Competiciones

La Justicia belga rechaza suspender la prohibición de la Fifa a los TPO por ahora

M.Menchén

27 jul 2015 - 13:42

El fútbol mundial y, sobre todo, el europeo deberán esperar al pronunciamiento de la Comisión Europea (CE). El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ha rechazado la petición presentada por Doyen Sports Investments y el club belga Seraing United, de suspensión cautelar  de la prohibición de los fondos de inversión (third-party ownership, TPO, en inglés) que ha impuesto la Fifa con el apoyo de la Uefa. "En la decisión aprobada el viernes 24 de julio de 2015, el tribunal sostuvo que los demandantes no habían logrado probar sus acusaciones después de un examen inicial", asegura el gobierno mundial del fútbol.

 

Es decir, que en cualquier caso se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión. "El caso se ha trasladado ahora a la siguiente etapa, donde el sistema jurídico belga analizará toda la extensión de los efectos de la prohibición de la FIFA, con el fin de que se pronuncie sobre la reversión completa de la prohibición impuesta por la Fifa", ha asegurado la compañía, que además de invertir en jugadores también actúa como representa y gestor de derechos de imagen de algunos de ellos.

 

Doyen, uno de los fondos que más activos se había mostrado en la compraventa de jugadores, denuncia que la prohibición de los TPO contraviene la legislación comunitaria y es "desproporcionada en relación con el logro de los objetivos legítimos perseguidos por la introducción de este nuevo regulación, tales como la protección de los jugadores y la integridad del juego". En esta denuncia tienen a favor a La Liga, que junto a la patronal portuguesa han presentado una queja ante la Dirección General de la Competencia de la CE, que aún no se ha pronunciado.

 

Las ligas de España y Portugal organizaron ayer un foro sobre los fondos de inversión.
Las ligas de España y Portugal organizaron en abril un foro sobre los fondos de inversión.

 

Sus argumentos se basan en que prohibir a un club compartir los derechos económicos con un tercero infringe el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la prohibición de acuerdos anticompetitivos y el artículo 102 del TFUE sobre el abuso de posición dominante de la Fifa, así como de otras libertades fundamentales de la UE. La Fifa, por su parte, ha aprovechado la decisión judicial para "reiterar su confianza en la legalidad de la prohibición de los TPO, que es indispensable para preservar la independencia clubes y jugadores y de velar por la integridad de los partidos y competiciones".

 

FIFPro, el sindicato transnacional de futbolistas, ha estado al lado de la Fifa y la Uefa en todo este proceso, sosteniendo que si bien la actividad de estos fondos de inversión es de naturaleza financiera, principalmente tiene consecuencias de carácter puramente deportivo.

 

Nélio Lucas, director general de Doyen, ha defendido en los últimos meses que ellos no tienen "ninguna relación contractual con los jugadores, todo lo que hacemos es proporcionar préstamos, como hacen los bancos, a los clubes de fútbol. Es por esto que llamamos nuestro modelo TPI (third-party investment) y no TPO: En ningún caso detenemos los jugadores de fútbol o sus derechos económicos". La empresa está siendo asesora por Jean-Louis Dupont, del bufete Roca Junyent, y Martin Hissel, de Elegis.

 

En España, alguno de los clubes que han contado con el apoyo de esta firma para realizar fichajes son Atlético de Madrid y Sevilla FC, que han defendido públicamente el papel de Doyen. Sin embargo, y a la espera de un pronunciamiento de la CE, esta fórmula está prohibida en todo el mundo desde el 1 de mayo de 2015. En España aún no se ha ratificado la transposición de este reglamento que ha realizado la Real Federación Española de Fútbol (Rfef), ya que el Consejo Superior de Deportes (CSD) estaría alineado con La Liga esta cuestión.

 

El organismo presidido por Miguel Cardenal encargó un informe no vinculante a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que se ponía en duda el encaje legal de esta prohibición. "Parece vulnerar principios normativos básicos recogidos por las más altas instancias nacionales y de la Unión Europea", advierte el documento.