La Audiencia Nacional cita a declarar a Neymar, Bartomeu y Rosell por estafa y corrupción

El caso Neymar no ha hecho más que empezar. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar durante el 1 y 2 de febrero al jugador del FC Barcelona Neymar Da Silva, al presidente de la entidad, Josep María Bartomeu, y al expresidente, Sandro Rosell, que imputados por los delitos de estafa y corrupción en el traspaso del futbolista.

Asimiso, el juez también ha imputado a los padres del futbolista, a los representantes legales del Barça y el Santos FC, a la empresa de representación a través de la que el padre gestiona su imagen, N&N, y a los dirigentes del club brasileño Luis Álvaro de Oliveira Rivero y Odilio Rodríguez Fliho. Además, también ha sido citado a declarar como testigo el ex vicepresidente económico del FCB, Javier Faus.

Este hecho llega después de que el pasado año la Audiencia Nacional admitiera a trámite una querella de DIS, el fondo de inversión que tenía una parte de los derechos económicos del delantero brasileño y que se considera estafado por el FC Barcelona.

El magistrado ya solicitó en su auto que Real Madrid, Chelsea FC, Bayern de Múnich y Manchester City aporten las ofertas que enviaron entre 2009 y 2013 al Santos, a Neymar y a sus representantes. Y es que DIS considera que se simularon contratos para que el grueso del dinero fuera a parar a Neymar.

El fondo de inversión sólo cobró el 40% de los 17,1 millones que el Barça pagó al Santos por los derechos federativos, cuando las investigaciones de la Audiencia Nacional han elevado el coste del fichaje a 83,3 millones de euros. De este importe, 40 millones se corresponden a los pagos realizados por el club blaugrana a N&N en concepto de indemnización por adelantar un año el fichaje, que DIS califica de contrato simulado.

En opinión del juez, este documento “podría haber alterado el libre mercado de fichajes de futbolistas y perjudicado también al querellante”, lo que supondría un delito de corrupción entre particulares. Además, el magistrado, entiende que las diligencias solicitadas por la Fiscalía resultan “pertinentes, necesarias y proporcionadas” para esclarecer los hechos.