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La Policía Judicial ya registró la Federació Catalana de Futbol por el Caso Negreira

La Guardia Civil entró el pasado 21 de septiembre en la sede del organismo rector del fútbol catalán en busca de documentación relacionada con el Caso Negreira. Se llevaron doce facturas emitidas por el expresidente del CTA. 

La Policía Judicial ya registró la Federació Catalana de Futbol por el Caso Negreira
La Policía Judicial ya registró la Federació Catalana de Futbol por el Caso Negreira
Tras el registro, la Policía Judicial se llevó doce facturas emitidas por el expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, en 2019 a través de la sociedad Dasnil 95, cuyo importe agregado ascendía a 5.270 euros.

Palco23

29 sep 2023 - 10:53

El Caso Negreira llega al fútbol catalán. El pasado 21 de septiembre, la Guardia Civil entró en la sede de la Federació Catalana de Futbol (FCF) en el marco de la investigación del Caso Negreira, según Mundo Deportivo.

 

Tras el registro, la Policía Judicial se llevó doce facturas emitidas por el expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, en 2019 a través de la sociedad Dasnil 95, cuyo importe agregado ascendía a 5.270 euros.

 

En 2019, el presidente de la FCF ya era Joan Soteras que, hasta hace pocos meses, ejercía las funciones de vicepresidente en la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) de la mano del expresidente Luis Rubiales.

 

El registro de la FCF fue el precedente del que se llevó a cabo ayer en la Rfef. La Guardia Civil registró desde primera hora la sede de la Rfef en Las Rozas (Madrid), en línea con la investigación del caso Negreira. Los agentes buscaron las actas en las que el CTA, encabezados por José María Enríquez Negreira, puntuaban las actuaciones de los colegiados de Primera y Segunda División.

 

 

 

 

Paralelamente, el juez del Caso Negreira, el magistrado Joaquín Aguirre, imputó a FC Barcelona por cohecho, tras considerar que los pagos a José María Enríquez Negreira constituían un presunto delito.

 

El pasado 10 de marzo, la Fiscalía presentó una denuncia contra el conjunto presidido actualmente por Joan Laporta y varios exdirectivos, acusando a las partes de haber cometido presuntamente los delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental.

 

En abril, el Consejo Superior de Deportes (CSD) presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona para personarse de forma oficial en el Caso Negreira, siguiendo los pasos de LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) y Real Madrid CF.

 

El 17 de abril, Joan Laporta compareció en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou ante los medios para dar explicaciones sobre el Caso Negreira. “El Caso Negreira no es ningún delito de corrupción deportiva”, destacó el directivo. El presidente afirmó que es una campaña de desprestigio institucional a través de afirmaciones difamatorias “que no tienen nada que ver con la realidad”.

 

 

 

 

En mayo, FC Barcelona solicitó ser admitido como acusación particular en el Caso Negreira y tener, de este modo, la doble condición de investigado y de acusación particular. Pero, en junio, la Fiscalía se opuso a la personación del conjunto blaugrana en el caso, alegando que en el caso de la entidad presidida por Joan Laporta era incompatible ejercer la acusación al mismo tiempo que dispone de la condición de investigado.

 

Hace tres semanas, el juez Joaquín Aguirre consideró que los pagos del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira provocaron “corrupción sistémica” en el estamento arbitral. El magistrado añadió que Real Madrid CF y “cualquier otro equipo de Primera División que haya coincidido con el FC Barcelona durante los años objeto de investigación puede sentirse perjudicado por la supuesta trama”.

 

Según los cálculos de la Fiscalía, Negreira se embolsó, presuntamente, más de 7,3 millones de euros, por lo que busca resolver porque el club pagó grandes sumas de dinero al que entonces era el vicepresidente del Comité técnico de Árbitros (CTA). La investigación ha acreditado pagos desde 2001, aunque todo apunta a que la operativa comenzó en los años 90, durante la presidencia del fallecido Josep Lluís Núñez. La Fiscalía considera que hay indicios de un delito de corrupción en los negocios cometido por el club.