio de la Uefa en la organización de competiciones supranacionales, y, a la postre, su poder, está en el meollo del conflicto. Su reacción ante la emancipación pretendida por doce de los clubes más poderosos de la confederación podría llevar incluso a una cuestión sobre abuso de posición dominante, con una amplia jurisprudencia en la legislación comunitaria, recuerda Siguero.

 

De terminar resolviéndose en los tribunales, las sentencias serán tan trascendentales como la que en 1995, en el llamado Caso Bosman, eliminó los límites a los jugadores comunitarios en los clubes europeos, haciendo a la postre este deporte un negocio global.

 

“Podría incluso aplicarse -apunta por su parte De la Plata- una demanda en la ciudad sede de cada uno de los encuentros de la Superliga (lo que es más extraño) si se actuara con la competición organizada de facto; la velocidad de la Justicia suiza puede ser acelarada por los altos intereses en juego”.

 

La vía pactada se impone, para varios de los juristas consultados, como la más viable de resolución. El profesor de la Universidad Europea sostiene en este sentido que “una salida plausible sería organizar una patronal como LaLiga, pero a escala europea, que realmente gestione parcialmente su competición, bajo el paraguas Uefa, que tratará de aumentar el acceso abierto a la Superliga”.