La Fiscalía Anticorrupción recurre la imputación de Laporta por el Caso Negreira

Giro en el Caso Negreira. Los fiscales anticorrupción Luis María García Cantón y Ricardo Sáez Garea han recurrido ante la Audiencia de Barcelona la imputación de Joan Laporta por el Caso Negreira, según El Periódico.

Los magistrados consideran que el cómputo de prescripción de los delitos comienza cuando Laporta dejó la presidencia en su primer mandato, en junio de 2010, hacia adelante, y no desde la última infracción penal, en julio de 2018, diez años hacia atrás, como considera el magistrado Joaquín Aguirre.

El recurso al que ha tenido acceso el citado medio manifiesta que no se ha planteado la opción de que exista un pacto entre los presidentes investigados y las personas que conforman las sucesivas juntas directivas de FC Barcelona.

“En ningún momento se ha considerado que los distintos intervinientes actuaran en una suerte de reparto de papeles”, señala el escrito. “Cada presidente, cada junta directiva, responde, en su caso, por los pagos realizados a Enríquez Negreira durante el periodo en que desempeñaron sus cargos, sin que puedan ser atribuidos, por ejemplo, a Rosell los pagos realizados por Bartomeu o estos los realizados por Laporta”, añade.

Los magistrados consideran que el cómputo de prescripción de los delitos comienza cuando Laporta dejó la presidencia en su primer mandato, en junio de 2010

El pasado 18 de octubre, el juez Aguirre imputó al actual presidente blaugrana por cohecho, corrupción deportiva, administración desleal y falsedad en documento mercantil. La Fiscalía consideró que los pagos que FC Barcelona efectuó al exvicepresidente del CTA y a su hijo durante el mandato de Laporta (2003-2010) son delictivos y no han prescrito, al considerarse un delito por cohecho continuado. En este caso, la prescripción es a partir de diez años desde la última infracción penal y el último pago del Barça a la familia Negreira fue en 2018.

Tres semanas antes, el juez imputó a FC Barcelona por cohecho, tras considerar que los pagos al exvicepresidente del CTA constituían un presunto delito. El cohecho exige que un funcionario o autoridad pública solicite dinero o alguna compensación para tomar una decisión injusta en el ámbito de sus competencias. En el Caso Negreira, no sólo existió una solicitud de dinero por el exvicepresidente del CTA, sino que está demostrado que el desembolso por parte de FC Barcelona existió.

El inicio del Caso Negreira data del 10 de marzo, la Fiscalía presentó una denuncia contra el conjunto presidido actualmente por Joan Laporta y varios exdirectivos, acusando a las partes de haber cometido presuntamente los delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental.

En abril, el Consejo Superior de Deportes (CSD) presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona para personarse de forma oficial en el Caso Negreira, siguiendo los pasos de LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) y Real Madrid CF.

Según los cálculos de la Fiscalía, Negreira se embolsó, presuntamente, más de 7,3 millones de euros

El 17 de abril, Joan Laporta compareció en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou ante los medios para dar explicaciones sobre el Caso Negreira. “El Caso Negreira no es ningún delito de corrupción deportiva”, destacó el directivo. El presidente afirmó que es una campaña de desprestigio institucional a través de afirmaciones difamatorias “que no tienen nada que ver con la realidad”.

En mayo, FC Barcelona solicitó ser admitido como acusación particular en el Caso Negreira y tener, de este modo, la doble condición de investigado y de acusación particular. Pero, en junio, la Fiscalía se opuso a la personación del conjunto blaugrana en el caso, alegando que en el caso de la entidad presidida por Joan Laporta era incompatible ejercer la acusación al mismo tiempo que dispone de la condición de investigado.

Según los cálculos de la Fiscalía, Negreira se embolsó, presuntamente, más de 7,3 millones de euros, por lo que busca resolver porque el club pagó grandes sumas de dinero al que entonces era el vicepresidente del Comité técnico de Árbitros (CTA). La investigación ha acreditado pagos desde 2001, aunque todo apunta a que la operativa comenzó en los años 90, durante la presidencia del fallecido Josep Lluís Núñez. La Fiscalía considera que hay indicios de un delito de corrupción en los negocios cometido por el club.