España diseñará un plan nacional de instalaciones deportivas para pujar por eventos

España quiere posicionarse como un destino internacional de competiciones deportivas y mantenerse, a su vez, como una de las grandes potencias en este ámbito. Y para eso hará falta una mayor coordinación entre administraciones para ejecutar las inversiones en infraestructuras. Por eso, la Ley del Deporte que propone el Gobierno establece que la recién creada Conferencia Sectorial de Deporte se encargue de “realizar los estudios necesarios para una planificación ordenada y utilización eficiente de las instalaciones deportivas”. Según el último censo público, de 2005, en el país había 79.059 centros.

Este grupo de trabajo, en el que participan el Estado y las comunidades autónomas, se encargará de “establecer un marco de utilización y de puesta a disposición común del conjunto de las instalaciones deportivas, incluyendo las de carácter escolar y universitario, que propicie una mayor disponibilidad de las mismas al conjunto de las personas que realizan una actividad deportiva”.

Además, también deberá “desarrollar políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad, la accesibilidad, la sostenibilidad, la mejora de la gestión, así como las condiciones reglamentarias y de diseño de las instalaciones deportivas, especialmente en aquellas en las que se celebren competiciones de carácter oficial de las federaciones deportivas, o que reciban ayudas públicas para su construcción o mantenimiento”.

Ese análisis previo es el que permitirá aclarar con mayor celeridad para qué tipo de eventos está preparado el país y qué infraestructuras serían necesarias para poder optar a unos Juegos Olímpicos o fomentar el desarrollo de una disciplina concreta. En este sentido, la norma recalca que “el desarrollo de competiciones de carácter estatal y la participación del deporte español en la actividad internacional se consideran un elemento estratégico de la política deportiva del Estado”.

El Gobierno planificará instalaciones deportivas que puedan ayudar a conseguir eventos internacionales

Por esta razón, el Gobierno es el que se encargará de establecer “mecanismos de fomento en materia de instalaciones deportivas, tanto para el desarrollo de competiciones de carácter estatal, como para la celebración en España de actividades y acontecimientos internacionales estableciendo, en la medida de lo posible, las formas de colaboración en las mismas del resto de agentes públicos y privados”.

Esta misión se traducirá en “el desarrollo de políticas públicas orientadas a la construcción, conservación y reparación de las instalaciones asociadas tanto a competiciones de carácter estatal como a grandes acontecimientos en los que se celebren competiciones de carácter internacional y de notable relevancia deportiva e interés estatal”. Dicho de otra manera, el Estado podría avenirse a financiar la construcción de un estadio, pabellón o cualquier otro tipo de recinto de alto nivel, pero no un polideportivo municipal.

El desarrollo del deporte a nivel aficionado corresponde, sobre todo, a comunidades autónomas y ayuntamientos. La obra pública de complejos deportivos logró cifras máximas desde 2010 durante el último año, en el que se sacaron a concurso contratos por valor de 658 millones de euros, un 38,7% más respecto a 2017. Pese a este avance, el sector está lejos de los 1.055 millones que movió la construcción y rehabilitación de instalaciones deportivas en 2010.

La futura ley también trata de recuperar una actividad que en España no se ha realizado desde 2005, como es la elaboración de un censo de instalaciones deportivas a nivel estatal. “En coordinación con las comunidades autónomas y, en su caso, las entidades locales, establecerá un sistema de incorporación de los datos de estas, que pondrá a disposición del conjunto de administraciones territoriales para la adecuada planificación de sus respectivas políticas y la utilización eficiente de las instalaciones”.