El negocio público-privado de gimnasios crece un 4,8% en 2016, hasta los 440 millones

El negocio del fitness en España sigue prosperando. Los centros públicos de gestión privada facturaron 440 millones de euros en 2016, lo que supuso un crecimiento interanual del 4,8%. Este aumento es debido al número de centros que operan en régimen de concesión administrativa y al incremento de la demanda, según recoge el Observatorio Sectorial DBK de Informa D&B.

 

La consultora estima en su informe que alrededor de dos terceras partes de las instalaciones deportivas existentes en España son de titularidad pública, y 1.200 de ellas están gestionadas por empresas privadas. También apunta a una creciente concentración del negocio, ya que los diez primeros operadores reúnen ya alrededor del 45% del mercado, participación que ha mostrado en los últimos años una tendencia al alza.

 

El modelo de gestión concesional, que caracteriza al mercado español, tiene especial relevancia en Cataluña, que según el estudio es la a comunidad autónoma con un mayor número de complejos deportivos cedidos en concesión a empresas especializadas, seguida de la Comunidad de Madrid, Andalucía y Galicia.

 

El estudio también define el perfil de las empresas que gestionan instalaciones deportivas públicas y apunta a que en su mayoría son de pequeño tamaño y que operan en un ámbito local o regional. Sin embargo, "el proceso de privatización de la gestión ha atraído a operadores de mayor tamaño de diferentes ámbitos", entre ellos grupos constructores como Ferrovial, empresas de servicios urbanos o grupos especializados en la gestión de gimnasios y otros centros deportivos, como Ingesport, propiedad de la marca GO-Fit, o Aossa.

 

Las previsiones para el bienio 2017-2018 prevén un aumento de la cifra de negocio sectorial del 3,4%, lo que supondría una moderada ralentización que ya se experimentó el pasado año, que tras crecer un 5% en 2015 se registró una subida del 4,8%. Con todo, DBK apunta a que el sector seguirá creciendo por la favorable coyuntura económica y los procesos de privatización de la gestión previstos en algunos ayuntamientos.