El Tribunal de Cuentas da por ‘limpia’ a LaLiga y advierte del riesgo de recuperar la deuda tributaria en Segunda B

El fútbol español está consiguiendo dejar a cero su deuda histórica con la Agencia Tributaria, pero además está consiguiendo que su aportación a las arcas del Estado crezca. Un informe del Tribunal de Cuentas revela que los compromisos pendientes de pago por parte de los clubes han bajado de 634,7 millones de euros en 2010 a 217,75 millones de euros a cierre de 2017. En este periodo, el pago anual de impuestos ha pasado de 300 millones a más de 1.000 millones de euros.

El estudio atribuye esta mejora al aumento de ingresos, pero también a la restricción de los aplazamientos de los que venían gozando muchos equipos en el pasado. Y confirma una situación que LaLiga viene defendiendo desde hace meses: “En los últimos años la deuda tributaria de los clubes de fútbol se puede considerar, más que un problema del sector, un problema de insuficiencia financiera de determinadas entidades concretas”.

“Esta deuda permaneció estancada por encima de los 600 millones de euros hasta 2014, y este año comenzó una disminución constante hasta la actualidad”, señala el organismo fiscalizador. Esta fecha no es casual, ya que corresponde a un año después de la implantación del control económico de LaLiga y es el ejercicio previo al nuevo ciclo audiovisual que ha supuesto el principal elemento de saneamiento de las finanzas de los equipos de fútbol.

Muestra de ello es que el grueso de la reducción de los compromisos tributarios corresponde a equipos de Primera y Segunda División. En el primer grupo hay 20 clubes fiscalizados, cuya deuda ha pasado de 417,4 millones en 2010 a 55,4 millones en 2017; en el segundo hay 22 entidades, con una deuda que ha bajado de 163,8 millones a 73,82 millones de euros. El problema está en Segunda B y categorías inferiores, adonde han sido relegados muchos clubes profesionales por sus incumplimientos. En este ámbito, la deuda de hecho sube, de 53,5 millones a 88,5 millones, según el informe hecho público hace unos días y dado a conocer por Europa Press.

“Las mayores dificultades de cobro de la deuda tributaria empezaba a localizarse en las categorías inferiores”, constata el Tribunal de Cuentas. El problema del fútbol aficionado crece si se tiene en cuenta que 19 de los clubes con deudas se encontraban en periodo ejecutivo, es decir, que estaban en situación de poder ser embargados por no pagar a tiempo. De hecho, sólo nueve de ellos se encontraban en periodo voluntario de pago y el resto, hasta 57, tenían deudas tanto vencidas como no.

En las categorías no profesionales hay cinco entidades deportivas con deudas superiores a diez millones de euros, y el riesgo es que todos ellos estaban en concurso de acreedores, embargados y en una “situación más difícil para sobrevivir”. “Aunque los clubes importantes son los que generan mayores impuestos, al final del periodo fiscalizado las dificultades de cobro de la deuda tributaria se localizaban en las categorías inferiores y en clubes concursados y en liquidación”, corrobora el Tribunal de Cuentas.

El organismo señala que una muestra clara de que habría casos irresolubles es que “un total de 117 aplazamientos vigentes, en el periodo temporal objeto de fiscalización, fueron incumplidos”, lo que representa algo más de las mitad de los aplazamientos que se concedieron. ¿La razón? “Principalmente, por la generación de una nueva deuda o el impago de los vencimientos establecidos en los mismos, cuestionando la eficacia”, señala. “En determinadas ocasiones, se ha observado el incumplimiento de las condiciones de pago establecidas en la concesión del aplazamiento, sin que por parte de los órganos recaudadores de la Tesorería General de la Seguridad Social se haya ejecutado la garantía”, crítica.

En el caso de la Agencia Tributaria, el Tribunal de Cuentas considera que se “debería valorar la oportunidad y utilidad de continuar haciendo un seguimiento específico sobre la deuda tributaria de los clubes de fútbol”. En el caso de la Seguridad Social, insiste en que tiene que “incrementar la exigencia en la constitución de garantías por los responsables del pago de la deuda y analizar, de forma restrictiva, la concesión de aplazamientos sobre la misma, dado el elevado porcentaje de incumplimientos efectuados”.