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Suspensión de competiciones, caída de fichas y ayudas tardías ahogan al deporte ‘amateur’

El deporte no profesional ha sido uno de los grandes perjudicados por la eclosión de la pandemia. La suspensión de las competiciones deportivas y el miedo a los contagios provocaron una fuerte cancelación de inscripciones en entidades con un gran arraigo local y que tienen en sus abonados su principal sustento. 

23 Dic 2020 — 05:00
Christian De Angelis
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Como cada año, Palco23 realiza en las últimas semanas de diciembre un repaso a los últimos doce meses en el negocio del deporte, marcados por el impacto de la pandemia del Covid-19. Análisis macroeconómico de España y el mundo, recorrido por los fenómenos sociales que ha provocado el coronavirus y reportajes sobre el impacto en los principales clubes, competiciones y federaciones del sector forman el Especial 2020: el negocio del deporte en el año del Covid-19.


 

Clubes con solera y gran arraigo local, pero sin una estructura económica fuerte y con unos ingresos basados en buena medida en las aportaciones de los socios. Es el perfil de decenas de clubes españoles de deporte amateur ahogados por los efectos de la pandemia y, a menudo, dependientes del sí o el no de las administraciones públicas a concederles una ayuda de urgencia para garantizar su supervivencia.

 

El caso más paradigmático es probablemente el del Club Natació Sabadell, base de la laureada selección española de waterpolo femenino y del que han salido campeonas del agua como Gemma Mengual, Ona Carbonell, Mireia Belmonte, Erika Villaécija y Laura Ester. En octubre, el histórico club catalán, fundado en 1916, alertó de una situación económica “dramática” debido a la incapacidad de hacer frentea los altos costes de mantenimiento de sus instalaciones ante la caída de los ingresos.

 

Con una plantilla de 250 trabajadores, el club tuvo que aplicar un expediente de regulación temporal de empleo (Erte) tras la pérdida de un 20% de sus cerca de 30.000 socios durante el primer estado de alarma. “Si esto se alarga hasta Navidad tendremos que hacer un replanteamiento de los equipos profesionales del club, además de una renegociación con los acreedores”, señaló entonces Claudi Martí, presidente de la entidad.

 

“Nosotros vivimos del socio, somos un club como el Barça, aquí no hay un accionista; el club es del socio”, afirmaba contundente Martí. En concreto, el 75% de los ingresos del club, alrededor de 7,2 millones de euros, procedía antes de la pandemia de los ingresos de los socios.

 

Con una deuda a largo plazo de veinte millones de euros, el club captó en 2020 créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un millón de euros, pero la ayuda financiera, temía en octubre su presidente, podía no ser suficiente para mantenerse a flote.

 

 

La alarma en los clubes amateurs fue en aumento, sobre todo, al comenzar a llegar las noticias sobre la segunda ola de la pandemia. Nuevas restricciones que limitaban la práctica deportiva pusieron en alerta a las entidades más pequeñas, después de que la primera ola obligara a detener las competiciones y, en numerosas ocasiones, devolver buena parte de las cuotas a los deportistas participantes.

 

El inicio de los rebrotes en septiembre obligó a las administraciones a preparar un regreso especial para los deportes amateurs. En Madrid, que cada año congrega a 180.000 deportistas y casi 5.000 equipos, el protocolo preparado por el Ayuntamiento de la capital preveía el uso de mascarilla tanto en el desarrollo de la actividad como en los períodos de descanso, usar las instalaciones exteriores siempre que fuera posible e incluso acortar los partidos de algunas disciplinas deportivas, especialmente en categorías junior.

 

A los costes adicionales de este tipo de medidas se añadían para el deporte amateur otras dificultades, como el propio miedo al contagio por parte de los deportistas que llevara a una caída de inscripciones a los torneos y, también, a un descenso en las fichas federativas.

 

 

Sin acuerdo en el protocolo anti-Covid

Iniciado ya el curso, Consejo Superior de Deportes (CSD), comunidades autónomas, federaciones deportivas y Comité Olímpico Español (COE) abrieron negociaciones con el objetivo de aprobar un protocolo conjunto para regular cómo podía volver a activarse el deporte amateur sin que fuera un foco de extensión de la pandemia. La negociación se prometía imposible, fundamentalmente por el coste económico de la medida estrella propuesta por el CSD en el borrador del Protocolo armonizado de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal no profesional de categoría absoluta: la realización de pruebas PCR en las competiciones de deporte no profesional 72 horas antes de cada encuentro.

 

El documento tenía como punto de partida “que es imposible garantizar un entorno completamente libre de riesgos” y recordaba que “la práctica deportiva federada es una actividad voluntaria para cada uno de sus participantes”. Sobre la mesa estaba, sin embargo, quién podía hacer frente a unos gastos (entonces incluso más altos que a cierre de año, cuando los test rápidos entraron en escena) que los clubes y federaciones deportivas no podían afrontar.

 

La puesta en marcha de la medida hubiese supuesto que cerca de 700 equipos estarían obligados a realizar pruebas tres días antes de cada encuentro. La factura total, según estimaron las federaciones deportivas afectadas, podía ascender a más de 80 millones de euros.

 

Finalmente, tras semanas de negociación el CSD renunció a establecer pruebas PCR obligatorias para la reanudación de las competiciones deportivas no profesionales y la entidad que preside Irene Lozano pasó la pelota a las comunidades autónomas y al Ministerio de Sanidad. El protocolo armonizado no incluyó finalmente esta obligatoriedad, que sí podían fijar las diferentes comunidades autónomas.

 

 

Posteriormente, el aumento de los casos de Covid-19 en diferentes regiones españolas puso de nuevo en crisis todo el sistema deportivo no profesional, con nuevas restricciones que limitaron la práctica deportiva. A finales de octubre, por ejemplo, Cataluña suspendió todos los entrenamientos y competiciones de carácter no profesional, con excepción de aquellas que fueran estatales, y decretó el cierre de gimnasios y otras instalaciones deportivas.

 

El momento de las ayudas

La deriva de la situación sanitaria tuvo consecuencias económicas en decenas de entidades deportivas no profesionales. En diciembre, el Club Natació Catalunya, otra de las instituciones decanas de la natación española, anunció que no podía hacer frente a los pagos de sus acreedores por falta de liquidez. Con un pasivo de 1,5 millones de euros, la entidad sufrió por la caída del número de socios: más de mil se fueron, quedando un total de unos 4.000 a principios de diciembre.

 

En Madrid, el gerente del histórico Real Club Canoe, Gregorio García de la Rosa, alertaba en noviembre que “el futuro del deporte de agua está en los socios, si no consigues mantener estas cuotas nadie es capaz de mantener a los equipos”.

 

 

Para el deporte de base, había llegado el momento de recibir ayudas públicas. En Francia, el Gobierno de Emmanuel Macron anunció un plan de ayudas de 400 millones de euros para el sector deportivo para paliar las consecuencias de la pandemia y aseguró que los clubes no tendrían que pagar impuestos hasta final de año, lo que supondría un alivio de 105 millones de euros.

 

En Alemania, el Gobierno de Angela Merkel movilizó 69 millones de euros en ayudas al sector, con una inyección de hasta 800.000 euros por organización (excluyendo clubes de fútbol profesional). Y en Reino Unido el salvavidas al deporte se situó en 300 millones de libras (unos 335 millones de euros). “Los clubes deportivos son el corazón de sus comunidades”, dijo entonces el secretario de Cultura británico, Oliver Dowden.

 

¿Y en España? Las ayudas, vehiculadas por comunidades autónomas o ayuntamientos, han llegado a cuentagotas. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, puso en marcha un plan de 5,7 millones de euros en subvenciones; el de Barcelona movilizó otros tres millones, y la Generalitat catalana inyectó 25 millones de euros en ayudas para paliar los efectos del cierre de las instalaciones motivado por la segunda oleada de la pandemia.

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