La fina línea entre público y privado en la organización de competiciones deportivas

¿Quién decide cuándo una regla del juego es legal o no? ¿Puede un Gobierno interferir en las decisiones que se adoptan en la organizadora de un torneo internacional? Son algunos de los interrogantes que surgieron ayer en el tercer Encuentro LaLiga de Derecho del Deporte, que organiza la Fundación del Fútbol Profesional; en el mismo, se evidenciaron algunas incongruencias del modelo actual.

“La relación ente deporte y justicia fue siempre conflictiva y más ahora, que está en otra órbita a nivel económico”, apuntó Tomás Ramón, catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid y uno de los ponentes en la sesión de ayer. Y la fuente de conflicto radica en el hecho de que “el deporte es un ordenamiento jurídico por sí mismo, ya que es un grupo organizado con unas reglas”, recordó.

O mejor dicho, en el momento en el que ese ordenamiento jurídico del que se dotan organizaciones como la Uefa, la Fifa o el COI entra en conflicto con la legislación estatal o supranacional. Cualquiera podría pensar que los gobiernos tienen más poder, pero lo cierto es que, como apuntó Ramón, “el caso Bosman fue la primera vez en la que la Uefa tuvo que retroceder y aceptar la primacía del ordenamiento general”.

Aquella polémica dejó entrever que sólo es posible imponer la legislación general respecto a la de la organización concreta cuando existe unanimidad entre los países donde se desarrolla la competición. “Aquí la Justicia nacional tiene poca importancia y escasa aplicación”, recordó, algo que se puede apreciar hoy con España y Portugal como los únicos países que tratan de demostrar que la prohibición de los fondos de inversión en el fútbol.

Esta problemática sector público-privado fue analizada también por Ignacio M. Martín, socio del bufete Cazorla Abogados y quien expuso la compleja situación que atraviesa la organización de carreras de caballos en España. Todo ello, fruto de “la indeterminación del concepto modalidad y especialidad”, que ha hecho que el Consejo Superior de Deportes (CSD) no haya reconocido las carreras como deporte y por lo tanto exista un vacío legal sobre qué normas prevalecen en la celebración de las mismas y quién tiene la potestad.

Uno de los actores clave en el ámbito jurídico-administrativo de este sector es el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), sobre cuya próxima reforma habló Alberto Palomar, director de estos encuentros y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III. Sobre la misma, uno de los aspectos que en su opinión deberían mejorarse es la posibilidad de que la adopción urgente de medidas cautelares pueda tomarse por un quórum de una persona, frente a las tres que exigiría un caso sin premura. “En el deporte todo acostumbra a ser urgente”, recordó.

Por último, Antonio V. Sempere, catedrático del Derecho del Trabajo por la Universidad Rey Juan Carlos repasó sentencias recientes que afectan al sector, especialmente a las relaciones laborales entre deportistas o preparadores con sus respectivos clubes. En ese repaso se evidenció nuevamente la disparidad de criterios a la hora de evaluar la relación laboral en el deporte.