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El deporte catalán, inquieto ante la nueva ley contra el intrusismo en el deporte

Isabel Pérez, secretaria general de la Ufec, considera que esta nueva normativa invadirá competencias de las autonomías y alerta que dificultará el trabajo en el sector, porque implicará no tener los suficientes profesionales. 

El deporte catalán, inquieto ante la nueva ley contra el intrusismo en el deporte
El nuevo texto pretende armonizar las leyes que existen a escala autonómica.

M. L-E.

18 mar 2022 - 05:00

El deporte catalán manifiesta su preocupación por las nuevas barreras contra el intrusismo en el deporte. El Gobierno ha incluido en el proyecto de Ley del Deporte una previsión por la que se compromete a regular las profesionales en el deporte en los seis meses posteriores a la aprobación de la normal, un hecho que preocupa a la Unión de Federaciones Deportivas Catalanas (Ufec).

 

Según la entidad, la regulación de las profesiones en el deporte es competencia de las autonomías y, de hecho, según recuerda Isabel Pérez a Palco23, secretaria general de la Ufec, experta en el ámbito jurídico deportivo y licenciada en derecho, “hace años que hay una jurisprudencia constitucional”.

 

Según el Gobierno, el motivo para impulsar esta nueva legislación consiste en prestar un servicio de calidad, evitar el intrusismo y atender a una reclamación histórica del sector del deporte. La ley tiene como objetivo el reconocimiento, la seguridad jurídica y el acceso al mercado laboral de los profesionales del deporte y pretende regular los requisitos de acceso laboral a las profesiones, unificando criterios en el deporte y reduciendo las barreras para ejercer la profesión a los actores del sector.

 

Además, el nuevo texto pretende armonizar las leyes que existen a escala autonómica, como es el caso de Cataluña que, aunque aprobó una ley en 2008 no la empezó a aplicar hasta 2019 después de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) e 2015 que reconocía que era competencia de la administración catalana.

 

“Hay ciertas autonomías que tienen una ley propia porque es su competencia tal como ya ha dicho el TC”, reitera Pérez, recordando que las leyes aprobadas hasta el momento han sido “un nido de problemas que han empeorado la situación”. “En Cataluña, fuimos pioneros en el mal sentido porque era imposible cumplirlo, ya que impedía trabajar a técnicos federativos, como era el caso, por ejemplo, de Pep Guardiola”, recuerda.

 

 

 

 

Pérez advierte que hay un riesgo de “volver a hacer el ridículo” porque “no hay margen en competencias” y “la tendencia en los últimos años está lejos de lo que se plantea: volver a cerrar la profesión a ciertas titulaciones”. De hecho, recuerda que no tiene sentido que un monitor de fin de semana, como es el caso de muchos clubes del tejido deportivo catalán, deban poseer un ciclo formativo de nivel medio para hacer un trabajo que “a veces roza el voluntariado”. “Pasó en Cataluña y el sistema se colapsó porque no había empleados a los que contratar y, si se aplicaba, se tenía que sancionar a todo el tejido deportivo”, explica.

 

Además, la directiva de la Ufec recuerda que los gimnasios y las instalaciones deportivas públicas tienen regulaciones por parte de las administraciones municipales, mientras que en el sector privado se apuesta por técnicos formados con un título porque quieren ofrecer un servicio de calidad. De hecho, la normativa catalana establece la obligatoriedad de tener un técnico titulado en los centros de fitness durante las 24 horas.

 

“Afectará al deporte amateur y podemos volver a la situación de 2008: el sistema no dará el personal suficiente para desarrollar las actividades”, advierte, remarcando que “se quiere armonizar pero no hay margen de competencia; y si lo consiguen, harán un cierre de la profesión que obligará a nuestros técnicos a ir a Andorra a sacarse el título, y el sistema español lo tendrá que aceptar”. “A nadie le interesa que un profesional no esté lo suficientemente cualificado y ya hay una formación deportiva oficial”, recuerda.

 

Actualmente, hay varias autonomías, como la Comunidad de Madrid, Extremadura, La Rioja, Andalucía y País Vasco que tienen su propia regulación. “Si superamos este hecho, nos arriesgamos a hacer el ridículo porque el resto del mundo va en otra dirección, se pide simplificar la normativa y no al revés.