2019: una Ley del Deporte que no llega

Todo el mundo esperaba que 2019 fuera el año en el que por fin se aprobaría una nueva Ley del Deporte tras más de 25 años desde la entrada en vigor de su primera versión. Habían transcurrido más de dos años desde que el Gobierno se comprometió a ello, se celebraron decenas de reuniones con todos los actores implicados para recoger demandas y adaptar la norma al contexto actual.

Todo ello se hizo, y, aun así, el 31 de enero de 2019 lo que se produjo fue un auténtico vendaval de críticas, reproches y lamentos en torno a un borrador de Anteproyecto de Ley que no era el esperado por nadie. En poco tiempo, se pasaba del consenso al descontento de un sector que veía cómo la nueva guerra del fútbol enturbiaba la negociación del marco regulador de toda una industria de más de 15.000 millones de euros anuales.

La polémica norma ha provocado que ni siquiera el anteproyecto pudiera aprobarse de forma definitiva en los últimos doce meses, pues a los necesarios cambios se ha sumado el freno de la actividad legislativa y parlamentaria en España por la repetición de elecciones generales, primero en abril y después en noviembre. De hecho, aun hoy ni siquiera está claro si María José Rienda continuará al frente del Consejo Superior de Deportes (CSD) o se optará por un nuevo liderazgo para afrontar la fase final de aprobación del texto.

Aún queda por saber si María José Rienda seguirá al frente del CSD o si el nuevo Gobierno optará por cambiar el rumbo

La necesidad de introducir cambios es evidente, pues el sector ha presentado 151 enmiendas al texto propuesto por el Gobierno. “Esta Ley es una prioridad y hemos querido ser sensibles ante las inquietudes y las necesidades planteadas por los diferentes actores del deporte español”, señaló Rienda en abril, después de que el agente más crítico fuera el federativo, con un total de cincuenta modificaciones, pero también pidieron cambios entidades como el Colegio de Licenciados y Graduados en Educación Física (Colef), LaLiga o los sindicatos de deportistas.

Uno de los principales obstáculos que deberá salvar la nueva Ley del Deporte es la gestión de un articulado en el que el principal foco de tensión es la prohibición a que las competiciones de un deporte puedan adquirir los derechos audiovisuales de otra. Es decir, que impediría a LaLiga continuar con su proyecto LaLigaSportsTV, una platataforma OTT en la que se ofrecen las retransmisiones en streaming de deportes menos mediáticos.

Tal era la evidencia de que ese arreglo de última hora formaba parte del pulso entre LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (Rfef), que el propio ministro de Cultura, José Guirado, tuvo que salir al paso en más de una ocasión que “no es una ley del fútbol”, sino del deporte. Y, aun así, fueron esas dos instituciones las que más rápido respondieron a este giro de los acontecimientos.

Uno de los principales obstáculos es la gestión de LaLigaSports, que bajo el marco actual quedaría suspendida

Disputa por el freno a vías de ingresos inexploradas

El Gobierno defiende su idea de limitar la OTT de LaLiga con que se pretende “evitar monopolios” para “favorecer a las más disciplinas pequeñas”. El problema, sin embargo, es que la gestora del fútbol profesional estaba pagando por unos derechos por los que nadie en el mercado estaba dispuesto a pagar, ni siquiera Teledeporte, y que suponía unos ingresos adicionales de cuatro millones de euros para las 47 federaciones que forman parte de este proyecto audiovisual, con el que también se abre la puerta a afinar en la captación de patrocinadores por el mayor conocimiento de los usuarios.

“No entendemos por qué se intenta limitar un operador, LaLiga, que hace años decidió invertir en los derechos digitales del deporte español; no beneficia a nadie, y afecta a todos, porque es una iniciativa legítima, y de importancia vital para el futuro de las federaciones”, aseguraban entonces fuentes de Adesp, que aglutina a numerosas federaciones. Es uno de los aspectos que las federaciones esperan que cambie, pues la inexistencia del monopolio se asegura al ser cada federación de forma individual la que negocia anualmente la venta de sus derechos.

Otro aspecto que ha generado controversia es la propuesta por parte de las federaciones para que los gestores de instalaciones deportivas asuman una tasa con la que se ayudaría a financiar el fomento del deporte de base. Adesp, que aglutina a buena parte de estas instituciones, ha deslizado que podría ser del 0,01% de la cuota que paga cada abonado al gimnasio, para una recaudación total que rondaría los cinco millones de euros, una cuestión a la que se opone frontalmente la Federación Nacional de Instalaciones Deportivas (Fneid).

Los primeros sostienen que “en ningún caso sería un impuesto elevado; supondría una mínima aportación de cada persona para destinarlo a la actividad de las federaciones”; los segundos, por el contrario, critican que “iría en contra del fomento de estilos de vida activos que mejoren la salud de la sociedad” y contra unos empresarios que en 2012 ya asumieron una subida del IVA, del 8% al 21%.

En términos de generación de ingresos, el conjunto del sector ha lamentado que no se introduzcan medidas que fomenten la inversión privada, ya sea con desgravaciones fiscales menos puntuales para la inversión en patrocinio o medidas que fomenten el mecenazgo entre particulares e instituciones. Es una cuestión que el Gobierno sí quiere regular, pero considera que lo adecuado es hacerlo a través de una Ley de Mecenazgo que incluya muchos más sectores.

LaLigaSports pagó por los derechos audiovisuales de competiciones por las que hasta entonces nadie pagaba

Nuevo modelo de gobernanza para las federaciones

Otro elemento que no está claro cómo se resolverá es la reivindicada petición de una licencia única que permita una gestión unificada del deporte desde una perspectiva nacional. Se trata de una cuestión sobre la que el Tribunal Constitucional ya falló parcialmente en contra en 2018, pero que podría resolverse a través de la nueva definición de la ley. Sin embargo, el nuevo marco legal propuesto por el Ejecutivo socialista va en dirección totalmente opuesta, pues se dota a las federaciones autonómicas de autonomía para que se firmen acuerdos de reciprocidad entre las territoriales sin necesidad del aval del regulador nacional.

En el ámbito federativo también se han introducido cambios dirigidos a mejorar la buena gobernanza. Estas organizaciones, privadas con delegación de funciones públicas, deberán adoptar un código de buen gobierno para mejorar sus actuaciones y los criterios de gestión. Este código deberá ser aprobado por un tercero independiente, y deberá elaborar un informe anual que evalúe el grado de cumplimiento en cuestiones como la limitación de mandatos o la lucha contra el uso indebido del patrimonio de las federaciones para lucro personal de los dirigentes.

El Gobierno ha decidido inicialmente que sea cada organización la que limite el número de mandatos, confiando que se opte por criterios de un máximo de dos o tres ciclos y no por fórmulas que, en esencia, fomenten la perpetuidad en el cargo. Las entidades no están del todo conformes con ello, pues consideran que es la experiencia en el cargo la que da los contactos y la influencia necesaria para que el deporte español ocupe cargos en estamentos internacionales.

El Ejecutivo, entonces presidido por Pedro Sánchez, considera que esa presencia puede obtener por otras vías, como es la creación de estructuras claras que sitúen a España como sede recurrente de algunas de las principales competiciones supranacionales. “El desarrollo de competiciones de carácter estatal y la participación del deporte español en la actividad internacional se consideran un elemento estratégico de la política deportiva del Estado”, se afirma en el borrador.

Las entidades deportivas presentaron hasta 150 enmiendas después de que el anteproyecto chocase frontalmente con ellas

Cambios en la gestión del deporte profesional

En el ámbito de las competiciones, la Ley del Deporte permitirá separar entre ligas profesionales, que serían LaLiga y ACB, y ligas profesionalizadas, que serían Asobal y Lnfs, y que ahora no estarán obligados a firmar convenios específicos en los que se recojan las obligaciones y derechos específicos de los jugadores.

Estas nuevas categorías no exigirán la creación de una asociación de clubes para su gestión, sino que las “competiciones podrán ser organizadas, mediante estructuras específicas, por las respectivas federaciones deportivas españolas o mediante un organizador al que se encomiende la misma”.

En paralelo, se buscará que las competiciones destinen a premios el mismo importe para hombres y mujeres, algo que no será posible hasta que no se apruebe esa ley.