Entorno

La patronal eleva a 159 millones de euros los recursos a licitaciones deportivas en 2022

Aeesdap ha detectado errores en los 110 expedientes recibidos, pero 86 de 108 se han resuelto con éxito. En total hubo 49 desistimientos por parte de los ayuntamientos, así como 22 modificaciones de información que faltaba.

La patronal eleva a 159 millones de euros los recursos a licitaciones deportivas en 2022
La patronal eleva a 159 millones de euros los recursos a licitaciones deportivas en 2022
Todas las concesiones tenían errores de procedimiento o publicidad.

Miquel López-Egea

19 ene 2023 - 05:00

El sector del deporte analiza las licitaciones deportivas. En 2022, la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (Aeesdap) ha revisado 110 expedientes de licitaciones públicas por valor de 158,6 millones de euros, un 9,8% más que en 2021.

 

El 93,6% han sido contratos de servicios, mientras que un 6,5% han sido contratos de concesión. También se ha revisado una concesión demanial, según ha detallado Yago Monteoliva, gerente de la patronal, a Palco23.

 

La patronal ha detectado errores en los 110 expedientes recibidos, pero 86 expedientes de 108 expedientes se han resuelto con éxito. En total hubo 49 desistimientos por parte de los ayuntamientos, así como 22 modificaciones o publicación de información que faltaba.

 

 

 

 

Por otro lado, dos expedientes están en marcha, diez estaban fuera de plazo y en once fue imposible actual por errores o defectos no recurribles ante un tribunal.“Es cierto que este año hemos vuelto a tener un número muy similar de reclamaciones ante los tribunales -16 recursos en 2022, uno más que en 2021- pero sigue siendo la última de la opciones en cuanto a vías de actuación y en algunos casos los Tribunales ni siquiera han tenido que pronunciarse puesto que las propias entidades han desistido de motu propio; nos sentimos orgullosos y es muy satisfactorio poder mantener una relación colaborativa con las administraciones pese a lo delicado del asunto”, comenta. 

 

El 80% de los errores han sido en criterios de ponderación como estar por encima del 49% tal como establece la ley, la falta de justificación de los criterios elegidos y la mala definición de criterios como mal uso de certificados de calidad o la configuración de criterios objetivos o subjetivos. Por otro lado, el 33% tenían presupuestos mal calculados o desglosados y un 35% tenía información insuficiente relativa a subrogación o no estaba actualizadas. Referente a las concesiones, todas tenían errores de procedimiento o publicidad.

 

 

 

 

Algunas de las licitaciones mas importantes revisadas a lo largo de 2022, teniendo en cuenta el volumen licitado, fueran el concurso de las actividades deportivas de los centros deportivos de Sevilla por 19,5 millones, o el concurso de los servicios deportivos de siete instalaciones de la Junta de Andalucía por 10,6 millones o los servicios deportivos o la a gestión del centro Francisco Fernández Ochoa por 8,7 millones de euros.

 

“Es un momento más difícil para el sector en lo relativo al cálculo de presupuestos a causa del salario mínimo interprofesional (SMI) en constante e incierta evolución, por el convenio estatal y otros en negociación, el IPC y los costes energéticos disparados”, reconoce Monteoliva.

 

Por otro lado, también observa que hay servicios que se licitan con “presupuestos legales, pero totalmente inviables a medio y largo plazo”. Ello provocó en muchos casos que queden desiertos, lo cual obliga a las empresas a quedarse con en base a prórrogas obligatorias de hasta nueve meses a precios de hace dos, tres, cuatro o cinco años, con el consecuente perjuicio.

 

En otros casos, dichas licitaciones se adjudican a ofertas que en pocos meses son totalmente inviables economicamente.“Hemos detectado que hay empresas que están reventando el mercado ofertando sistemáticamente por debajo de costes laborales actuales”, por lo que se hace imprescindible un “seguimiento del contrato exhaustivo y aplicación de penalidades y resolución del contrato en aquellos casos donde se detecte incumplimiento de las condiciones laborales de los trabajdores", o hacer “licitaciones donde realmente prime la calidad”, y por lo tanto, se ponga “fin de la dictadura del precio en la adjudicación de los contratos”.