Las federaciones, ante los retos de la gobernanza en el siglo XXI

Ángel María Villar y la Federación Española de Fútbol (Rfef) han sido imputados por prevaricación, malversación de fondos públicos y apropiación indebida. José Luis Sáez, dimitió como presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) a raíz de la investigación judicial a la que está siendo sometido ante la posibilidad de que cargara a la FEB gastos privados. Estas presuntas anomalías no hubieran salido a la luz de no ser por la actuación del Consejo Superior de Deportes (CSD), que en los últimos dos años ha iniciado una cruzada contra las malas prácticas de las federaciones.

“La reforma de estos organismos pasa fundamentalmente por profundizar en la transparencia y la buena gobernanza, que es lo que da credibilidad”, explicó a Palco23 José Ramón Lete, secretario de Estado para el Deporte. En los últimos años el ente gubernamental ha dado pasos adelante para mejorar la credibilidad de estos órganos, cuya financiación depende, en buena parte, de las subvenciones públicas. Pero, ¿qué medidas de buen gobierno están llevando a cabo las federaciones?

Las principales decisiones en favor del buen gobierno han venido impuestas por el Ejecutivo a través de la aprobación en 2013 de la ley de acceso a la información pública y buen gobierno, una medida que ha provocado que las federaciones no sólo deban encarar el desafío deportivo, sino también el reto de la transparencia. Según el CSD, “el código de buen gobierno puede ayudar a alcanzar una mayor integración de la organización federativa en la sociedad, y aumentar la transparencia sobre su actuación y, en particular, sobre la gestión del dinero público que reciben”.

Desde el salario de los altos cargos hasta las cuentas anuales, pasando por las subvenciones públicas recibidas y el perfil de los integrantes de los órganos de dirección. Desde 2013 todos los organismos deben hacer públicos la estructura de la entidad, los órganos de gobierno, los reglamentos y la información económica y presupuestaria auditada, algo que desde las entidades ven con buenos ojos. “Quiero que se controle todo lo que sucede en la federación, debemos garantizar la transparencia”, explica el presidente de la Federación Española de Balonmano (Rfebm), Francisco Blázquez.

La ley de transparencia obliga a las federaciones a publicar sus cuentas anuales auditadas, así como el salario de los altos cargos

Respecto a la regulación del uso de los fondos, buena parte de las federaciones consultadas destinan su financiación propia o procedente de terceros a ayudas a deportistas y la organización de competiciones. Es el caso de la Federación Española de Natación y la Federación Española de Tenis, que en 2017 prevé invertir 1,4 millones de euros de un presupuesto de gasto de 4,5 millones a la formación del tenis juvenil y la celebración de competiciones de tenis formativo. Otras, como la federación de Atletismo, destinan parte de los recursos ayudas económicas para los atletas, con 1,2 millones de euros, las actividades deportivas estatales, con un millón de euros, y al gasto de personal en entrenadores y servicios médicos, con 829.369 euros.

Otro de los aspectos vinculados con las normas de buen gobierno es la posibilidad de limitación de mandatos, una medida que para algunos directivos es necesaria y para otros un obstáculo a la buena gestión. Según Lete, “no estoy muy seguro de que la tengamos que introducir a través de la legislación pública o si tiene que estar dentro de la capacidad autoorganizativa”.

Fernando Carpena, presidente de la Federación Española de Natación, no está a favor de la limitación. “Si te vas, hay aspectos del trabajo que quedan inacabados, y ese no es un buen mensaje para enviar a la gente”, explica, meses después de ser reelegido para liderar su tercer mandato al frente del organismo. “Hay gente que con un mandato más vale que se vaya a casa y hay gente que con cinco mandatos no. También tengo la máxima de que cuando crees que el sillón es tuyo, debes dejarlo”, comenta.

Por su parte, Blázquez es de los que piensan que “todos tenemos nuestro periodo de caducidad y que lo ideal para retirarse son diez años”, pero considera que “poner trabas cuando se está haciendo una buena gestión no es lo ideal”. “Depende de si hay otros aspirantes al puesto y de la energía que el presidente tenga para continuar”, explica.

A día de hoy, son varias las federaciones dirigidas por presidentes que llevan más de quince años en el cargo, y ha vuelto a ponerse sobre la mesa la posibilidad de recuperar el espíritu del real decreto 643/1984, que limitaba la reelección a partir del tercer periodo.

En los últimos meses el mundo federativo ha asistido a un cambio de tendencia a favor de la renovación presidencial. Por ejemplo, Carlos Gracia abandonó la presidencia de la Federación Española de Automovilismo tras 32 años en el cargo. Fernando Climent dejó la Federación Española de Remo tras 23 años al frente. José Luis Saéz dimitió a raíz de los escándalos de irregularidades tras presidir la FEB durante 12 años. José María Odriozola estuvo al frente de la Federación Española de Atletismo durante 27 años y en noviembre le sucedió Raúl Chapado. Entre todos ellos, una excepción: Ángel María Villar. Acaba de ser reelegido y ya afronta su octavo mandato al frente del máximo organismo del fútbol español, un cargo que ocupa desde hace 29 años.

Con el objetivo de debatir sobre cómo debe ser el modelo federativo en el siglo XXI, el CSD, junto al Comité Olímpico Español (COE), organizará durante la primera semana de junio las jornadas sobre Un nuevo marco jurídico para el deporte. Será allí donde las federaciones, el Gobierno y otros actores protagonistas del mundo del deporte español debatirán sobre el papel del Estado en el deporte y sobre la necesidad de crear una Ley que regule esta actividad.