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Navacerrada abre tras el aval de la justicia

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha denegado la petición de la Abogacía del Estado de paralizar la actividad en las instalaciones del puerto de montaña.                                                           

Navacerrada abre tras el aval de la justicia
Las instalaciones de Navacerrada cuentan, además de con tres pistas de esquí, con tres telesillas y un sistema de innivación artificial

Palco23

03 dic 2021 - 11:21

La justicia española evita el cierre la estación de esquí de Navacerrada. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Tsjcyl) ha denegado la petición de la Abogacía del Estado en representación de parques nacionales, cuyo propósito era paralizar las actividades de esquí alpino en las instalaciones del puerto de Navacerrada.

 

En marzo, el Organismo Autónomo Parques Nacionales (Oapn) informó que no renovaría la concesión otorgada en 1996 para la explotación deportiva de las 7,7 hectáreas que forman parte del Monte Pinar de Valsaín, propiedad del órgano dependiente de Miteco y actualmente ocupada por las pistas de esquí segovianas Escaparate, Telégrafo y El Bosque.

 

El tribunal ha rechazado aplicar las medidas cautelares requeridas al considerar que no existe urgencia para el cese por completo de las operaciones y, como consecuencia, permitirá escuchar a ambas partes afectadas.

 

 

 

 

Los gerentes de la estación y el Gobierno autonómico de Castilla y León tendrán un periodo de dos días para poder presentar sus alegaciones y así acordar las medidas adecuadas sobre la actividad en las pistas de esquí.

 

Las instalaciones de Navacerrada cuentan, además de con tres pistas de esquí, con tres telesillas y un sistema de innivación artificial, compuesto por un edificio que alberga los compresores, conducciones de agua y aire y los cañones de impulsión.

 

La gestión de Navacerrada está controlada por la empresa pública Deporte y Montaña. La empresa fue creada en 1954 bajo el nombre de Transportes Aéreos del Guadarrama. El 75% del capital social fue adquirido por la Diputación Provincial de Madrid tras una grave situación económica. En 1983, cuando desapareció la Diputación Provincial, la empresa pasó a formar parte del sector público de la Comunidad de Madrid. Diez años más tarde, la empresa pasó a tener la denominación actual.