ProLiga pide al CSD un nuevo estatus fiscal para los futbolistas de Segunda B y más ayudas en Tercera

ProLiga quiere un nuevo plan para asegurar el futuro de Tercera División. La Comisión de Clubes de Tercera y Segunda División B ha planteado al Consejo Superior de Deportes (CSD) una serie de medidas encaminadas a aliviar las finanzas de los equipos de la última categoría semiprofesional, una semana después de que trascendieran los retrasos en los pagos de las ayudas a la Seguridad Social que financia LaLiga.

La entidad que preside David Jiménez desde el mes de agosto ha pedido que los jugadores que militan en las dos categorías inferiores a las que son 100% profesionales dispongan de un nuevo estatus. “Muchos de ellos están reconocidos como jugadores profesionales cuando no es su actividad principal y tienen otros trabajos para el buen desarrollo de su vida”, señala ProLiga, que propone crear la figura del futbolista semiaficionado y que dispongan de un régimen especial en la Seguridad Social.

En la reunión con la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, también se planteó modificar el Real Decreto-Ley 5/2015, que regula la centralización de la venta de los derechos audiovisuales de LaLiga. Su intención, según explican en un comunicado, es que se incluya a los equipos de Tercera División como beneficiarios de las ayudas para pagar las cuotas de la Seguridad Social, ya que hoy esta opción se limita a Segunda B y el fútbol femenino.

ProLiga pide crear un régimen de la Seguridad Social específico para los futbolistas semiprofesionales

“No hay que olvidar que en torno a los clubes de fútbol se generan la actividad de futbolistas, entrenadores y preparadores físicos, por lo que reconociendo ayudas a asociaciones que engloban a los anteriores, parece lógico el reconocer a las asociaciones de clubes de fútbol como beneficiarias”, defiende la asociación de equipos de Segunda B y Tercera en un comunicado.

No sería un logro menor, ya que la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) señaló hace una semana que había 20 millones de euros pendientes de pago procedente de los compromisos adquiridos por LaLiga. El Gobierno se ha comprometido a realizar los primeros pagos antes de que finalice el mes de noviembre, lo que supondrá un importante alivio para las arcas de los equipos de Segunda B.