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Convenio LaLiga-Rfef: negocio, extracomunitarios, arbitraje y 30 millones en juego

El documento que regula la cesión de las competiciones profesionales a los clubes es clave en la generación de un tercio de los ingresos de la Federación, pero su impacto en los equipos puede ir mucho más allá.
01 Abr 2019 — 04:59
M.Menchén
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Convenio LaLiga-Rfef:  negocio, extracomunitarios, arbitraje y 30 millones en juego

 

 

El fútbol aficionado tiene mucho en juego estas semanas, y no sólo por las luchas por ascensos y descensos. El próximo 30 de junio vence el actual convenio de colaboración entre LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (Rfef), y del contenido del futuro contrato puede depender la viabilidad económica de muchos equipos. El regulador recibe prácticamente 30 millones de euros anuales que destina a las competiciones no profesionales, y de su enrocamiento podría depender que esa cifra vaya incluso a menos. La confianza es nula y ya se ha solicitado la intervención del Consejo Superior de Deportes (CSD). Pero, ¿qué deben negociar exactamente en las próximas semanas?

 

El foco de la discusión se ha situado en las franjas horarias que ocupan LaLiga Santander y LaLiga 1|2|3, pero el convenio incluye muchos más aspectos que afectan a la actividad diaria de los clubes. “Llevamos ocho reuniones con los equipos de trabajo y no nos hemos puesto de acuerdo. En la asamblea de hoy no veo ningún cambio importante que nos haga pensar que vaya a haber algún acuerdo”, criticó Javier Tebas, presidente de la patronal, para defender que haya una intermediación del Gobierno como ya sucedió con la centralización de las retransmisiones.

 

En este particular combate, que se acabará resolviendo por puntos, el primer golpe lo ha recibido la Rfef. El regulador trató de vender a la opinión pública que ya no volverían a disputarse partidos antes de las 19:30 entre el 20 de mayo y el 15 de septiembre, afectando a varias jornadas de Primera y Segunda División cuyos derechos de televisión ya han sido adjudicados a decenas de operadores. Sin embargo, este viernes se anuló esa idea al menos para el fútbol profesional, pues es uno de los aspectos que debe recogerse en el convenio y no en reglamento general.

 

 

 

 

LaLiga siempre ha defendido que el actual modelo, por el que cada partido de LaLiga Santander tiene una franja exclusiva entre el viernes y el lunes, es el que ha permitido el rápido crecimiento del valor de las retransmisiones. Aun así, ya se ha decidido eliminar la cita del lunes para recolocarla en domingo, atendiendo a las quejas de las aficiones y de la Rfef. Y aquí es donde más dinero hay en juego, pues la Federación se queda el 1% de los derechos, que a partir de 2019-2020 supondrán unos 20 millones de euros tras la última subasta a nivel nacional e internacional. Una futura restricción podría dañar el valor total y, por lo tanto, suponerle también una merma en su negocio.

 

Lo mismo sucede con la comercialización de los derechos de la Copa del Rey a excepción de la final. La última junta de Ángel María Villar decidió encargar la venta del torneo del KO a LaLiga, aprovechando que su departamento audiovisual está mejor preparado, a cambio de quedarse otro 1% de toda la tarta televisiva. Sin embargo, su sucesor en la presidencia, Luis Rubiales, ha decidido que quiere hacerlo él solo a partir de 2019-2020. ¿El problema? De momento no ha conseguido cerrar un contrato que iguale las cifras anteriores, y el tiempo corre en su contra.

 

Otro de los frentes que se abrió fue el de quién tiene la potestad de explotar comercialmente el nombre de la competición y el balón oficial, un aspecto que en el convenio quedaba claro. Sin embargo, tanto Rubiales como su secretario general, Andreu Camps, han lanzado mensajes en las últimas semanas en las que daban a entender su deseo de quedarse también ese negocio. “[La Federación] los cederá a LaLiga mediante convenio si se ajusta a las necesidades de los aficionados, a los intereses de los futbolistas y del fútbol aficionado y territorial”, advirtió Camps en septiembre.

 

 

 

 

La respuesta de la patronal no ha tardado en llegar por la vía de los hechos consumados. Banco Santander ha renovado su contrato de title rights hasta 2020-2021, ampliando más allá del convenio un acuerdo que arrancó en 2016 por algo más de 15 millones de euros anuales y un importante esfuerzo de activación. Además, se ha cerrado una alianza a largo plazo con Puma para que sustituya a Nike como balón oficial. ¿Se podrán negar en el convenio unos derechos ya comercializados?

 

El paquete de derechos que el convenio otorga a LaLiga es el que justifica que, en retorno, la Federación reciba un pago anual de 6,73 millones de euros desde 2014-2015 (actualizados al IPC) en concepto de contribución a los servicios federativos y al fútbol base español. Además, se añaden otros 3,81 millones de euros anuales, a repartir entre los equipos de Segunda B y Tercera, por la organización de una Copa del Rey cuyo formato también se quiere modificar por parte de Rubiales para que sea a partido único y se rebaje la carga de partidos.

 

A los casi 20 millones por televisión y estos 10,5 millones por convenio, se le añaden otros 886.440,1 euros anuales que la gestora del fútbol profesional abona para “atender los gastos que originan los clubes profesionales en la actividad federativa”. Y este es otro punto en el que el convenio establece numerosos aspectos que podrían tener una importante incidencia en la operativa de los 42 equipos de la élite.

 


 

 

 

El convenio regula la potestad de definir el calendario, pero también los ascensos y descensos, así como la fijación de criterios para opta efectivamente a una plaza en el fútbol profesional. No es un aspecto menor, pues el actual control económico es el que define qué se entiende por un club solvente, y cuáles serán las necesidades de capital de cualquier entidad deportiva si, como establece el anteproyecto de Ley del Deporte, se elimina la obligación de convertirse en sociedad anónima deportiva (SAD).

 

Además, es la base para establecer los límites a la contratación y alineación de futbolistas extranjeros, así como el número máximo de licencias y el precio de las mismas, de 56.629 euros en Primera y 23.002 euros en Segunda. En este sentido, cabe recordar que Rubiales ya ha movido ficha para intentar frenar la presencia de jugadoras foráneas en el fútbol femeninoy que en Reino Unido hay un intento de imponer cuotas de futbolistas nacionales.

 

LaLiga también tiene potestad gracias al convenio en la uniformidad de equipos y publicidad estática/dinámica, así como en la autorización de publicidad en prendas oficiales dentro de los límites fijados por la normativa internacional. En paralelo, se incluye la definición de requisitos de los estadios, entre otros, aspectos claves en la definición del reglamento audiovisual que ha mejorado la imagen del torneo a nivel exterior.

 

Pero si hay otro colectivo pendiente de todo lo que suceda es el arbitral, cuyas retribuciones están fijadas en ese convenio. El actual fija el pago anual en 13,73 millones de euros para nóminas, además de 2,19 millones en dietas. Andreu Camps ha señalado que la Rfef quiere que este apartado incluya el videoarbitraje a partir de 2019-2020, mientras que LaLiga le habría transmitido que prefieren que eso figure en un acuerdo independiente.

 

El tiempo corre, las declaraciones públicas evidencian grandes diferencias y lo único que no varía es que las dos partes se necesitan. Unos, porque necesitan la coordinación con el regulador para no salirse de la actual pirámide competitiva que condiciona el fútbol europeo; los otros, porque casi un tercio de sus ingresos anuales para promocionar la base dependen de que la élite tenga un marco estable para competir y generar más dinero. Está por ver cuán permisivo será el CSD, árbitro de este partido

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