El fútbol aficionado necesita su propio ‘fair play’ financiero

En las últimas semanas hemos asistido a algunas noticias que han puesto de relieve la falta de control regulatorio que existe en el fútbol aficionado. Clubes como el Ontinyent que se retiran a mitad de campeonato son la punta de un iceberg formado por quejas de jugadores sobre los problemas para cobrar a tiempo, las idas y venidas de inversores que dejan proyectos en la estacada y, sobre todo, un entorno que intenta influir aprovechando el menor foco mediático.

Son situaciones que en un pasado no tan lejano se producían incluso en la élite del fútbol español, pero la introducción del control económico de LaLiga ayudó a reforzar una supervisión que también empezaba a imponerse en Europa. Y, sin embargo, son normas que aún no se han trasladado a las competiciones formadas por aquellos equipos que un día aspiran a entrar en ese selecto grupo. ¿Por qué?

Resulta difícil de entender que el fair play financiero aún no se haya instaurado en Segunda B y Tercera División, más aún cuando la mayoría de clubes lo han solicitado a través de ProLiga, la propia Federación ha señalado la necesidad de implantarlo e incluso LaLiga se ha mostrado dispuesta a colaborar. Esa debería ser hoy la propiedad de la Rfef, entendiendo que una base fuerte hará más robusta a la élite.

El presidente de la Federación, Luis Rubiales, aún dispone de unos meses para aprobar un cambio que seguramente no llene portadas, pero que en el medio y largo plazo puede ser la palanca transformadora de cientos de equipos. Está muy bien buscar el aumento rápido de ingresos con la renovación de la Copa del Rey y la Supercopa, pero el deporte haría bien en saber combinar las luces largas con las cortas en este camino.