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2018: cuando la nueva Ley del Deporte se fue a la prórroga

La necesidad de elaborar una nueva Ley del Deporte es un reclamo compartido, tanto por deportistas, clubes y federaciones, como por los profesionales del sector y las cadenas de gimnasios. A esta unidad se han sumado los partidos políticos.

 

 

Cuando empezó 2018, el sector del deporte creía que este iba a ser el año en el que saldría adelante la nueva Ley del Deporte, una norma que entró en vigor en 1990 y que las entidades que forman parte de este terreno de juego coincidían en que debía actualizarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Terminado el año, el marco jurídico de este sector no se ha renovado y ni la Administración ni las organizaciones privadas confían en que el texto vaya a aprobarse en 2019, sino es por la vía de urgencia.

 

El cambio de Gobierno que se produjo en junio ha demorado el proceso pero, pese a ello, las partes  interesadas coinciden en que se han realizado avances en el desarrollo de la futura legislación. Si bien la moción de censura del PSOE pospuso la redacción de un anteproyecto de ley, tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa se ha seguido una línea de trabajo similar a la de José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) en la última etapa de Mariano Rajoy como presidente. Además, también ha ayudado a desbloquear la situación el hecho de que los grupos parlamentarios coincidan en la necesidad de actualizar la ley.

 

Diálogo y cohesión entre  los actores implicados

 

Con Lete al frente del CSD se trazó una hoja de ruta en la que la redacción de la nueva ley ocupaba un espacio fundamental, una realidad que no ha cambiado con María José Rienda como secretaria de Estado para el Deporte. A su llegada a la presidencia, la ex esquiadora afirmó que el desarrollo de la nueva Ley del Deporte era una de sus prioridades y, para agilizar plazos y no deshacer lo andado, el Gobierno optó por tener en cuenta el trabajo realizado previamente. ¿El objetivo? Seguir recabando ideas, peticiones  y fomentando el diálogo entre los stakeholders para definir cómo debe ser el marco legal que regule esta actividad, que representa en torno a un 2,4% del PIB.

 

Entre los progresos realizados, este año se han celebrado seis jornadas parlamentarias en las que diversos colectivos aportaron su visión, desde federaciones hasta clubes deportivos, pasando por asociaciones de deportistas, competiciones, gestores de centros deportivos y grupos parlamentarios. A partir de ese feedback, una comisión de expertos en derecho deportivo ha elaborado un borrador del anteproyecto de ley, que se espera que salga a la luz antes de que finalice el año. A partir de entonces, se trabajará en base a ese texto para que dé lugar a un anteproyecto de ley que será debatido en el Congreso de los Diputados. No hay fecha límite para ello, pero teniendo en cuenta que Rienda afirmó que la redacción del nuevo marco jurídico es uno de sus objetivos prioritarios hasta 2020, se espera que el próximo año sea el definitivo.

 

Las SAD y el deporte femenino, en el punto de mira

 

Pero, ¿cómo será la nueva legislación? “No busca generar un modelo rupturista, sino una normalización del modelo deportivo que ampara a los deportistas y a las organizaciones deportivas”, ha asegurado Rienda. Uno de los objetivos es que el texto dé cobertura a los y las atletas profesionales y amateurs, que en la ley de 1990 apenas tienen protagonismo. De este modo, se pretende abarcar al atleta que dedica buena parte de su vida deportiva a entrenar y competir, pero que no puede vivir de ello, y también a “la actividad que se hace extra federativamente”, reclama Ibán García del Blanco, secretario de cultura y deporte del PSOE.

 

Otra de las cuestiones de calado que  abarcará la Ley será la obligatoriedad de convertirse en sociedad anónima deportiva (SAD) para los clubes de fútbol y baloncesto profesionales. La idea es establecer un mecanismo que no haga tan automática como hasta ahora esa conversión para los equipos de LaLiga y la ACB. Incluso Lete apuntó en su día que “la tendencia actual apunta hacia la liberalización de este modelo”, y ese es precisamente uno de los reclamos que están haciendo los clubes afectados, que han visto como  en los últimos años el Gobierno ha elevado el capital mínimo exigido para convertirse en SAD.

 

Además, en un año marcado por las reivindicaciones de los derechos de la mujer, se espera que en el nuevo marco jurídico tenga especial consideración por las deportistas. Es algo que Rienda ya ha puntualizado, al afirmar que se está analizando “qué podemos hacer con el anteproyecto de Ley para tratar las situaciones en que las deportistas se quedan embarazadas”.

 

 

 

 

Es una circunstancia que ha afectado a las Deportistas de Alto Nivel (DAN), que han perdido las ayudas públicas tras dejar de competir por estar embarazadas o durante la baja por maternidad. La voluntad del Ejecutivo es regular esta situación por real decreto para que las deportistas puedan congelar su condición de DAN. “Hasta ahora sólo podía congelarse por lesión o enfermedad, y la idea es que la baja por embarazo y maternidad se contemple como caso específico”, informan desde el CSD.

 

Por otro lado, y siguiendo la estela de las federaciones de atletismo y baloncesto, que han modificado sus estatutos para regular la limitación de mandato, el CSD ha admitido que también se está contemplando incorporar un artículo en el anteproyecto de ley que vele por la buena gobernanza, un compromiso que no será fácil de cumplir debido a que las federaciones tienen competencias públicas delegadas y en los últimos años han protagonizado un movimiento para exigir mayor autonomía de la Administración.

 

Es una independencia cuestionada, ya que la mayoría de federaciones se financian con recursos públicos. Esta realidad, sumada a la pérdida de ingresos durante la crisis económica, provoca que muchos de estos organismos quieran incrementar su facturación a través del patrocinio. De ahí que numerosas federaciones y el Comité Olímpico Español (COE) tenga como reclamo la redacción de una ley de mecenazgo “que sea más amplia y ofrezca beneficios fiscales a las empresas que apoyen el deporte”, ha afirmado el presidente, Alejandro Blanco.

 

Otro de los puntos pendientes que el Estado prevé regular es las profesiones deportivas, cuyo vacío legal ha provocado que las comunidades autónomas aprueben sus propios marcos jurídicos para dar cobertura y seguridad al colectivo de los entrenadores  y profesionales de este sector. ¿El objetivo? Evitar el intrusismo y garantizar la seguridad de los deportistas.

¿Será 2019 el año en que se asienten los pilares de una Ley del Deporte que aglutine a todo el sector?

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