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El juez de LaLiga expulsa tres años al CF Reus por incumplimientos graves

El juez de disciplina social ha rebajado en dos años la sanción propuesta por el instructor después de la llegada de nuevos inversores, pero mantiene la decisión de dejar al equipo fuera del fútbol profesional. La sanción puede ser recurrida ante el TAD.

28 Ene 2019 — 13:07
Palco23
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El juez de LaLiga expulsa tres años al CF Reus por incumplimientos graves

 

 

El CF Reus abandona inmediatamente el fútbol profesional español. El juez de disciplina social de LaLiga ha decidido acordar la expulsión del equipo de las categorías de fútbol profesional por un periodo de tres años, además de una multa de 250.000 euros por incumplir sus obligaciones con los jugadores. La sanción es dos años inferior a la propuesta por el instructor, después de que hace una semana se anunciara un cambio en la propiedad. Aun así, el club queda en una posición muy delicada de cara a su futuro, mientras que LaLiga 1|2|3 aclara las reglas del juego: sólo descenderán tres equipos por cuestiones deportivas, además del conjunto catalán.

 

En su resolución, el juez considera que “ha quedado indudablemente acreditada” la comisión de incumplimientos en cuanto a “los deberes o compromisos adquiridos -en forma del impago de mensualidades del salario- con sus jugadores, con la gravísima consecuencia adicional de que seis de ellos han tenido que abandonar el club”.

 

Además, se advierte una infracción grave en materia de elaboración de presupuestos, ya que se hace referencia al artículo en el que se alude al hecho de “alterar, ocultar, falsear, facilitar o incluir información incorrecta en los documentos o información exigidos por el Órgano de Validación de Presupuestos de la LaLiga”. 

 

La prueba de ello son las actas de la comisión paritaria LaLiga-AFE y de la comisión mixta LaLiga-AFE, así como un informe de auditoría complementario, que tampoco ha sido negado por el equipo hasta hace unos días propiedad de Joan Oliver. “Estos hechos probados, que llevan a la comisión de la conducta típica y antijurídica anteriormente señalada, no han sido negados por el Reus en su escrito de alegaciones a la Propuesta de Resolución del Instructor”, señala el juez.

 

 

 

 

La entidad y la afición esperaban que la salida de Oliver y la llegada de dos nuevos inversores de Estados Unidos ayudaría a evitar la expulsión del equipo, que ocupaba puestos de descenso antes de dejar de competir. Ambos se comprometían a aportar los más de siete millones de euros necesarios para liquidar toda la deuda y desarrollar un proyecto inmobiliario junto al estadio, que ahora podría quedar en nada tras el descenso administrativo.

 

Sin embargo, la resolución considera que “si bien es una circunstancia constitutiva de propósitos y condiciones lícitos en sí mismos, configura una operación que, desde el punto de vista de su incidencia en el procedimiento sancionador (que versa sobre hechos efectivamente producidos e infracciones efectivamente cometidas), carece de producir ningún efecto”. Es decir, que el Reus no podía quedar libre de culpa por el simple hecho de que cambiara el equipo gestor.

 

“El saneamiento (presunto o real, total o parcial, creíble o no) de una entidad después de haber realizado el hecho infractor y haberse beneficiado de él no puede tener efectos enervadores de la sanción”, apostilla la resolución, que puede ser recurrida ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a su notificación, si bien ésta será ejecutiva, se presumirá válida y producirá los efectos en ella previstos desde la fecha de su notificación.

 

En cuanto a la magnitud de la sanción, que es la más grave impuesta en la historia de LaLiga desde la creación del control económico, se añade según el relato de la patronal: “Una vez probada la comisión de la infracción, se manifiesta en la resolución la concurrencia de dos circunstancias esenciales a la hora de graduar la sanción”, como son la especial gravedad de los hechos cometidos  y la reincidencia.

 

 

 

 

Sobre el primer aspecto, la decisión final ha tenido en cuenta la envergadura y efectos que ha tenido la gestión de Oliver sobre los propios jugadores y la imagen de la competición profesional, con muchos futbolistas reclamando la rescisión anticipada de contrato y muchos equipos sin poder competir de forma efectiva.

 

En un comunicado, la patronal explica que “la consecuencia necesaria y automática (porque la normativa no prevé otra alternativa) para cuando concurren la especial gravedad y la reincidencia en la comisión de la infracción consistente en el incumplimiento de los deberes adquiridos con los deportistas es la sanción de expulsión de la competición profesional”.

 

El Reus anunció a finales de octubre la presentación de preconcurso de acreedores, tras acumular seis millones de euros en pérdidas desde su ascenso al fútbol profesional. Su intención es renegociar una deuda que asciende a cinco millones de euros, mayoritariamente con futbolistas, al tiempo que buscaba un inversor que aportara un mínimo de 2,5 millones de euros.

 

El club concluyó 2017-2018 con unas pérdidas de 983.000 euros, por lo queacumula unas pérdidas de 5,6 millones de euros al cierre del último ejercicio. En esas cuentas, a las que tuvo acceso Palco23, se refleja que toda la deuda del equipo de fútbol es a corto plazo, con 3,1 millones de euros comprometidos con la banca. Además, hay otros 863.000 en compromisos financieros con terceros, 500.000 euros con Hacienda y 323.000 euros con los propios futbolistas.

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