El sector del fitness prevé un impacto de 60 millones de euros hasta 2022 por el cierre de centros

El deporte catalán cifra el impacto económico por el cierre de los centros deportivos de Barcelona. En total, los gestores de instalaciones prevén perder hasta 60 millones de euros entre la segunda mitad de 2020 y 2022, según han indicado las diferentes asociaciones que conforman el sector en un acto virtual.

En el acto también se ha presentado la demanda que han interpuesto contra la Generalitat por el cierre de los centros en Barcelona a raíz de los rebrotes en el área metropolitana y otras localidades. Para Gerard Esteva, presidente de la Ufec, “es el único mecanismo que permite reparar los daños causados de la forma más ágil en términos jurídicos, ya que podemos pedir las cautelares y hay hasta 48 horas para resolverlo; si falla, se abre un proceso de pronto caso”.

La demanda ha sido presentada por la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (Ufec), Indescat, Gestiona, Adecaf, la Federación Catalana de Natación y la Asociación de Clubes de Natación. El escrito se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y pretende la nulidad total del decreto de la Generalitat.

Las asociaciones deportivas han solicitado la cautelar para resolver el caso en las próximas 48 horas

Las entidades cuentan con el apoyo de la diputación provincial y el Ayuntamiento de Barcelona, cuyas secciones de deportes encabeza David Escudé. “Está al tanto de todo porque hemos trabajado de forma coordinada desde el inicio de la pandemia y nos han trasladado su apoyo total”, ha señalado Esteva.

Pese a llevar el caso a los tribunales, las asociaciones reclaman abrir un diálogo con el Gobierno de Quim Torra para alcanzar una solución. “Reclamamos sensibilidad y un diálogo para gestionar la situación en conjunto; ya preveíamos que pudiera haber un cierre parcial y teníamos planes para afrontarlo, pero no para una situación así”, ha subrayado Agustí Tarragó presidente de Adecaf.

“El modelo deportivo de Cataluña está en serio riesgo”, ha destacado Enric Bertrán, presidente de la FCN. “Esta decisión no sólo afecta a las instalaciones, sino a todo el tejido productivo y al empleo, donde peligran 90.000 puestos de trabajo”, ha reseñado Anna Pruna, presidenta de Indescat.