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Déficit, ajustes y Covid-19: ¿resistirá España en el podio europeo de inversión en deporte?

Datos de Eurostat revelan que en 2018 España escaló a la tercera posición del ránking de la UE por inversión pública en este sector, con 4.693 millones de euros, sólo por detrás de Francia  y Alemania. Sin embargo, en gasto público por habitante aún está por debajo de la media de la Unión.

Patricia López

08 may 2020 - 05:00

Déficit, ajustes y Covid-19: ¿resistirá España en el podio europeo de inversión en deporte?

 

 

La industria deportiva está batallando para posicionarse entre la sociedad y a ojos del Gobierno como un aliado para mejorar la salud en tiempos de coronavirus. Reducción del IVA, ayudas para sostener el tejido asociativo… las reivindicaciones de apoyo económico al sector público se han multiplicado, y el interrogante es saber si la crisis del Covid-19 supondrá realmente un cambio para España, que en 2018 ascendió al podio de la inversión pública en deporte. Ese año se destinaron 4.693 millones de euros a pagar servicios deportivos y recreativos, según revelan los datos de Eurostat.

 

Se trata de un incremento interanual del 4,5%, suficiente para superar a Italia y convertirse en el tercer país de la Unión Europea (UE) que más invierte en esta industria. De hecho, el 8,5% de la inversión total de los países de la UE corresponde a España, que sólo se vio superada por Francia, que representa un 24,9% y es de largo el país donde más dinero público se invierte a este fin, y Alemania, potencia europea con un 15,2% del total.

 

El apoyo de las instituciones públicas españolas al deporte ha mejorado desde la crisis económica, que redujo los fondos destinados a este fin para recortar el déficit y hacer frente a los compromisos de deuda del país. Desde el peor año en términos de inversión, que fue 2013, el gasto público deportivo en España se ha elevado un 24,5%, pero aún no ha recuperado los máximos registrados en 2010. Eurostat aún no dispone de datos de 2019, pero la inversión de 2018 aún era inferior a la de hace diez años en un 18%.

 

 

 

 

Con la crisis económica derivada de la sanitaria provocada por el Covid-19, la industria se pregunta si España resistirá en el podio de inversión deportiva tras la pandemia. Las previsiones económicas de la Comisión Europea son abrumadoras: el PIB español caerá un 9,2% en 2020, el déficit ascenderá al 10,3 del producto interior bruto (PIB), y la deuda pasará de representar un 95,5% a un 115,5% del PIB.

 

Las cifras son desalentadoras y, tomando como precedente los efectos de la crisis de 2008, indican que el Gobierno tomará medidas de ajuste de las que el deporte difícilmente saldrá indemne. De hecho, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD) se ha acordado con LaLiga, la principal competición profesional del país, que dé un paso al frente y apoye económicamente al deporte federado.

 

LaLiga ya venía aportando 25 millones al año a las federaciones, pero, tras la firma de los Pactos de Viana, a partir de este ciclo olímpico se sumarán 25 millones más anuales, para un total de 200 millones en cuatro años. Además, el órgano presidido por Javier Tebas aportará cada año 58,7 millones de euros para la Federación Española de Fútbol (Rfef) y 3,3 millones de euros para el fondo de contingencia para ayudar a los deportistas más vulnerables.

 

 

 

 

En 2018 el CSD destinó 65 millones de euros en subvenciones a las federaciones, que corresponde al 1,3% del total del gasto público deportivo y recreativo que recoge Eurostat. Según el servicio de estadística de la UE, estos servicios engloban desde las subvenciones para apoyar a competiciones, equipos y atletas de deporte base y profesional, hasta la inversión en equipamientos deportivos, desde gimnasios municipales hasta estadios. Incluye el apoyo del Estado, autonomías, ayuntamientos y diputaciones a actividades y eventos deportivos, lo que abarca también desde iniciativas para fomentar el ejercicio hasta el mantenimiento de piscinas, campos de golf, pistas de tenis y espacios recreativos, como playas, parques y campamentos.

 

¿Cómo se han comportado los presupuestos deportivos de los países con los que rivaliza España? Está por ver cómo azota el Covid-19 al deporte francés, al que las cadenas españolas de gimnasios señalan como ejemplo por el compromiso que las instituciones públicas tiene con el deporte, al que ven como aliado de la salud. En ese país, el Estado cubre los servicios de fisioterapia y prescribe actividad física a la ciudanía desde los ambulatorios. Además, con los Juegos Olímpicos de París 2024 en el horizonte, es probable que la inversión en infraestructuras aumente.

 

El caso de Francia es destacable porque desde 2007 sólo ha dejado de incrementar su presupuesto para deporte en 2015, cuando cayó un 3%. Ni siquiera en tiempos de crisis recortó el gasto, que en 2018 aumentó un 9% interanual y un 21% en la última década. En cambio, desde 2009, Reino Unido, Portugal y Holanda sí que han reducido la inversión en un 40,7%, un 25% y un 16%, respectivamente.

 

 

 

 

Si bien España cerró 2018 con la cifra de inversión pública más elevada desde 2011, es el desembolso por habitante el que marca la diferencia. Ese es el parámetro en el que España sale peor parada, ya que el gasto deportivo y recreativo por habitante en el país está seis euros por debajo de la media de la UE, con 100,43 euros. En España, que ocupó la duodécima posición del ránking, se destinó cinco veces menos por habitante que en Luxemburgo, que encabeza la lista.

 

Potencias como Francia (203,7 euros por habitante) y Alemania (101,2 euros por ciudadano) invierten más que España, como también ocurre en los países escandinavos, como Suecia, Finlandia y Dinamarca, donde el importe supera los 200 euros. En cambio, en Italia y Reino Unido la inversión es un 26% y un 39%, inferior a la de España, respectivamente.

 

La fotografía podría cambiar con las medidas de ajuste que podrían llevar a cabo los distintos gobiernos para hacer frente a la crisis económica derivada del Covid-19 y afrontar el pago de la deuda, que aumentará tras las políticas para mitigar los efectos del coronavirus en la economía a corto plazo.