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La patronal dispara a 144 millones de euros los recursos a licitaciones deportivas en 2021

Aeesdap sólo ha tenido que impugnar quince licitaciones, ya que en el resto se ha podido alcanzar un acuerdo con la administración pertinente. En total, la asociación ha intervenido en 105 licitaciones, un 67,3% más que en 2020.

La patronal dispara a 144 millones de euros los recursos a licitaciones deportivas en 2021
La asociación pondrá en marcha en breve un proceso de información y divulgación en lo relativo a detección de irregularidades con el objetivo de que las empresas tengan un mayor conocimiento en la aplicación de la ley

Miquel López-Egea

19 ene 2022 - 05:00

Licitaciones de servicios deportivos públicos, bajo la lupa del sector. En 2021, la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (Aeesdap) intervino en 105 licitaciones de servicios deportivos tras detectar irregularidades, en unos procesos de adjudicación que sumaron un valor de 144,4 millones de euros. La tasa de éxito fue del 85%.

 

Este importe supone un incremento del 67,3% respecto a 2020, curso en el que la patronal revisó un total de setenta expedientes, con un valor estimado de 86,3 millones de euros. En 2021, la patronal sólo ha tenido que impugnar quince licitaciones, ya que en el resto se ha podido alcanzar un acuerdo con la administración pertinente, según ha detallado Yago Monteoliva, gerente de la patronal, a Palco23. El valor, en contratación pública y como concepto jurídico, se refiere a la suma del presupuesto del contrato, las prórrogas y las modificaciones pertinentes.

 

Las principales irregularidades que se detectaron en 2020 fueron referente a los cálculos de los presupuestos, sobre todo en los costes laborales, mientras que el año pasado se detectaron más incidencias en los criterios de adjudicación. En esta línea, Monteoliva recuerda que el de licitación es un procedimiento que debe ser “limpio, transparente y de carácter técnico”.

 

 

 

 

 “Invertimos mucho tiempo y esfuerzo en contactar con los órganos de contratación y exponerles las incidencias detectadas, así como en dialogar con ellos y tratar de resolver la cuestión; el recurso en los tribunales es siempre la última de las opciones”, señala.

 

“En la gran mayoría de los casos somos capaces de exponer argumentos legales suficientes acompañados de resoluciones de tribunales que consiguen convencer a los órganos de contratación de lo apuntado, subsanando cuando es posible y desistiendo cuando no lo es”, aclara el directivo. “Pese al contratiempo que supone tener que desistir de una licitación y retrotraer el procedimiento, la administración es la primera interesada en que las licitaciones salgan bien y den lugar a contratos satisfactorios”, añade.

 

Cuando la administración pertinente es conocedora del error a subsanar, en ocasiones pueden añadir o modificar la licitación, mientras que en otras deben desistir y retrotraer el procedimiento al momento de aprobación de los pliegos. El problema surge cuando hay que impugnar: en estos casos los plazos se dilatan en el tiempo e incluso puede significar un golpe en el negocio del proveedor de servicios, ya que los tribunales estan tardando entre uno y seis meses en resolver los recursos.

 

 

 

 

Por otro lado, la patronal considera que, para mejorar las licitaciones y los contratos, hay que modificar la normativa vigente y que se refleje la posibilidad de repercutir los incrementos del sueldo mínimo interprofesional (SMI) en los precios de los contratos, así como la responsabilidad de la empresa entrante sobre las deudas de la saliente, el abuso en la obligatoriedad de las prórrogas por parte de la administración con la normativa actual y el reconocimiento de porcentajes obligatorios de gastos generales y beneficios industriales en los contratos.

 

Actualmente, el plazo máximo para una prestación de servicios es de cinco años, incluyendo las prórrogas, mientras que para una concesión de servicios es de 25 años y para una concesión de obra, de cuarenta.Cuando los plazos iniciales de las licitaciones se ven alterados y los contratos finalizan, la ley prevé una prórroga obligatoria de máximo nueve meses, por lo que la empresa saliente está obligada a quedarse. La normativa permite que “algunas administraciones estén abusando de este plazo porque no programan los concursos como deben, van el tiempo justo y, si hay cualquier problema, no llegan a tiempo”. “Esto les beneficia porque en muchos casos sigue prestando el servicio con un precio completamente desfasado a la realidad del mercado”, lamenta.  

 

En este contexto, el directivo sostiene que hay concursos que se están quedando desiertos porque el precio “no se ajusta de verdad al mercado”. “Hay empresas que son reacias y un sentimiento generalizado de que cada vez son más pequeños los márgenes, con la dificultad de sacar un buen rendimiento, por lo que algunas sociedades se quitan de en medio”, sostiene.

 

Por otro lado, la asociación pondrá en marcha en breve un proceso de información y divulgación en lo relativo a detección de irregularidades con el objetivo de que las empresas tengan un mayor conocimiento en la aplicación de la ley y poder detectar con mayor facilidad irregularidades en la configuración de los pliegos.