La Audiencia Nacional decreta prisión sin fianza para Villar y el CSD pide su dimisión

Prisión sin fianza. Esta es la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que llega tras la petición que ha realizado la Fiscalía Anticorrupción para Ángel María Villar y el resto de detenidos por irregularidades en la gestión de la Real Federación Española de Fútbol (Rfef). Este dictamen llega después de que Pedraz haya tomado declaración al veterano dirigente, a su hijo Gorka y a dos de sus colaboradores, Juan Padrón y Ramón Hernández.

Sus problemas podrían ir más allá, puesto que el Gobierno “solicitará de forma inmediata al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la incoación de expediente disciplinario a los directivos” afectados por la investigación. Además, añade, “se procederá a convocar a la Comisión Directiva del CSD para acordar la suspensión provisional de dichos directivos, una vez conocida la decisión que adopte el TAD”.

La investigación realizada por la Guardia Civil estima en unos 45 millones de euros el posible perjuicio sufrido por el ente regulador del fútbol en España a causa de su gestión. En entredicho está la organización de diversos partidos amistosos, así como las relaciones que mantuvo en su día con Santa Mónica Sports, a la que se le vendieron los derechos televisivos y que dejó un importante agujero tras irse a concurso de acreedores.

La decisión última depende de Pedraz, juez encargado de instruir el caso una vez que el Consejo Superior de Deportes (CSD) presentó una demanda. “Se ha podido determinar cómo presuntamente el presidente de la Rfef” organizó partidos de la Selección “consiguiendo de esta manera contraprestaciones para la contratación de servicios y otras relaciones comerciales en beneficio de su hijo”, señalan los investigadores.

La Guardia Civil añade que “en la investigación se ha podido determinar como el vicepresidente económico de la Rfef se habría excedido presuntamente  en sus facultades de administración del patrimonio de la Federación, causando perjuicio a la misma; por otro lado, habría favorecido la contratación de sociedades de las que habría obtenido un beneficio propio en forma de contraprestación económica y también habría participado, junto con el secretario general de la Federación Tinerfeña en una operativa continuada de apropiación de fondos de dicha Federación, a través del desvío de estos a una sociedad gestionada por ambos”.