Fitness

Carmena choca con la remunicipalización: Madrid aplaza la recuperación de los centros deportivos

La normativa que prohíbe contratar a más personal impide al Ayuntamiento de Madrid recuperar la gestión de sus centros municipales. Algunos operadores, por su parte, no están interesados en prorrogar sus contratos por la caída de la rentabilidad.

Patricia López

16 oct 2017 - 04:58

Carmena choca con la remunicipalización: Madrid aplaza la recuperación de los centros deportivos

 

Remunicipalizar o prolongar el contrato de concesión de los centros deportivos. Ese es el debate interno de Manuela Carmena y el equipo de Ahora Madrid, que se comprometió a recuperar la gestión de las instalaciones municipales explotadas por empresas privadas. A favor de esta política, el control del complejo; en contra, un marco normativo que impide al Ayuntamiento remunicipalizar los centros. ¿El motivo? La tasa de reposición que limita la contratación de personal, informan desde la Dirección General de Deportes (DGD) de la capital.

 

Este marco normativo responde a la Ley Presupuestos Generales del Estado, que determina la oferta de empleo público y la tasa de reposición. Este uno de los motivos por el que el consistorio prolongará el contrato del centro deportivo Pepu Hernández a Serviocio, la empresa que se adjudicó la gestión en 2007 por un periodo de diez años. Expirado este plazo el próximo 17 de diciembre, el Ayuntamiento formalizará la renovación por tres años más, desestimando así su remunicipalización. Con este polideportivo se escapa la primera oportunidad de Carmena de recuperar un centro público.

 

Lo mismo podría ocurrir con otros cinco complejos de la capital, entre los que destacan la piscina municipal de la Almudena, gestionada por Adip; el centro Antonio Díaz Miguel, dirigido por Básico Sport Center; Fabián Roncero, explotado por Enjoy Wellness; Francisco Fernández Ochoa, concedido a Duet Sport, y Fuente del Berro, adjudicado a una empresa local.

 

 

Todo ello, meses después de que el Ejecutivo acordara con los sindicatos la homologación del personal laboral con el de funcionario, poniendo punto y final a más de una década de reclamos por parte de los profesionales del sector. Este convenio afecta a aproximadamente 2.500 trabajadores de las instalaciones que gestiona directamente por el Ayuntamiento, que pasarán a tener plaza fija.

 

Fuentes del sector indican a Palco23 que algunas de las compañías que operan en la capital en régimen de concesión no están por la labor de renovar el contrato. “Hace años que el Ayuntamiento baja algunas tarifas municipales y eso nos ha afectado”, reclama un directivo de una cadena de gimnasios que opera en la capital, cuya identidad prefiere mantener en el anonimato. Roberto Ramos, director general de Serviocio, afirma que pese a la caída de la rentabilidad de la instalación Pepu Hernández por la reducción del precio del abono, la compañía estaba decidida a mantener la gestión si el consistorio se lo proponía.

 

A día de hoy, Madrid dispone de 74 centros deportivos, trece de los cuales están explotados por concesionarias, lo que significa que el 82,5% de las instalaciones municipales de la capital están gestionadas directamente por el Ayuntamiento. De ahí que haya un presupuesto público de 134,13 millones de euros para instalaciones deportivas, una cifra muy alejada de los 5,4 millones presupuestados en Barcelona. A diferencia de Madrid, la totalidad de los centros municipales de la ciudad catalana están gestionados por empresas o fundaciones privadas.

 

 

Viraje hacia la concesión de obra pública

 

El Ayuntamiento tradicionalmente ha apostado la gestión directa de sus centros deportivos. Muchos de ellos construidos durante los primeros años de democracia y gestionados por el Instituto Municipal de Deportes (IMD), hasta que en 2004 el Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón decidió suprimir este órgano, crear la DGD y, a partir de 2005, que los polideportivos pasaran a depender de las juntas municipales de los distritos.

 

No fue hasta 2008 cuando el consistorio empezó a licitar la gestión de las instalaciones deportivas con vistas a reducir el déficit. El plazo de adjudicación era por diez años, con dos prórrogas de cinco años o cinco prórrogas de tres años, como figura en el contrato de concesión de gestión de servicio público adjudicada a Serviocio en el Pepu Hernández.

 

Sin embargo, a partir de 2011, el gobierno de Ana Botella optó por ampliar los plazos a cambio de que el adjudicatario invirtiera en la reforma e incluso la construcción del centro deportivo. En este contexto, Forus y GO Fit experimentaron su mayor crecimiento en la capital; la primera se adjudicó dos instalaciones por un plazo de quince y veinticinco años, mientras que la segunda ganó la primera licitación por obra y explotación de Madrid.

 

Fue la instalación de Vallehermoso, buque insignia de la compañía en la que invirtió 16 millones de euros y cuyo periodo de explotación es de cuarenta años. Bajo este mismo modelo de obra y gestión, GO Fit está a punto de inaugurar una instalación en Peñagrande y Viding, uno de los últimos players en entrar en el sector, se adjudicó el centro de Alcántara, en el que invirtió 13 millones de euros.