LaLiga pone en la venta los derechos de la competición en México para ocho temporadas

LaLiga desafía las recomendaciones de la Cnmc. La patronal ha puesto en venta los derechos televisivos de la competición fuera de España y en función del territorio, el acuerdo será de entre tres y ocho años. “El plazo de comercialización de los derechos, varía dependiendo del territorio en cuestión, oscilando entre tres, cuatro o cinco temporadas, dependiendo de las ofertas que presenten los operadores interesados; la excepción la constituyen México y Centroamérica, para las que la comercialización se realizar por un plazo de hasta ocho temporadas”, explica la comisión.

En el documento de observaciones que se adjunta a la solicitud de informe, la patronal insiste en “la fuerte competencia a la que está sometida la Liga Nacional de Fútbol Profesional (Lnfp) en los mercados internacionales y el largo período de recuperación de su inversión que requieren los operadores eventualmente interesados en estos contenidos audiovisuales, especialmente los de menor tamaño”.

Además, insiste que, en México y Centroamérica, la Lnfp necesita adaptar la duración de sus contratos para no estar en desventaja competitiva puesto que en el caso de México “se suelen negociar contratos de comercialización de contenidos audiovisuales muy extensos”. Las temporadas ofertadas se inician, dependiendo de los territorios, para el período 2022-2023 o 2023-2024, ha avanzado La Información.

Además de los derechos en Centroamérica, LaLiga ha puesto en venta los derechos en Turquía, Vietnam, Corea, Hong Kong, Myanmar, Mongolia, Japón, Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán e islas del Pacífico. En Centroamérica, los derechos se comercializan en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana a partir de la temporada 2024-2025.

LaLiga permitirá que los partidos sean en emitidos en abierto

Al contrario de lo que sucede con las condiciones de comercialización para el ámbito nacional, en este caso se prevé que los contenidos audiovisuales objeto de licitación podrán ser emitidos a través de televisión en abierto o de pago. Los contenidos audiovisuales se comercializan en régimen de exclusividad para cada uno de los territorios.

La Cnmc recomienda en el informe no vinculante “replantearse la propuesta de cinco y ocho años, dependiendo de los países”. “Se ha venido recomendando por esta comisión limitar la duración de este tipo de contratos de cesión en exclusiva de derechos a un máximo de tres temporadas”, asegura la comisión, quien insiste en que “la duración máxima de tres años es la refrendada por las normas de competencia de la Unión Europea y los precedentes nacionales”. “Los contratos de duración superior reforzarán los efectos de cierre del mercado en beneficio de los incumbentes y en detrimento de los que resultarán no adjudicatarios, incluyendo a los potencialmente existentes en los próximos años”, subraya. “Si bien la Lnfp formula una serie de argumentos en favor de esas duraciones tan prolongadas, se recomienda ajustarse, como máximo, al tope de los tres años señalados para favorecer esa mayor concurrencia por parte de operadores no incumbentes y o nuevos entrantes”, sostiene.

La entidad liderada por Javier Tebas considera, si los mantiene en tres años o menos, como hasta ahora, la recaudación de los clubes caería entre un 20% y un 25% y sólo se podría presentar una oferta y que en el caso que se pudiese llevar a cabo la firma de un contrato de cinco años, la compañía que se hiciese con los derechos “podría obtener una mayor rentabilidad”.

Además de Telefónica y Orange, está previsto que para la subasta de los próximos derechos audiovisuales de LaLiga también entren nuevos operadores con fuerza, como es el caso de Dazn y Amazon.

En el informe, la Cnmc señala que Mediapro, entidad encargada de promoverla comercialización de los derechos, no cumple con las normas de competencia y que es contrario a la normativa actual. “El papel de Mediapro en el proceso es opuesto al principio de igualdad de trato en el supuesto de que Mediapro alguna de sus empresas vinculadas se presentase a la licitación, pudiéndose plantear un conflicto de intereses y contrario a lo establecido establecido en el Real Decreto-ley 5/2015”, subraya.