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El pacto PSOE-Podemos, un ‘gol’ de 80 millones al negocio de LaLiga

La patronal ha remitido a los clubes sus cálculos sobre el impacto que tendrá el acuerdo para subir el Irpf a las rentas altas, que afectará a 750 profesionales y podría traducirse en la fuga de veinte futbolistas de élite. También temen el impacto de la limitación a la publicidad de las apuestas.

17 Oct 2018 — 05:00
Marc Menchén
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El pacto PSOE-Podemos, un ‘hachazo’ de 80 millones al negocio de LaLiga

 

 

El peor gol que podría recibir el fútbol español esta temporada no vendrá de ningún delantero. El acuerdo entre PSOE y Podemos para aprobar los Presupuestos General del Estado (PGE) de 2019 ha puesto sobre alerta a LaLiga, que ayer hizo circular una carta entre los clubes advirtiendo sobre el hachazo fiscal que podría suponer en sus cuentas las medidas tributarias. En la misiva, a la que ha tenido acceso Palco23, se cifra en 80 millones de euros el impacto económico que tendrá la subida del Iprf a las rentas altas y una afectación al 75% de los profesionales de la competición. Además, se advierte de la posible fuga de hasta 20 futbolistas, sin que los sindicatos se hayan pronunciado por el momento.

 

“Puede suponer la pérdida de veinte jugadores de élite en nuestra liga, afectando muy negativamente en la competitividad respecto a otras ligas de nuestro entorno”, advierte la patronal presidida por Javier Tebas. De hecho, es un agravio comparativo respecto al resto de grandes ligas europeas que se sumaría a los incentivos fiscales para la captación de talento extranjero. Es decir, la famosa Ley Beckham que dejó de aplicarse a los atletas de deportes de equipos en 2014.

 

La subida en el Irpf acordada por PSOE y Podemos es de dos puntos en el tipo aplicable a las rentas de más de 130.000 euros y en cuatro puntos a las que excedan los 300.000 euros. Es decir, que en el primer caso subirá al 50% en las comunidades autónomas con el tipo marginal máximo más elevado (Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y La Rioja) y al 52% en el segundo. Y este incremento, según lamentaban ayer varios clubes consultados, no solo afecta a los equipos de LaLiga Santander. Para este año, el gasto autorizado en plantilla es de 2.838,4 millones de euros.

 

 

 

 

El salario mínimo en LaLiga 1|2|3 está fijado en 77.500 euros, mientras que en Primera es de 155.000 euros tras la subida del 20% acordada a finales de 2015. “Ese sueldo mínimo se da en muy pocos casos, normalmente en equipos con un tope salarial bajo”, señala un club de esta índole. “Vamos a ver cómo se resuelve, porque las mayoría de sueldos se negocian en neto y esa subida la tendremos que asumir nosotros, no los futbolistas”, criticaba ayer el director general de otro equipo de Primera. Y un tercero remataba: “Van a hacer un Robin Hood a la inversa, porque se va a tener que destinar más dinero a pagar los principales jugadores de cada plantilla en detrimento del resto”.

 

Es una opinión que corrobora Álvaro Marco, socio de BDO y secretario del consejo de administración de la AD Alcorcón, quien asegura a este diario: “En el caso de la categoría de plata, aunque hay más futbolistas cercanos al mínimo, la mayoría están por encima de los 130.000 euros y, por lo tanto, les afectaría esta reforma”. De hecho, los casos en los que se aplica ese mínimo es en canteranos o en futbolistas que han aceptado cobrar un sueldo más bajo para poder ser inscrito, como sucedió este verano con el Reus Deportiu.

 

“El fútbol es una de las industrias más importantes de este país, pero somos menos competitivos por los temas fiscales”, se quejaba Tebas el pasado mes de mayo en un encuentro con empresarios. El dirigente se refería a la menor presión tributaria que hay en otros países, y en su carta de ayer a los clubes auguraba que el nuevo aumento de la presión fiscal “puede suponer la pérdida de veinte jugador de élite en nuestra liga”.

 

Aunque aún no se sabe cómo, el presidente de la patronal ha avanzado que van a diseñar “una estrategia para mitigar, en la medida de lo posible, el referido impacto negativo”. Antes de nada siempre se les comunicará de forma inmediata a los clubes, que en la temporada 2017-2018 se previó que destinarían 847 millones de euros al pago de impuestos referidos a los trabajadores; la previsión hecha antes del acuerdo PSOE-Podemos era que este importe suba a 907 millones en 2018-2019 y escale a 1.020 millones de euros en 2019-2020.

 

 

 

 

Está por ver cuál será la afectación de los cambios en el Impuesto de Sociedades, para el que se establecerá un tipo mínimo del 15% en aquellas sociedades con una facturación igual o superior a 20 millones de euros. Ese umbral deja fuera a una parte muy importante de los equipos de LaLiga 1|2|3, porque solo los recién descendidos superan esa cifra de negocio gracias a las ayudas por descenso, según puede apreciarse en la Guía Económica LaLiga que elabora anualmente Palco23.

 

No es una cuestión menor esta última, pues cada vez son más los equipos que han logrado consolidar la rentabilidad de sus operaciones y poco a poco se han ido consumiendo las bases imponibles negativas que aligeraban esta carga. Según datos de LaLiga, en 2017-2018 se preveía abonar 380 millones en impuestos societarios, cifra que subiría a 407 millones un año después y a 458 millones en 2019-2020.

 

El otro gran cambio que teme LaLiga afecta al área comercial. “En lo que se refiere a la regulación del mercado de las apuestas deportivas, es más que probable que las modificaciones que se realicen afectarán a nuestro sector, sin que este momento conozcamos el alcance de las mismas”, se limita a puntualizar la patronal. Y es que el acuerdo político solo se refiere a una ambigua “regulación de la publicidad del juego de azar y apuestas en línea de ámbito estatal similar a la de los productos del tabaco”.

 

Muchos podrían interpretar que se tratará de una prohibición absoluta de la publicidad, que podría implicar la desaparición de los numerosos acuerdos de patrocinio que los clubes tienen con casas de apuestas. De hecho, pocos son los equipos sin un socio oficial en esta categoría de producto, que según la agencia de márketing CSM supone unos ingresos anuales de más de 20 millones de euros, lejos de los 32 millones de Alemania y los 95 millones de Reino Unido.

 

Fuentes del sector del juego consideran que esta medida no será tan drástica como en Italia, y esperan que no afecte ni a patrocinios deportivos ni a publicidad digital. Es decir, que confían en que solamente se ponga coto a la inversión en medios de comunicación convencionales como la televisión, donde en las emisiones de un partido puede haber hasta diez anunciantes diferentes de este sector.

 

La voluntad de PSOE y Podemos es limitar el aumento de esta actividad, después de varios años en los que el juego ha crecido a un ritmo de doble dígito. En el primer semestre de 2018, las cantidades jugadas en España a través de Internet ascendieron a 3.324,8 millones de euros, un 18,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Pero ahora, la apuesta que más temen los clubes es la de acertar cuántos futbolistas harán sus maletas rumbo a otra competición por el nuevo marco fiscal.

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