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El deporte, actor político: el año en el que LaLiga exhibió su fuerza en la Moncloa

La política ha sido más relevante que nunca para el deporte en un ejercicio en el que las restricciones condicionaron las competiciones y la actividad deportiva en todos los ámbitos. 

31 Dic 2020 — 04:56
C. De Angelis
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El deporte, actor político: el año en el que LaLiga exhibió su fuerza en la Moncloa

 

 

Como cada año, Palco23 realiza en las últimas semanas de diciembre un repaso a los últimos doce meses en el negocio del deporte, marcados por el impacto de la pandemia del Covid-19. Análisis macroeconómico de España y el mundo, recorrido por los fenómenos sociales que ha provocado el coronavirus y reportajes sobre el impacto en los principales clubes, competiciones y federaciones del sector forman el Especial 2020: el negocio del deporte en el año del Covid-19.

 

 

La pandemia puso a prueba en 2020 la capacidad de reacción de empresas e instituciones, llevó a una crisis sin precedentes a sectores como el turismo e hizo que el sistema económico global se tambaleara como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial. Pero también hizo que las decisiones políticas cobraran una particular relevancia para la marcha de la economía, poniendo a prueba la capacidad de influencia de los diferentes sectores económicos. El deporte se coló, más que nunca, en el consejo de ministros.

 

En primera instancia, las medidas tomadas por las entidades del sector del deporte se adelantaron unos días al estado de alarma decretado por el Gobierno. El 11 de marzo la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) anunció el aplazamiento de la final de la Copa del Rey, prevista para el 18 de abril, y suspendió todas las competiciones no profesionales de fútbol masculino, femenino y fútbol sala. El Ayuntamiento de Madrid pospuso ese mismo día el Medio Maratón y ordenó el cierre de todos los polideportivos. El día siguiente, LaLiga decidió suspender sus dos próximas jornadas y una a una tomaron medidas similares las principales competiciones deportivas del país.

 

El estado de alarma se decretó formalmente el 14 de marzo, paralizando de golpe toda la actividad económica y social del país. Gimnasios e instalaciones deportivas quedaron cerradas inicialmente por un periodo de dos semanas. Sin embargo, las sucesivas prorrogas cambiaron el foco de atención del sector al impacto económico de una paralización que se alargaba y el deporte, particularmente el fútbol, se introdujo enseguida en la agenda del Gobierno, con el Consejo Superior de Deportes (CSD) como principal interlocutor.

 

El presidente Pedro Sánchez hizo referencia en su primer discurso tras el estado de alarma a los deportistas olímpicos, en un momento en el que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 todavía debían celebrarse en verano. El presidente del Gobierno trasladó ese 18 de marzo “un mensaje de empatía a los deportistas que se están preparando para las Olimpiadas de 2020 y que están en sus casas”. Mientras tanto, la Rfef y LaLiga habían enterrado el hacha de guerra entablando negociaciones para, el 23 de ese mismo mes, anunciar de forma conjunta la cancelación “sine die” de todas las competiciones profesionales. “Queremos mostrar nuestro mayor agradecimiento público a cuantos están dedicando sus mayores esfuerzos para prestar los servicios esenciales a los españoles”, explicaba el comunicado emitido por ambas entidades.

 

 

 

 

Poco después, la maquinaria estaba en marcha con un objetivo claro: retomar las competiciones para evitar unas consecuencias económicas para el gran motor del negocio en España: la liga de fútbol profesional. Sin que hubiera pasado un mes desde el inicio del confinamiento, Javier Tebas, presidente de LaLiga, ya presionaba públicamente para el retorno de la competición. Fue el 7 de abril cuando mostró su confianza en poder reiniciar el campeonato de Liga el 26 de mayo o el 6 de junio. “Cancelar la temporada es una hipótesis que no contemplamos. Queremos terminar”, reivindicó.

 

Las conversaciones con el Gobierno fructificaron y a principios de mayo el Ministerio de Sanidad daba luz verde a que se reanudaran los entrenamientos bajo estrictos protocolos de seguridad. “La vuelta al trabajo de los profesionales del fútbol -recordaba entonces LaLiga- supone la reactivación de un sector económico muy relevante que aporta el 1,37% del PIB y genera 185.000 empleos en un momento en que la situación económica es ya la principal preocupación, precipitado por la crisis sanitaria”. El principal argumento era económico.

 

Siete semanas después del inicio del estado de alarma el Gobierno aprobaba las fases de desescalada, en la que los deportistas profesionales y de alto nivel quedaban autorizados a realizar entrenamientos individuales y en espacios al aire libre. “Los deportistas integrados en clubes deportivos que participan en ligas profesionales también podrán realizar entrenamientos individuales, y subrayo individuales, en las instalaciones de los clubes”, apuntaba Sánchez. ¿Cuándo se podrá volver a ver un partido de fútbol?, le preguntaban los periodistas al presidente del Gobierno: “ya sabe que soy más de baloncesto que de fútbol, pero evidentemente esperemos que pronto. Serán las ligas, las federaciones quien lo decidan”, contestó.

 

Pactos de Viana

La tregua en la confrontación entre Tebas y el presidente de la Rfef, Luis Rubiales, se había escenificado el 8 de abril en una reunión de ocho horas en la que ambos alcanzaron un acuerdo sobre cómo debía ser el regreso de las competiciones una vez lo autorizara el Ministerio de Sanidad. El encuentro presencial, en el Palacio de Viana de Madrid, tuvo como mediadora a Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), quien también obtuvo réditos del encuentro.

 

 

En síntesis, el apoyo de federación y el organismo gubernamental para la reanudación de LaLiga supuso un refuerzo del papel de la patronal española del fútbol como uno de los principales mecenas del deporte español. El pacto implicó la modificación por parte del Gobierno del reparto del dinero procedente de las retransmisiones televisivas. En total, LaLiga aceptó aportar más de 113 millones de euros anuales al tejido deportivo español a partir de 2020-2021.

 

La modificación del Real Decreto-Ley 5/2015 supuso incrementar el porcentaje de ingresos de los derechos de televisión que reciben el CSD y la Federación Española de Fútbol. El organismo presidido por Irene Lozano pasó del 1% de los ingresos al 2,5% con el nuevo reparto, mientras que el ente encabezado por Rubiales subió del 1% al 2%. Los nuevos fondos se canalizarán a través de una nueva fundación dependiente del CSD en la que estarán también LaLiga, la Rfef y el resto de federaciones deportivas y competiciones oficiales y aficionadas.

 

Según apuntó entonces LaLiga, los pactos de Viana suponen más de 25 millones de euros “destinados para crear y dotar un fondo de ayuda para el impulso del deporte para impulsar el deporte federado, olímpico y paralímpico y la internacionalización del deporte”. Esta cantidad se suma a los ya 51 millones de euros que venía aportando.

 

 

 

 

 

 

Por su parte, la Rfef obtuvo un aumento de 17 millones de euros fijos, más 6 millones adicionales procedentes de la comercialización de la Copa del Rey, que en lugar de ir al fútbol profesional se destinarán a reforzar el desarrollo del fútbol aficionado, las infraestructuras federativas y a la mejora de la competitividad de las categorías no profesionales. “Esto, sumado a lo que ya aportaba LaLiga a la Rfef supone un total de 58,7 millones de euros anuales”, señaló entonces la patronal.

 

La noticia esperada por el fútbol español llegó unos días después, cuando Sánchez anunció que había “llegado el momento de recuperar muchas de las actividades cotidianas que tuvimos que postergar e hibernar como consecuencia del confinamiento”. En la misma comparecencia en la que anunció que “habrá temporada turística este verano”, el presidente del Gobierno anunció que “el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad ha dado luz verde para que se vuelva a celebrar la Liga de Fútbol Profesional: a partir de la semana del 8 de junio volverá LaLiga”. “El fútbol español, lo sabemos todos, tiene un seguimiento masivo dentro y fuera de nuestras fronteras”, justificó Sánchez.

 

La victoria política del fútbol benefició también a la ACB, que pudo reanudar la competición a partir del 17 de junio en una sede única, L’Alqueria del Basket, en Valencia, y un sistema de burbuja a imagen y semejanza del emprendido por la NBA en Estados Unidos.

 

El fútbol sala optó por una resolución similar, a través de un play off exprés celebrado a finales de junio en Málaga y con la presencia de los ocho mejores equipos hasta el parón por el coronavirus. No ocurrió lo mismo con el balonmano: en mayo, la Federación Española de Balonmano decidió finalizar de forma definitiva la temporada 2019-2020 de la Liga Sacyr Asobal.

 

Público en los estadios

Reanudadas (o canceladas) las competiciones, la siguiente batalla del deporte en la política fue para poder volver a recuperar el público en los estadios. En este caso, la victoria fue relativa y dio lugar a situaciones incluso absurdas, con público en competiciones amateurs pero con estadios y pabellones profesionales vacíos.

 

De nuevo, Tebas fue el primero en abrir fuego a tan solo unos días de reanudarse LaLiga. “En el momento que se pueda tiene que haber aficionados”, dijo el presidente de la asociación de clubes.

 

 

 

 

Mientras LaLiga y la ACB se reanudaron sin público en los estadios, no ocurrió lo mismo con el deporte amateur. El protocolo pactado en septiembre por el CSD, el Comité Olímpico Español (COE), las federaciones y las propias comunidades incluía la recomendación de restringir a 500 personas el aforo máximo en los pabellones y a mil personas en las competiciones al aire libre, si bien cada comunidad autónoma se encargó de regular a su manera, dando lugar a situaciones cuanto menos llamativas. Por ejemplo, el partido del Joventut de Badalona contra el Reyer Venezia de la Eurocup en el Olímpic de Badalona pudo celebrarse en octubre con 1.258 espectadores, mientras el partido en el Palau Blaugrana entre el FC Barcelona y el Real Madrid de ese mismo mes no pudo tener ni un aficionado en las gradas.

 

Arrancada la temporada 2020-2021 sin púbico en las gradas, en diciembre el sector y las instituciones empezaban a plantear la posibilidad de recuperar la normalidad plena. A finales de noviembre, mientras en Reino Unido la Premier aprobó el regreso del público a partir de diciembre, Lozano señalaba que, “con la esperanza que nos ha dado la vacuna, esperamos que antes de que acabe la temporada volvamos a tener gente en los estadios”. Sólo unos días antes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, había enfriado las expectativas: “la entrada de gente a los campos de fútbol, ahora mismo, es prescindible. Viendo cómo está la situación, lo podemos dejar para más adelante. En este momento no es prudente”, apuntó.

 

Las esperanzas están ahora en la vacuna, que podría permitir el regreso de los fans al estadio “a finales de temporada”, tal y como reconoce LaLiga.

 

Fitness, el perdedor de la partida

Si el fútbol demostró su capacidad de influencia política durante la pandemia, el fitness ha sido, en gran parte, uno de los sectores cuyas demandas se han atendido menos. La entrada de buena parte de España en fase 1 a partir del 11 de mayo permitió la apertura de los centros de fitness con cita previa y aforo limitado, pero con unas restricciones tan amplias que buena parte del sector declinó incluso la posibilidad ante la falta de viabilidad.

 

 

 

 

El sector pudo ir recobrando la actividad, como otros ámbitos de la economía, por fases y con importantes inversiones por parte de las empresas: en la segunda, a partir del 25 de mayo, pudieron empezar a operar siempre y cuando se practicasen deportes en los que no existiera contacto y el riesgo de contagio fuera bajo. En la tercera y última fase, a partir del 8 de junio, se permitió un volumen de abonados equivalente a “un máximo de un tercio del aforo de los gimnasios, sin uso de los vestuarios”.

 

La segunda ola de la pandemia dejó en las comunidades autónomas las competencias y las restricciones, generando una amplia pluralidad de medidas y restricciones en los diferentes territorios. Uno de los más restrictivos fue Cataluña, cuya prohibición a la apertura de gimnasios llevó al sector incluso a manifestarse.

 

Con muchos frentes abiertos en las diferentes autonomías, el sector del fitness y el deporte amateur tuvieron algún respiro con los planes de ayudas y subvenciones impulsados por las administraciones, aunque la situación dejada por la pandemia y las restricciones a la actividad quedan lejos de solventarse. P

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