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Cristiano Ronaldo acepta pagar 18,8 millones a Hacienda y dos años de prisión

El futbolista portugués ha alcanzado un acuerdo con la Abogacía del Estado para poner fin al proceso judicial que se inició por la comisión de varios delitos de fraude fiscal.

Palco23

15 jun 2018 - 17:30

Cristiano Ronaldo está más cerca de poner punto y final a sus problemas con la Justicia española. El futbolista del Real Madrid ha cerrado un acuerdo con la Abogacía del Estado, por el que abonará 18,8 millones de euros a la Agencia Tributaria y aceptará una pena de prisión de dos años, que no deberá cumplir. Ello, debido a que asumirá la comisión de cuatro delitos fiscales por la forma en cómo gestionó sus derechos de imagen.

 

En todo este proceso, la Fiscalía ha argumentado que el atleta se benefició de la estructura fiscal que tenía ya en 2010 y que utilizó durante su etapa en el Manchester United. Por esta razón, asegura que el incumplimiento con sus obligaciones fue “voluntario” y “consciente”.

 

Las cuotas defraudadas por Ronaldo, siempre según la Fiscalía, ascendieron 1,39 millones de euros en 2011; 1,66 millones en 2012; 3,2 millones en 2013 y 8,5 millones en 2014. Todas estas cantidades superan los 120.000 euros anuales que convierten el fraude fiscal en delito, castigado con una pena de uno a cinco años de prisión.

 

Durante la negociación, el atleta ha conseguido que Hacienda rebaje de forma considerable el importe del dinero defraudado que le atribuía de inicio, pues ha pasado de 14,7 millones a 5,7 millones de euros, según El Mundo. El resto del dinero, hasta esos 18,8 millones de euros, corresponde a la multa y los intereses de demora.

 

Este acuerdo permite a Ronaldo finiquitar sus frentes con el Fisco, tanto por la vía penal como administrativa. Ahora, según el citado rotativo, falta acordar que la pena de dos años de prisión se sustituya por una mula. La Fiscalía apoyaría esta petición del jugador, que así le evitaría el riesgo de entrar en la cárcel si vuelve a cometer un delito. No obstante, la Abogacía del Estado se opone por completo siguiendo el mismo criterio que ha aplicado en el caso de otros futbolistas involucrados en problemas fiscales.