La Fiscalía denuncia a Cristiano Ronaldo por defraudar 14,7 millones a Hacienda

Finalmente son 14,7 millones de euros. La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado este martes su denuncia contra Cristiano Ronaldo, al que acusa de haber cometido cuatro delitos contra la Hacienda Pública entre 2011 y 2014 por “ocultar al Fisco las rentas generadas en España” por la explotación de sus derechos de imagen.

El Ministerio Público explica en un comunicado que el futbolista portugués, actualmente de 32 años de edad, se benefició de la estructura fiscal que tenía ya en 2010 y que utilizó durante su etapa en el Manchester United. Por esta razón, asegura que el incumplimiento del delantero del Real Madrid con sus obligaciones fue “voluntario” y “consciente”.

Las cuotas defraudadas por Ronaldo, siempre según la Fiscalía, ascendieron 1,39 millones de euros en 2011; 1,66 millones en 2012; 3,2 millones en 2013 y 8,5 millones en 2014. Todas estas cantidades superan los 120.000 euros anuales que convierten el fraude fiscal en delito, castigado con una pena de uno a cinco años de prisión.

Sobre la regularización que Ronaldo hizo en 2014, la Fiscalía indicó que se consignaron unos ingresos de 11,5 millones de euros, “cuando las rentas verdaderamente obtenidas de fuente española” fueron en esos tres ejercicios de casi 43 millones de euros. En esta declaración, además, calificó los rendimientos obtenidos como rendimientos de capital mobiliario y no como rendimientos derivados de actividades económicas lo que le permitió disminuir “considerablemente” la base imponible a declarar.

El Ministerio Público sustenta esta nueva denuncia en los criterios de la Fiscalía General del Estado y en la "jurisprudencia más reciente", para lo que menciona de forma expresa la sentencia del Tribunal Supremo contra Leo Messi. Según estos criterios, se considera fraudulenta “la interposición de un sujeto pasivo del impuesto diferente del real, ubicado en el extranjero, lo que favorece la ocultación de información a Hacienda”.

La Fiscalía se basa en la tesis del Tribunal Supremo, de que “la liquidación que se presenta por el contribuyente no es sino el final de un procedimiento construido desde antes para que se pueda lograr la ocultación de la base imponible real, con razonable esperanza de éxito para el defraudador”.