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Parcialidad en fitness, semiprofesionalismo en competiciones: los grandes retos del empleo deportivo

La crisis provocada por el Covid-19 podría modificar la estructura laboral de las compañías deportivas, cuyo tejido empresarial se basa en pymes, y cuyas entidades y clubes sin ánimo de lucro se apoya en el voluntariado de monitores y entrenadores.

P. López

30 abr 2020 - 04:59

Las federaciones piden que los entrenadores voluntarios no coticen en la Seguridad Social

 

 

La industria deportiva en España es un sector en fase de desarrollo que mueve más de 14.650 millones de euros y crece a un ritmo superior al de la economía del país. El sector representa en torno al 1,2% del producto interior bruto (PIB) y, en términos de empleo, se ha convertido en un generador de puestos de trabajo. Hoy es cierto es que sólo representa en torno al 1,1% del número de afiliados a la Seguridad Social, pero año a año gana en fuerza de trabajo. Un total de 213.100 profesionales lo certifican, según datos de ocupación del sector deportivo, recreativo y de entretenimiento a marzo de 2020. Pero el buen desarrollo no le exime de afrontar retos en lo laboral, especialmente tras la crisis provocada por el Covid-19.

 

Fuentes sindicales advierten de que la pandemia podría elevar la cifra de empleados afectados por Ertes a 100.000 profesionales. Los sindicatos estiman que unas 20.000 empresas se verán afectadas por el parón económico, desde retailers deportivos como Decathlon hasta cadenas de gimnasios, pasando por clubes deportivos de fútbol, golf, baloncesto y náutica, entre otros. Y el interrogante es cuántas de esas posiciones podrán recuperarse o se acabarán amortizando.

 

El impacto es mayor si se tienen en cuenta los empleos indirectos. “Los centros deportivos en España suponen, entre empleos directos e indirectos, más de 214.000 puestos de trabajo”, explica Alberto García, gerente de la patronal de instalaciones deportivas Fneid. LaLiga, por su parte, genera empleo directo a 47.674 personas e indirecto a 49.145 trabajadores, según un informe de PwC.

 

 

 

 

En total, en España hay 31.005 empresas deportivas, casi 2.500 entidades más que hace un año y más del doble que hace una década, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De estas, sólo el 0,8% de las empresas se dedica a la fabricación de artículos deportivos, mientras que el 99% de las compañías se dedican a las actividades deportivas, como los clubes de fútbol y baloncesto o las cadenas de gimnasios, que durante los últimos años han sido uno de los motores de esta industria en España.

 

Pero, ¿cómo se distribuye el personal deportivo? El FC Barcelona es la única organización deportiva del país con más de 1.000 trabajadores. En concreto cuenta con 1.484 empleados, de los que el 44,6% pertenecen a la plantilla deportiva. El grueso de la industria deportiva en el ámbito laboral se concentra en empresas de no más de diez empleados, que representan un 48% del total, por el 43% que no cuentan con ningún asalariado.

 

En el contexto del Covid-19, el primer reto que afronta el sector es la vuelta a la actividad para que sus equipos vuelvan a trabajar y no se quede nadie por el camino. Pero, además, esta industria tiene otros frentes abiertos, como la estacionalidad que hace que en verano caiga la actividad y, por ende, las oportunidades laborales o la posibilidad de contar con contrato indefinido. También afecta la parcialidad, puesto que los instructores de gimnasio no pueden impartir clases durante ocho horas consecutivas.

 

 

 

 

De hecho, en 2017 el 45,3% del personal contratado en la industria deportiva tenía contrato a tiempo parcial. “Tenemos que darles la opción de trabajar a tiempo completo compaginando las clases dirigidas con funciones menos exigentes físicamente para evitar lesiones”, explica el director general de una importante cadena de gimnasios.

 

Otra opción es emplear parte de sus horas al asesoramiento y el entrenamiento personal, que permite mejorar la remuneración de los técnicos al ser un servicio no incluido en la cuota. “Queremos que los técnicos entiendan que tienen que venderse y, sin fomentar la competencia interna, darles la posibilidad de que estén más remunerados porque este servicio es una fuente de ingresos para ellos”, apunta Nico Sánchez, director de producto y calidad deportiva de Claror.

 

Otro de los desafíos es la regularización de los profesionales y de los atletas amateurs. El Consejo General de Colegios Profesionales de la Educación Física y del Deporte de España (Consejo Colef) lleva años reclamando al Gobierno una regulación estatal que concierte los requisitos mínimos que se exigen para trabajar en centros deportivos. Con ello, se busca establecer un marco de competencias según la formación de cada profesional para garantizar la seguridad de los practicantes y atajar el intrusismo. De hecho, la falta de regulación estatal es la que ha provocado que las comunidades autónomas presenten su propia legislación.

 

 

 

 

El colectivo de deportistas no profesionales, es decir, aquellos que no compiten en LaLiga y la ACB, también reivindica su reconocimiento. Si bien el borrador del anteproyecto de Ley del Deporte, que está en stand by, dio pasos en esta dirección, aún no se han facilitado mecanismos para facilitar la carrera dual de los atletas. También está por ver si los deportistas que dedican buena parte de su vida a entrenar y competir en torneos internacionales podrán cotizar en la Seguridad Social, de modo que cuenten con días trabajados en su informe de vida laboral.

 

Otra asignatura pendiente es la creación de sistemas que aligeren la carga fiscal de los deportistas, especialmente de aquellos que compiten individualmente, como Carolina Marín, Mireia Belmonte o Rafa Nadal, y cuyos ingresos dependen de los premios económicos. La idea es que se reduzca la carga fiscal que soportan los atletas, cuya carrera es más corta porque dependen de su físico para competir.

 

En el ámbito del deporte regulado, que se gestiona a través de los clubes deportivos sin ánimo de lucro, las federaciones piden que no sea necesario dar de alta en la Seguridad Social a los monitores y voluntarios que entrenan en el deporte base. “En Cataluña hay 413.000 técnicos que colaboran con los clubes de manera de manera voluntaria, y excluirles del ámbito de la Seguridad Social supondría un ahorro anual de 213 millones de euros anuales al deporte catalán”, defiende Gerard Esteve, presidente de la Unión de Federaciones de Cataluña (Ufec).

 

Un año marcado por la negociación de los convenios colectivos del fútbol femenino y fitness

Si en 2019 fue el fútbol femenino el que negocio su primer convenio colectivo, en 2020 había llegado el turno, de nuevo, a la industria del fitness. En el terreno de juego del fútbol, se acordaron incrementos salariales y reducir la parcialidad de los contratos. En concreto, las futbolistas que tenían un salario anual entre 12.000 euros y 15.999,99 euros con contrato a tiempo parcial inferior a un 75% de la jornada ordinaria, pasarán a percibir un salario de 16.000 euros brutos anuales con parcialidad del 75%, es decir, de 35 horas semanales en cómputo semestral.

 

En cuanto a las jugadoras que antes de que se firmara el convenio cobraban más de 16.000 euros con un contrato a tiempo parcial inferior al 75% de la jornada ordinaria, pasarán a una jornada de, como mínimo, el 75% y a incrementar su salario en 2.000 euros brutos al año. El texto también contempla vacaciones anuales retribuidas de 30 días naturales; la cobertura en caso de baja o incapacidad temporal del cien por cien de las retribuciones de la futbolista o una indemnización por muerte o lesión invalidante de 60.000 y 90.000 euros, respectivamente.

 

En cuanto al V convenio colectivo de las instalaciones deportivas, los sindicatos denunciaron a finales de 2019 el marco laboral anterior. La crisis del Covid-19 ha obligado a dejar las negociaciones en pausa, pero cuando se retomen las conversaciones la patronal y los sindicatos deberán acercar posturas. Una de las principales reivindicaciones de los trabajadores será la subida salarial, ya que tras el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) habían quedado diluidas la diferencia de sueldo entre algunas categorías profesionales.