La remunicipalización de centros deportivos en Madrid deja en la intemperie a los trabajadores

La remunicipalización es una de las iniciativas deportivas del Ayuntamiento de Madrid que más está dando que hablar en los últimos meses. La medida, que consiste en recuperar la gestión directa de instalaciones municipales anteriormente gestionadas por empresas privadas, arroja una serie de luces y sombras que favorecen y critican su aplicación. El principal motivo es la inestabilidad laboral de los trabajadores de las empresas salientes, que según afirman fuentes sindicales de UGT, “quedan en tierra de nadie”.

Con la entrada en el consistorio de Ahora Madrid, el Ejecutivo de Manuela Carmena planteó la opción de recuperar la gestión de instalaciones deportivas, aprovechando que entre 2017 y 2018 seis cadenas de gimnasios que operan en régimen de concesión finalizan contrato. Con este movimiento, asumiría la gestión directa de estas instalaciones y todos los costes, incluidos los de personal.

Sin embargo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en 2012, limita la remunicipalización por la tasa de reposición, que impide la contratación del personal necesario para llevar a cabo la gestión de instalaciones deportivas, entre otros servicios. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Madrid se ha visto obligado a prorrogar la concesión del Centro Pepu Hernández a BeOne, la empresa que lleva diez años explotando la instalación. De este modo, se garantizaba la continuidad del servicio en un momento en que la ley limitaba su remunicipalización.

Los sindicatos denuncian que el Ayuntamiento rescate algunos centros deportivos con personal laboral propio, en lugar de dar respuesta a la plantilla que trabajaba en la instalación

Pero no todas las empresas gestoras de Madrid están en la misma situación de BeOne. Algunas, como el Club Deportivo Palestra Atenea, han echado el cierre. “Sus trabajadores están en un permiso retribuido que nadie les va a pagar porque la empresa no tiene dinero, llevan sin cobrar desde septiembre, mientras que el Ayuntamiento ha asumido la gestión de las instalaciones con personal laboral propio”, explica Jesús Muros, portavoz de UGT en Madrid.

El responsable afirma que el consistorio está cubriendo el servicio de tres instalaciones con el excedente de personal laboral, una alternativa “inviable si en un futuro se aplica en centros más grandes. Nos ha llegado que el número de clases dirigidas se ha reducido porque falta personal”, indica.

Desde UGT argumentan que las empresas que abandonan la concesión “eluden responsabilidades y presentas EREs”, mientras que la Administración “decide no subrogar a sus trabajadores porque “entiende que la subrogación del convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas no es aplicable en caso de que el Ayuntamiento asuma el servicio. Eso deja a los trabajadores en tierra de nadie”, indica Muros.

En los próximos meses, cinco instalaciones municipales gestionadas por empresas privadas finalizan el contrato de concesión en Madrid

Desde el sindicato admiten que este fenómeno se está extrapolando a otras regiones. En el municipio de Utrera (Sevilla), el Ayuntamiento se hizo con la gestión directa de cinco complejos, para los que abrió un proceso selectivo de personal. “Entramos a trabajar a través del ayuntamiento, que más tarde adjudicó la gestión a Ferroser, empresa del Grupo Ferrovial durante unos meses, hasta que Clese se hizo con la adjudicación por un periodo de cuatro años”, aclaran los trabajadores afectados.

La compañía subrogó sus contratos, pero cuando finalizó la concesión “la empresa nos dio un documento en el que figuraba que el Ayuntamiento debía subrogarnos, pero no lo hizo porque optó por contratar a personal a través de los planes de empleo. Ahora ni siquiera podemos cobrar un desempleo porque no fuimos despedidos”, denuncian.

Más tarde el consistorio volvió a adjudicar la gestión de las instalaciones a Ferroser, que ha evitado subrogar al personal porque “argumentan que estamos en proceso judicial y que deben esperar a la resolución del juez”, explican los trabajadores afectados.

Madrid ha invertido 134,13 millones de euros en instalaciones deportivas en 2017, de los cuales el 74% va a parar a los costes de personal

Es un caso diferente al de Madrid, pero que comparten un hilo conductor: la incertidumbre de los empleados. “El Ayuntamiento de Madrid está cubriendo, con personal laboral, la actividad que deberían estar ofreciendo los trabajadores de la empresa que dejó de gestionar el centro. A través de la remunicipalización, muchos empleados se quedan en tierra de nadie incluso sin ser indemnizados”, subraya.

A día de hoy, Madrid dispone de 74 centros deportivos, trece de los cuales están explotados por concesionarias, lo que significa que el 82,5% de las instalaciones municipales de la capital están gestionadas directamente por el consistorio. De ahí que el presupuesto público de 2017 para centros deportivos sea de 134,13 millones de euros, una cifra muy alejada de los 5,4 millones presupuestados en Barcelona, la segunda ciudad más poblada del país, que sí apuesta por la colaboración público-privada.

El gasto de personal representa el 74,6% del presupuesto, hasta 90,67 millones de euros, que va a parar a una plantilla de en torno a 2.500 empleados fijos, entre el personal administrativo, los operarios y los técnicos, que representan 500 entrenadores, según detallan fuentes de la Dirección General de Deportes de Madrid.

En los próximos meses, el Ejecutivo de Manuela Carmena debe decidir el futuro de la gestión de cinco complejos de la capital, entre los que destacan la piscina municipal de la Almudena, gestionada por Adip; el centro Antonio Díaz Miguel, dirigido por Básico Sport Center; Fabián Roncero, explotado por Enjoy Wellness; Francisco Fernández Ochoa, concedido a Duet Sport, y Fuente del Berro, adjudicado a una empresa local. Algunos operadores han admitido a Palco23 que, si el consistorio sigue reduciendo o congelando las tarifas municipales, podrían no renovar la concesión.