El Barça pagará una multa de 5,5 millones para evitar el juicio por fraude en el 'caso Neymar'

El FC Barcelona quiere poner fin de una vez por todas a uno de los litigios más graves que se han producido en la historia del club. Los abogados de la entidad han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que debía ser ratificado hoy por la junta directiva, y que permitiría evitar el juicio por fraude fiscal, entre otros, en el fichaje de Neymar. A cambio, el Barça aceptaría pagar una multa económica por irregularidades en la tributación de impuestos entre 2011 y 2013.

A falta de que el club haga oficial el pacto (finalmente se votará el lunes en junta ordinaria), la agencia Efe cifra en 5,5 millones de euros el importe que pagarán, con el objetivo de zanjar el debate sobre si los 40 millones de euros que se pagaron a una empresa del padre del jugador por sus derechos económicos debía tributar por Impuesto de Sociedades o como rentas por rendimiento del trabajo. Y del pacto se concluye que ese pago a la firma N&N no será traspaso, sino salario.

En señal de buena voluntad, en febrero de 2014 ya se presentó una declaración complementaria por 13,551 millones de euros, "con el objetivo de dar cobertura a las eventuales interpretaciones que se puedan hacer de todos los contratos firmados con motivo del fichaje del jugador mencionado", indicaba el Barça en su memoria anual de la temporada 2014-2015. A este pago se le han añadido provisiones por 11,476 millones de euros en los últimos años, por lo que la multa no tendría ningún impacto contable, aunque sí a efectos de tesorería.

El importe de la sanción sería inferior al de las multas que exigían tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, en nombre de Hacienda, si se llegaba a juicio. Además, según defienden los favorables a este pacto, el club se libra de tener que avalar el importe que se le demandaba mientras no se resolviera el juicio.

Fuentes del club han explicado en distintos medios que, de haber seguido adelante el procedimiento, el juez de la Audiencia Provincial habría obligado a presentar avales por hasta 90 millones de euros, correspondientes al importe de las multas, más las cuotas defraudadas y recargos. Ello habría disparado el endeudamiento del club, provocado que la junta dimitiera por incumplimiento de los estatutos por segundo año consecutivo, e incluso poner en riesgo la viabilidad del Espai Barça.

El Ministerio Público pedía 11,4 millones en concepto de indemnización por responsabilidad civil solidaria, mientras que el Fisco demandaba 22,2 millones de euros al Barça, 25,1 millones a Sandro Rosell y 3,8 millones a Josep Maria Bartomeu. En total, 33,6 millones para el Barça y 28,9 millones para el expresidente y el actual mandatario.

Los dos empresarios ahora no sólo quedarán eximidos de cualquier pago, sino que también se les retirará la petición de cárcel. Para el primero se solicitaban seis años y nueve meses, mientras que al segundo se le rebajaba la pena de prisión pedida a dos años y tres meses. Es decir, que se carga toda la responsabilidad y culpabilidad al club, cuando de los testimonios se desprende que fue Rosell en persona quien lideró la negociación.

Ante esta situación, el expresidente Joan Laporta ha anunciado que se reserva "emprender las acciones legales que correspondan en la defensa legítima de los intereses del Barça y de sus socios y socias". En su opinión, lo que no puede hacerse es pagar con dinero del club una sanción motivada por las acciones de sus gestores. Un escenario ideal para el también excandidato, contra el que se presentó precisamente una acción social de responsabilidad para que respondiera por las pérdidas originadas en su mandato tras una reformulación de cuentas, después tumbada por el juez.

Las derivadas judiciales por Neymar no han acabado

Si bien se daría un paso importante para poner fin al caso Neymar, este pacto sólo pondría fin al proceso judicial que arrancó en la Audiencia Nacional y que permitió sacar a la luz el coste real del fichaje de Neymar, que subía de los 17,1 millones que recibió el Santos FC, a un importe total de 76 millones en el que lo cifró Hacienda, incluidos los 40 millones pagados al padre del jugador por los derechos económicos y distintos pagos adicionales por conceptos como la búsqueda de patrocinios o jóvenes promesas en Brasil.

Ahora bien, el siguiente reto de los abogados del club, encabezados por su responsable jurídico, Román Gómez Ponti, y el asesor externo Cristóbal Martell, será resolver la denuncia presentada por DIS. El fondo de inversión presentó una denuncia contra los dos equipos y el jugador por estafa, al considerar que debería haber obtenido mucho más dinero del que recibió por el traspaso, al tener un 40% de los derechos.

En este caso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha propuesto juzgar al delantero brasileño, su padre, el Barça y su expresidente Sandro Rosell por corrupción en los negocios de los artículos 286 bis y 288 del código penal, que supondría penas de cárcel de entre seis meses y dos años, así como multas económicas.

A favor del club juega que si esos 40 millones se acaba aceptando que corresponde a salario y no a traspaso, la argumentación del fondo de inversión quedará muy tocada. Eso sí, podrá seguir denunciando que se encubrió parte del traspaso con una opción de compra por varios jugadores que jamás se ejecutó.