Amaños, impagos y corrupción... ¿hacia dónde va La Liga?

Un tiempo atrás era habitual que en el mundo del fútbol español se hablara con total tranquilidad, y también impunidad, sobre el tráfico de maletines entre vestuarios durante la recta final de la temporada. La opinión pública no los había visto entrar al estadio, pero en todos los círculos se hablaba de ellos sin que nadie actuara judicialmente. Hasta ahora. La transparencia y la profesionalización que ha provocado la crisis económica y de valores en España ha obligado a poner remedio: por primera vez en la historia, dos expresidentes detenidos por presuntos amaños y 42 futbolistas imputados.

Por fin parece que Liga de Fútbol Profesional (LFP), Fiscalía Anticorrupción y los propios clubes han decidido actuar de forma decidida contra una lacra que, no nos olvidemos, afecta de manera determinante al torneo fuera de España. A las puertas de una venta centralizada de derechos de televisión y de la creciente internacionalización de la Liga BBVA, era necesario que no existieran más dudas sobre el fair play de todos los equipos. ¿Qué compañía estaría dispuesta a asociar su marca a la de un corrupto? ¿Qué operador de televisión querrá comprar los derechos de un torneo bajo sospecha de estar adulterado?

Si realmente los clubes de Primera División quieren elevar de 850 millones a 1.000 millones de euros sus ingresos por televisión y seguir captando patrocinadores extranjeros ante los problemas de las empresas españolas, no queda otro camino que el de mantener la firmeza con la que hace unos meses se ha iniciado la lucha contra la corrupción. En este sentido, será crucial que la LFP y el Gobierno sepan aguantar la presión social que podría suceder a hipotéticos descensos administrativos por amaño de partidos. En este sentido, cabe recordar que las mayores manifestaciones que se han vivido en Vigo y Sevilla se produjeron en 1995, cuando se impuso el descenso a Segunda División B del Celta y del club hispalense por irregularidades con los avales.

Uno de los ejemplos que podría tomar España en la lucha contra el fraude en el fútbol es el de Italia que, en pocos meses, resolvió el caso conocido como Calciopoli. Tras probarse el amaño de partidos cruciales de la temporada 2005-2006, con clubes, dirigentes de la federación italiana y árbitros implicados, al final de esa campaña se decretó el descenso de la Juventus a Segunda y la retirada de puntos al club de Turín, pero también al Milán, Fiorentina, Siena, Reggina y Lazio.

Veremos si la denuncia del exgerente de AC Osasuna anima a otros dirigentes a sacar a la luz irregularidades de años atrás, y conciencia a los futbolistas de que la comisión de delitos penales no sale gratis. A favor de la cruzada de la LFP y el Gobierno juega la mayor concienciación social en cuanto al cumplimiento de las leyes por parte de todos. El fútbol es uno de los sectores que más se ha beneficiado de la laxitud de las Administraciones en los últimos años, pero a base de actuaciones como las que hoy se dirimen en los juzgados volverá a ganarse la confianza de todos. Les va la dignidad, pero también su economía.