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Los clubes de Segunda B y Tercera, al choque con Villar por los derechos de TV

ProLiga, que agrupa a casi 300 equipos de las dos categorías, considera que la Federación no tiene potestad para negociar por ellos, amenaza con prohibir la entrada de cámaras y pide al Gobierno que regule el reparto del dinero.

M.Menchén

04 jul 2017 - 15:00

ProLiga cada vez tiene más fuerza, y los casi 300 clubes afiliados que tiene en Segunda B y Tercera División han querido alzar la voz en el ámbito audiovisual. La organización ha exigido a la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) un encuentro informativo, después de la circular en la que instaba a todos los participantes a no negociar individualmente por sus derechos de televisión porque lo iba a gestionar el organismo presidido por Ángel María Villar. Y avisan con prohibir la entrada de cámaras a los estadios.

 

En caso de que la Federación no atienda a la petición del encuentro, “ProLiga se negará a que se retransmitan aquellos partidos en los que participen clubes que hayan cedido expresamente sus derechos a la asociación. También pide que se ponga en conocimiento de los operadores con los que se esté negociando tanto la existencia de ProLiga como la mencionada cesión de derechos audiovisuales de un gran número de clubes a la asociación, para evitar malos entendidos que pudieran derivar en incumplimientos contractuales”.

 

Por el momento, y ante la evidencia de que la cuestión se convertirá en un nuevo choque de legitimidades, la asociación presidida por Óscar Garvín ha recomendado a todos sus socios que “no firmen nada hasta que no tengan toda la información sobre el proyecto, para que así puedan tomar la decisión que más les beneficie de forma libre y responsable”.

 

El ente, apoyado por La Liga, se basa en tres argumentos para negar que la Rfef tenga el derecho de vender las retransmisiones en estas categorías. El primero, es que consideran que “el Reglamento General, cuyo artículo 198 atribuye la titularidad de los derechos televisivos de las competiciones de ámbito estatal a la Rfef, no tiene naturaleza de disposición normativa, sino de acto interno de una federación deportiva”.

 

 

En segundo lugar, los clubes entienden que la titularidad de los derechos les corresponde a ellos como organizadores del evento, ya que es cada equipo el que “soporta el riesgo económico y empresarial de la celebración del mismo. Lo que no excluye que los titulares originarios (es decir, los clubes) puedan ceder expresamente dicha titularidad o, simplemente, el derecho a explotar comercialmente los derechos”. En este caso, muchos equipos han apostado por ProLiga, que el año pasado ya realizó algunas retransmisiones vía streaming. Además, otros equipos, como por ejemplo los catalanes, tienen contratos en vigor con TV3.

 

Por último, recuerdan a la Rfef que su papel como organizadora de las dos ligas se limita a “la coordinación en el ámbito deportivo y administrativo del transcurso de la competición, por la cual obtiene una remuneración no sometida al riesgo o ventura empresarial. De hecho, su función constituye uno de los gastos que el organizador del partido debe asumir para su celebración (arbitrajes, etc.)”.

 

Este tema será uno de los ejes centrales el II Congreso Nacional de ProLiga, que se celebrará este sábado en Madrid. En el encuentro también se analizarán las alegaciones que se han presentado al reglamento que desarrolla el Real Decreto-Ley 5/2015, que regula la venta centralizada de los derechos de televisión del fútbol español. Su objetivo, que se le garanticen mejor su cuota a percibir y que se reconozca a ProLiga como asociación con derecho a recibir parte del dinero para proyectos vinculados a la promoción del fútbol semiprofesional.

 

Los clubes de Segunda B y Tercera piden “una cantidad fija a percibir” por la recaudación que se obtiene por la venta de la Copa del Rey. Además, la asociación pide que los equipos de la cuarta categoría del fútbol español también puedan “percibir ayudas para financiar el pago de las cuotas empresariales correspondientes a la contratación de deportistas y entrenadores”. En este sentido, argumentan “la enorme labor que realiza y que repercute directamente en beneficio de sus clubes asociados”.

 

Por último, reclaman una mayor concreción sobre “en qué consistirá el apoyo que las federaciones de ámbito territorial destinarán a la participación en competiciones oficiales de ámbito estatal no profesional” y sobre el destino de los ingresos por la venta de las retransmisiones de la Supercopa de España y la final de la Copa del Rey.