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Agenda 2020: el debate de los JJOO sobre cambiar o ser cambiado

Los Juegos Olímpicos pasaron a comienzos del siglo XXI de ser un indicador de riqueza y prestigio para las ciudades, a convertirse en un auténtico quebradero de cabeza por las fallidas inversiones en infraestructuras. Ahora, el COI prioriza la contención, al tiempo que se buscan nuevos formatos para captar al público joven.

29 Oct 2019 — 04:57
Álvaro Carretero
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Los Juegos Olímpicos pasaron a comienzos del siglo XXI de ser un indicador de riqueza y prestigio para las principales ciudades del mundo, a convertirse en un auténtico quebradero de cabeza por las fallidas inversiones en infraestructuras. Desde la entrada en juego de potencias emergentes, el coste ha alcanzado cifras récord con los más de 12.000 millones de euros que ha destinado Tokio 2020 a proyectos vinculados directa e indirectamente con la cita. Cuatro años atrás se empezó a preparar una nueva hoja de ruta que prioriza la contención, al tiempo que se buscan nuevos formatos para captar al público joven. Mientras llegan esos resultados, el COI ha apostado sobre seguro: Los Ángeles 2024 y París 2028.

 

 

El Estadio Olímpico Acuático de Río 2016 totalmente abandonado, pero también la constitución de un equipo formado por atletas refugiados que prefirieron huir del conflicto en sus países. Sospechas sobre el pago de comisiones para adjudicar los Juegos de 2020 a Tokio, pero a la vez una foto para la historia entre Moon Jae-in, presidente de Corea del Sur, y Kim Jong-un, líder norcoreano, con las delegaciones de ambos países desfilando bajo una misma bandera en los Juegos de Invierno de Pyeongchang 2018. Cuatro instantáneas muy distintas que revelan lo bueno y lo malo del movimiento olímpico, cuyos Juegos pueden llegar hasta donde la política no alcanza, pero en el que los costes disparados de las candidaturas ha provocado que no todas las ciudades puedan permitirse o quieran costearlos.

 

Hubo un tiempo en el que la ambición de las grandes ciudades era organizar unos Juegos Olímpicos (JJOO). Ser la sede de un evento deportivo que concentra a miles de los mejores atletas del mundo era un escaparate sin igual, una ventana al mundo a través de la que potenciar los tesoros no sólo de una capital, sino de todo un país. Acoger a todas las naciones en todas las disciplinas durante un mes era sinónimo de grandeza, influencia, poder y, sobre todo, riqueza.

 

Hoy ese fenómeno ha cambiado, aunque el Comité Olímpico Internacional (COI) se puso en 2014 a trabajar en un plan de choque que mantuviera vivos esos atributos, pero que también se adaptara a los nuevos tiempos. Tras una crisis económica que dañó al estado del bienestar, dilapidar miles de millones de euros  en este tipo de proyectos no tenía razón de ser. Al menos, si no llevaba asociado un legado creíble. Porque nadie quiere volver a ver instalaciones abandonadas.

 

 

 

 

En diciembre de hace cinco años, el presidente del COI, Thomas Bach, puso sobre la mesa la denominada Agenda 2020, el programa más ambicioso en la historia de la institución, en tanto que propone transformar el modelo económico, pero también debatir sobre su propia razón de ser, los valores que se transmiten como entidad e, incluso, la forma de interactuar con una sociedad que ha cambiado a un ritmo frenético en estos cinco años.

 

Tal es la amplitud de ámbitos que aborda este compendio de medidas, que se define a sí mismo como “un puzle de jigsaw: por separado no dicen nada, pero juntas ofrecen una clara imagen de cómo debería ser el movimiento olímpico”, indica la Agenda 2020. El objetivo: abordar todos los retos que supone adaptar una estructura con más de cien años de historia a la modernidad, sin renunciar al modelo de negocio que es desde hace muchos años.

 

El ciclo 2013-2016 que concluyó en Río de Janeiro generó unos ingresos de 5.700 millones de dólares (5.184 millones de euros), prácticamente el doble que 2001-2004, y la previsión es que el periodo 2017-2020 pueda completarse con más de 6.000 millones de dólares (5.457 millones de euros). De este importe, un 75% procede de los derechos de televisión y un 18% de los patrocinadores, una dependencia que refleja esa necesidad de proyectar una buena imagen al mundo.

 

Sostenibilidad para frenar el antiolimpismo

 

Ahora, el desafío es que esa riqueza también se extienda a los países organizadores a través de una mayor eficiencia. “Los desafíos que hoy afrontamos son los más importantes que se han presentado nunca sobre el horizonte; si no los abordamos ahora, nos golpearán pronto, pero entonces será demasiado tarde”, advierte el COI en su plan estratégico. Entre esos retos pendientes figura la sostenibilidad de las candidaturas; la aproximación a un público joven cada vez más desarraigado con los valores olímpicos; el refuerzo del papel de la mujer, y la transparencia de una organización que también fue sacudida por la corrupción y el despilfarro en los JJOO de Sochi 2014, Río 2016 y Tokio 2020.

 

Por eso, tras intentar explorar nuevos mercados emergentes en los que primaba casi más lo exótico que lo racional, el COI ha optado por relanzar su proyecto de mano de Los Ángeles y París, dos apuestas sobre seguro para marcar un punto de inflexión con el pasado más reciente y poner en valor la apuesta por la sostenibilidad. Con la adjudicación de las citas de verano de 2024 y 2028 a estas dos ciudades, el COI ha ganado el tiempo necesario para consolidar un plan que también aspira a poner fin a las plataformas civiles que han surgido para oponerse a estas candidaturas.

 

Vimos que un grupo de personas muy ricas y poderosas se habían reunido y decidieron que unos JJOO serían buenos para Boston, cosa que no era así”, afirmó en 2017 Chris Dempsey, la persona que encabezó la protesta contra la candidatura de la ciudad estadounidense para los Juegos de 2024. La suya no sería ni la primera, ni la última, en rechazar a las Olimpiadas. Calgary (Canadá) denegó a través de un referéndum la posibilidad de postularse para los JJOO de Invierno en 2026, al igual que hicieron Sion (Suiza), Graz (Austria), Sapporo (Japón) y Erzurum (Turquía).Tampoco era un fenómeno del todo nuevo, pues, con mayor o menor intensidad, previamente también renunciaron por el camino otras ciudades como Almaty (Kazajistán), Múnich, Barcelona, Estocolmo o Davos-St. Moritz.

 

 

 

 

La principal razón: el elevado coste que suponen. “Las candidaturas de 2022 pusieron de manifiesto los problemas a los que nos enfrentamos a la hora de ser atractivos para las ciudades, particularmente entre las ligadas a los deportes de invierno”, ha admitido públicamente con posterioridad John Coates, exvicepresidente del COI y responsable del Comité Olímpico de Australia. De hecho, para garantizar la legitimidad de dichas selecciones, el propio COI ha impuesto en los nuevos pliegos de condiciones que, antes de presentar cualquier proyecto, debe haber sido refrendado por la ciudadanía a través de una votación.

 

Sabemos que el coste de los Juegos es una preocupación; siento que tenemos que hacer todos los esfuerzos para contener los gastos y la complejidad”, ha comentado estos meses Christophe Dubi, director deportivo del COI, para avalar las medidas contenidas dentro de la Agenda 2020, que han hecho que los presupuestos de las candidatas a estos eventos se hayan recortado un 75% respecto a épocas anteriores.

 

Un estudio elaborado por la Universidad de Oxford hecho público en 2016 reveló que el coste de alojar unos Juegos Olímpicos, sean de verano o de invierno, se había disparado en los últimos años. Londres 2012 sentó un precedente histórico, con la cifra récord de 15.000 millones de dólares (13.643 millones de euros), mientras que Sochi 2014 rebasó la barrera de los 50.000 millones de dólares (45.477 millones de euros) si se contemplan las infraestructuras no deportivas que se construyeron adicionalmente. Sin embargo, a medida que se han incrementado estas partidas, el COI también ha aumentado las ayudas económicas que otorga a cada anfitriona.

 

 

 

 

Salt Lake City (Utah, EEUU) recibió 552 millones de dólares (502 millones de euros) para organizar los JJOO de Invierno de 2002, una cuantía que se ha incrementado un 60,6% en los últimos 16 años, hasta 887 millones de dólares (807 millones de euros) en Pyeongchang 2018, una cantidad similar a la de Sochi 2014. En los Juegos de verano, la tendencia es similar, ya que el dinero que la institución entrega a los comités organizadores ha experimentado un alza del 58,6%, hasta 1.531 millones de dólares (1.392,5 millones de euros) que recibió Río en 2016.

 

La ciudad brasileña, con un gasto estimado en 42.610 millones de reales (9.344 millones de euros), fue la gota que colmó el vaso, pues a las instalaciones en desuso se le sumó una trama político-empresarial para comprar votos que aseguraran la elección de la ciudad a cambio de después adjudicar las obras de construcción de las infraestructuras a determinadas empresas. ¿Cómo evitarlo? Reforzando en estos últimos cinco años los pliegos de las candidaturas, en los que ya no prima cuánto se invertirá en hormigón, sino más bien la reutilización o modernización de equipamientos existentes. Es más, cualquier instalación deportiva nueva ahora debe llevar asociado un proyecto deportivo y social que repercuta en las ciudades.

 

 

 

 

 

 

Barcelona vuelve a asomar con la sede internacional

 

Además, se eliminó por primera vez la imposición de construir una Villa Olímpica, poniendo a disposición de los deportistas y otros trabajadores los hoteles e infraestructuras de la zona, de nuevo, para que no surjan casos como el de Brasil, cuyo recinto permanece clausurado desde entonces. Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI desde 2016, asegura que el principal cambio es que “ahora los Juegos se adaptan a las ciudades, y no al revés”. “Nosotros no decimos que no se construyan infraestructuras, sino que defendemos que todo lo que se levante, sea unas vías de tren, una autopista o un estadio, tenga demostrado y certificado que tiene uso para las siguientes décadas y que la comunidad lo necesita”, sostiene el directivo, que emplea el ejemplo de Sochi como modelo de retorno.

 

La ciudad rusa, que superó los 50.000 millones de euros en inversión, “ganó dinero”, sostiene, debido a que las autoridades locales y nacionales transformaron a una localidad sin apenas trascendencia dentro del panorama internacional en un destino puntero del turismo deportivo interno. “Construyeron toda la infraestructura aprovechando el paso de los JJOO y ahora son uno de los principales puntos calientes del país”, indica el ejecutivo. Hoy, ese espíritu olímpico y el legado de sostenibilidad vuelve a estar sobre la mesa tras el éxito que supuso Barcelona’92.

 

En este esfuerzo por hacer más asequible la organización de los Juegos, el COI también ha decidido abrir la puerta a las candidaturas conjuntas de ciudades, regiones y países. Es una práctica que ya han puesto en marcha, con relativo éxito, organismos como la Uefa, la Fifa y la Fiba. Un modelo que comenzó como una solución de emergencia frente a la crisis económica y que hoy se ha convertido en la opción destacada para evitar situaciones de abandono. En el caso del Movimiento Olímpico, la primera experiencia de este estilo llegará con los Juegos de Invierno de 2026, que se celebrarán en Italia con Milán como epicentro y con el apoyo de Cortina, Bormio y Livigno.

 

 

 

 

En este proceso también se impuso la austeridad, ya que la previsión de gasto de Italia alcanza 1.398 millones de euros, un 20% menos que en las dos ediciones previas de este evento. Parte de ese ajuste es posible porque el 93% de las catorce instalaciones deportivas donde se disputarán las disciplinas ya existen o serán temporales, y sólo se prevé la construcción de un pabellón de hockey hielo que funcionará como polideportivo al término de los Juegos.

 

Estos nuevos criterios, especialmente el que abre la posibilidad a compartir la sede, han  abierto de nuevo las puertas a ciudades que habían descartado postularse por carecer de infraestructuras o por el volumen de inversión que se exigía. Entre ellas, Barcelona, que está en la carrera por hacerse con los JJOO de Invierno de 2030, y Madrid, que pese a los tres intentos frustrados y haber gastado ya más de 8.000 millones de euros, mantiene vivo el anhelo olímpico. Tan solo falta que las relaciones institucionales ayuden a conseguir esos objetivos, al margen de presentar un plan que asegure la sostenibilidad de las inversiones.

 

Cataluña lleva desde 2010 trabajando en la posibilidad de organizar esta competición de deportes de nieve para revitalizar el Pirineo. Sin embargo, esa unidad política que exige el COI se rompió en 2015, cuando la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, consideró que no era un proyecto prioritario. La iniciativa acabó siendo guardada en un cajón por parte del gobierno municipal, pero el Ejecutivo autonómico decidió tomar las riendas en 2017 para conseguir ese objetivo. La capital catalana no da la espalda al proyecto mientras no lo tenga que liderar, mientras que el actual secretario de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras, ha sabido capear la tensión política con el Gobierno para lograr que se apoye al plan desde el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Comité Olímpico Español (COE).

 

 

 

 

La Generalitat quiere jugar esa posibilidad de no tener que construir instalaciones que después no vayan a tener recorrido, y pone como ejemplo los 90 millones de euros que costaría la construcción de una pista de skeleton, una instalación que España no tiene. Por esta razón, se está valorando junto al COI la posibilidad de que algunas de las pruebas no tengan que disputarse en España, sino en Francia o Suiza, donde ya cuentan con las infraestructuras que el Pirineo catalán no tiene. “Es una opción que antes prohibía el COI y que ahora premia”, celebra Figueras, que cifra en 1.300 millones de euros el coste que tendría todo el evento, que en un 50% se disputaría en Barcelona y en otro 50% en las pistas de esquí del Pirineo.

 

De este importe, el Ejecutivo catalán estima que 900 millones serían aportados por la institución a través de los contratos de patrocinio y los derechos de televisión, mientras que los 400 millones de euros restantes deberían ser generados por el comité organizador. Figueras se ha mostrado convencido de que ese dinero podrá conseguirse mediante la explotación de los derechos de patrocinio a nivel nacional, así como la venta de entradas para las competiciones y la comercialización de merchandising.

 

Y si hubiera que cubrir la diferencia con inversión pública, su convicción es que el retorno económico en el territorio será mucho mayor, por lo que tendría justificación política. Y es algo a lo que también quiere ayudar el COI, eliminando la cláusula que obliga a que la adjudicación de las sedes se realice con un máximo de siete años de antelación, un periodo de tiempo que en ocasiones ha limitado la capacidad de planificación de los anfitriones. Además, considera la institución presidida por Bach, contribuye a hacer de los Juegos un evento “más responsable, flexible y ajustado a las necesidades del mercado y el contexto local”.

 

La sostenibilidad se convierte en negocio comercial

 

El Comité Olímpico Internacional también ha hecho de la necesidad una virtud, y el giro hacia la sostenibilidad se ha traducido en la llegada de nuevos patrocinadores y el refuerzo de la alianza con socios históricos del organismo como Toyota o Dow. Los ingresos procedentes de las multinacionales englobadas bajo el paraguas top partners superó por primera vez la barrera de los 1.000 millones de dólares (909,5 millones de euros) en el ciclo 2013-2016, con una mejora del 5,6% respecto al periodo anterior.

 

El organismo prevé que esta partida vaya a más en el actual cuatrienio, después de lograr renovaciones al alza y sumar a nuevos socios atraídos por la posibilidad de usar unos Juegos Olímpicos como campo de pruebas en ámbitos que van desde la eficiencia energética hasta la movilidad urbana. Esa apuesta por la innovación también acabó llamando la atención de Alibaba, que se convirtió en la primera multinacional china en entrar como socio global de los Juegos. Aunque si hay un alianza que ha marcado un récord es la suscrita entre Coca-Cola y la china Mengniu para explotar conjuntamente la categoría de bebidas sin alcohol por 3.000 millones de dólares (2.729 millones de euros) entre 2019 y 2032.

 

Uno de los aspectos que más llama la atención a las marcas es la globalidad de los Juegos, pero el COI quiere que otros dos atributos aporten más valor a la hora de vender sus derechos: la continuidad de los contenidos, más allá de la cita puntual que se produce cada dos años, y el acceso a un público mucho más joven. De ahí que en 2016 se pusiera en marcha Olympic Channel, la primera plataforma de contenidos propios del COI con la que se ha querido dar mayor visibilidad a las disciplinas deportivas que no siempre tienen un espacio en los canales tradicionales.

 

 

 

 

La inversión en esta plataforma se sitúa en 250 millones de euros por ciclo olímpico, pues en ella también se quiere experimentar con los contenidos que acompañan a las retransmisiones, donde cuenta con el apoyo de tres de sus patrocinadores: Alibaba, Atos e Intel. Y no es un importe menor, pues representa el 10% del presupuesto total y casi la mitad de la partida destinada a la promoción del olimpismo. El grueso, como no puede ser de otra manera, se destina a la organización de las pruebas 2.500 millones de dólares (2.274 millones de euros), mientras que las federaciones internacionales y los comités olímpicos nacionales percibieron 1.900 millones de dólares (1.728 millones de euros).

 

La importancia del canal reside en que no sólo es una forma de establecer un mejor relato deportivo a lo largo del año, sino que también da apoyo a los socios audiovisuales de la entidad en cada territorio, con Europa y Estados Unidos con un papel determinante dentro de una línea de negocio que en 2013-2016 generó 4.161 millones de euros (3.785 millones de euros).

 

En este segmento de negocio, el último lustro también ha dejado dos proyectos determinantes para el futuro, pues se lograron alianzas a largo plazo con Eurosport en el Viejo Continente y con NBC Universal en el mercado estadounidense. La primera de estas compañías acordó pagar 1.300 millones de euros entre 2018 y 2024 por los derechos en cincuenta países, incluido España, a cambio de  la exclusiva de todas las retransmisiones y el compromiso de buscar un socio para emitir un mínimo de 200 horas en abierto. La segunda garantizó 7.650 millones de dólares (6.958 millones de euros) entre 2021 y 2032  y la creación de un canal específico en el que emitir todo lo relacionado con el Team USA.

 

 

 

 

 

Las modalidades urbanas se cuelan en el medallero

 

El consenso sobre la importancia de los contenidos audiovisuales por tierra, mar y aire es unánime, especialmente para alcanzar a las nuevas generaciones. Pero donde no hay acuerdo de ningún tipo es sobre el papel que deben adquirir los eSports en el futuro del olimpismo, pese al potencial con el que lo contemplan. “El movimiento olímpico no debería ignorar su crecimiento, particularmente debido a su popularidad entre las generaciones jóvenes de todo el mundo”, señala el Comité Olímpico Internacional, que introdujo actividades relacionadas con los deportes electrónicos en los Juegos de Invierno de 2018 junto a Intel, pero que a día de hoy sólo se contempla como un formato que permita dinamizar las fan zone.

 

A  finales del año pasado, la institución encargó un informe para analizar la viabilidad de su inclusión en el programa, con la conclusión de que sería “prematuro”. “Implican una actividad física que puede compararse con la requerida en los deportes más tradicionales”, señala el informe, pero advierte: “Algunos nombres no son compatibles con los valores olímpicos y, por lo tanto, se excluye la cooperación con ellos”, en referencia a videojuegos que, de una forma u otro, incluyen cierta violencia, como League of Legends o CS:GO.

 

Esa voluntad de acercarse a nuevos públicos es la que ayuda a entender la introducción de otras disciplinas en el programa que no han estado exentas de polémica. En Tokio 2020 debutarán cinco disciplinas, como el kárate, la escalada, el surf, el skateboard y el softball. Además, también se han ampliado las modalidades de otras disciplinas como el baloncesto, que se disputará en formato 3x3, y el ciclismo, que incluye a las BMX, con el objetivo de reforzar un componente más urbano y atractivo para un público potencial más joven y menos vinculado a los deportes tradicionales. De igual forma, el boxeo, el kayak, la esgrima, la natación y el judo, entre otros, han ampliado el número de competiciones para dar mayor presencia a las pruebas femeninas o mixtas.  

 

 

 

 

De hecho, mientras el kárate ya ha perdido su condición de olímpico, para París 2024 se ha dado entrada al break dance, que se añadirá a las disciplinas urbanas que entrarán en juego el año que viene. “Son modalidades muy espectaculares, creativas y estéticas, ligadas al concepto de cultura urbana universal y popular entre los jóvenes”, señala el COI sobre esta decisión. De ellas se espera mucho más que de otras modalidades más famosas, pero cuya continuidad está en duda por el escaso compromiso de los atletas.

 

El golf fue una absoluta decepción en Río 2016, debido a que ningún jugador de renombre acudió por priorizar su presencia en el European y el PGA Tour, mientras que la MLB no ha garantizado que vaya a detener su competición para que los deportistas jueguen con sus selecciones de béisbol en Tokio 2020, por lo que tampoco se garantizará la presencia de las grandes estrellas de este deporte.

 

Nada que no hubiera pasado ya con la NHL y el hockey hielo en los Juegos de Invierno. “Siempre creí que hacer competir a los deportistas amateurs sería lo mejor; ellos harían crecer este deporte, no nosotros, y además podrían impulsar sus carreras con un reconocimiento así”, se justificó entonces el golfista Adam Scott. Y quizás pase por ahí el futuro atractivo de los Juegos Olímpicos: poner a competir a quien no tiene nada que perder y mucho que ganar.

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