La Justicia dicta una de las mayores sanciones por piratería de contenidos en España

La lucha contra la piratería en España empieza a dar sus frutos. El Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga ha dictado una sentencia que la gestora del fútbol profesional español ha calificado de “histórica”. El auto establece el pago de 500.000 euros entre multa y sanciones contra la empresa condenada, que había creado una red de 5.000 clientes a los que cobraba 47 euros al mes.

Los integrantes de la red comercializaban decodificadores con los que piratear contenidos de todo tipo en las zonas de Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Guadacorte, Guadiaro, Marbella, Mijas, Málaga y Torremolinos. Ahora, han sido condenados a seis meses de prisión y una multa de 1.800 euros para el administrador y de 40.000 euros para la empresa. Además, ha aceptado “regularizar su situación y convertirse en cliente de los legítimos licenciatarios de los contenidos”, señala LaLiga en un comunicado.

Por otro lado, deberá indemnizar con 200.000 euros a LaLiga y Mediapro, respectivamente, y con otros 20.000 euros a la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda). Las tres acusaciones particulares percibirán también 10.000 euros en concepto de las costas procesales que se les han generado. “Se trata de una de las mayores indemnizaciones en materia de piratería audiovisuales en España y la primera sentencia que obtiene LaLiga que afecta a un operador regional de estas dimensiones”, celebra la patronal presidia por Javier Tebas.

La asociación recuerda que, en paralelo, la Policía Nacional informó recientemente de la desarticulación de una red dedicada a la comercialización ilegal de canales de pago y vídeos bajo demanda que daba servicio a unos 20.000 clientes por toda España, a la que se le calcula un beneficio superior al millón de euros. Su existencia se dio a través de un grupo de Facebook en el que se anunciaba la venta del servicio.

Esta operación se ha saldado con la detención de los doce integrantes de la organización, el cierre de siete páginas web y dos perfiles en redes sociales donde se anunciaban los servicios ilícitos, así como la realización de trece entradas y registro en domicilios distribuidos por toda la geografía española en los que se intervinieron los efectos que empleaba la organización.