La fiscalidad internacional, nuevo foco de atención para el deporte

Un piloto de MotoGP pasa cada temporada a caballo entre aviones, circuitos y, cuando puede, en su domicilio particular. Lo mismo sucede con golfistas, tenistas y todos aquellos deportistas cuyas disciplinas se basan en circuitos internacionales, a quienes la Agencia Tributaria tiene en su punto de mira desde hace tiempo, especialmente cuando alguno de ellos decide trasladar su residencia fuera de España. “La simulación de residencia puede derivar en un delito de fraude”, apuntó ayer José María Cobos, socio de Garrigues Sports & Entertainment, en el séptimo Encuentro LaLiga de Derecho del Deporte 2018-2019.

El abogado repasó los últimos pronunciamientos administrativos sobre fiscalidad internacional de deportistas, y advirtió de la importancia de justificar razonadamente cuando un atleta traslada su domicilio a un país extranjero, pues ya no sólo basta un documento acreditativo del cambio de residencia por parte del Estado al que se haya trasladado.

Cobos recordó que “por mucho que tengas un papel que se expide con cierto automatismo, no es lo relevante” para la Administración, sino que “hay que atender a los hechos”. En este sentido, apuntó que lo mismo sucedería en España, pues la mayoría de países expiden este tipo de comprobantes sin necesidad de realizar una mayor comprobación de si efectivamente reside a efectos fiscales.

Un documento acreditativo de que el domicilio del atleta está en el extranjero no es suficiente para evitar una sanción

Es una opinión compartida por otros abogados, que apuntan a que el análisis de los investigadores cada vez incluye más aspectos de la vida personal, como si la pareja o los entrenadores continúan viviendo en España, si este es el país desde el que suele emprender los viajes rumbo a las competiciones, o si los gastos asociados al domicilio en el extranjero se corresponden a los de una persona que efectivamente reside allí.

Otro interrogante que suele generar debate es la tributación de los ingresos por patrocinio que recibe un atleta por parte de una compañía extranjera, pese a que la activación pueda incluir también España. “Es habitual que, en la medida en que trabajan fiscalmente para empresas no residentes en España, se pretenda aplicar la exención para trabajos en el extranjero”, comentó Cobos.

Han surgido distintas interpretaciones, que el anteproyecto de la Ley del Deporte aprobado por el Gobierno tampoco resuelve, si bien propone rebajar la presión fiscal en este ámbito. En concreto, el documento aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez antes de convocar elecciones rebaja del 15% al 7% “los rendimientos de actividades profesionales que se establezcan reglamentariamente, entre los que se encontrarán los premios obtenidos por deportistas en competiciones deportivas”.

En el encuentro también participó Mario Garcés Sanagustín, interventor y auditor del Estado, quien expuso las claves para distinguir entre lo que puede considerarse patrocinio deportivo y lo que representa una subvención pública. En esencia, se refirió al hecho de que se incluyan contraprestaciones por parte de la propiedad deportiva, sea un club, una competición o una federación, ya sea mediante servicios o presencia publicitaria en sus distintos activos publicitarios.

Alberto Palomar, profesor titular acreditado (ANECA) de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid, abrió la jornada para analizar aspectos clave del anteproyecto de Ley del Deporte, sobre el que resumió: “Hace un buen diagnóstico, pero una pésima ejecución”. Después, Antonio V. Sempere, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos, hizo un análisis de las principales noticias de la actualidad referente a la jurisprudencia más destacada dictada por los órganos jurisdiccionales nacionales e internacionales, como el nuevo respaldo judicial a la decisión que en su día LaLiga tomó sobre el jugador Pedro León o el proceso finalizado entre la Comisión Europea (CE) y la fiscalidad de los clubes españoles.