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El ‘ticketing’ de LaLiga y ACB busca fórmulas para proteger un negocio de 490 millones del coronavirus

Las dos competiciones buscan fórmulas para mitigar el impacto que tendrá jugar a puerta cerrada en una línea de ingresos que mueve en torno 3,5 millones en taquilla por jornada sólo en el fútbol.

11 Mar 2020 — 04:59
Marc Menchén
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El ‘ticketing’ de LaLiga y ACB buscan fórmulas para proteger un negocio de 490 millones del coronavirus

 

 

Escuchar el golpeo de balón con nitidez, e incluso los improperios que se lanzan los jugadores durante cada lance del partido. No es una situación habitual y resta mucho atractivo a cualquier retransmisión, pero la realidad es que esa imagen es la única que puede permitirse el deporte profesional para mitigar el impacto económico de las medidas de precaución para combatir el coronavirus. Y eso que renunciar al ticketing ya pone en jaque un negocio de 490 millones de euros anuales sólo en LaLiga y la ACB, según datos recopilados por Palco23.

 

El impacto real que tendrá la decisión del Gobierno de jugar a puerta cerrada dos jornadas es muy difícil de cuantificar. Todavía quedaban días para la venta de entradas y la pérdida de ingresos variará mucho en función de los clubes y cuántos partidos como local iban a jugar, o si en alguna de esas citas tenía previsto recibir a los clubes con más tirón, como el FC Barcelona o el Real Madrid.

 

De momento, los únicos en mojarse han sido los blaugranas, que han cifrado en seis millones de euros el importe que dejará de percibir por la clausura del Camp Nou en el partido de cuartos de final de la Champions League contra el SCC Nápoles. En la Bundesliga, el Borussia Dortmund ha admitido que dejará de facturar entre 2,5 millones y 3 millones de euros, una cifra que en LaLiga Santander sólo podría asimilarse a la actividad que mueven Barça, Madrid o Atlético de Madrid.

 

 

 

 

En el resto de clubes, la cifra es muy dispar, aunque existe cierto consenso en que los ingresos medios de un equipo de LaLiga Santander pueden ser 40.000 euros aproximadamente, cifra que puede ser superior en algunas citas. En el caso de LaLiga SmartBank, la distorsión es mucho mayor, pues la cifra puede estar entre 3.000 euros y 15.000 euros por partido, según se desprende de las cuentas anuales de AD Alcorcón y Real Zaragoza, que son los que tienen menor y mayor implantación social en la categoría.

 

En todos los despachos del fútbol español se apresuraban ayer a diseñar planes de contingencia para reducir el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno, que dejarán en casa a más de 450.000 personas cada fin de semana. Y nadie tiene del todo claro cómo hacerlo, si bien los expertos y algunos directivos en privado asumen que sólo se podrá compensar a quienes compraron entrada, mientras que la solución para los abonados será más compleja.

 

Por ejemplo, fuentes del Barça señalan que sólo contemplan devolver el dinero a aquellos espectadores puntuales que hayan comprado una entrada para el duelo contra el Nápoles o el CD Leganés. La SD Eibar, por el contrario, comunicó ayer que reembolsará el dinero de las 1.112 entradas expedidas para el derbi contra la Real Sociedad, mientras que a los abonados les devolverá la cuota extra que pagaron por los duelos contra los donostiarras y el Athletic Club.

 

“Si la causa proviene de una orden de la administración pública correspondiente (estatal, autonómica o local), podría considerarse que estamos ante una causa de fuerza mayor, por lo que no procedería la devolución de importe alguno”, señala Kepa Larumbe, director de Derecho Deportivo de BDO. Es decir, que las entidades podrían no atender las reclamaciones de ningún aficionado, algo que de momento no se contempla.

 

 

 

 

 

Esta situación supondría todo un alivio para las entidades deportivas, pues en realidad esa interpretación les eximiría incluso compensar al comprador de un pase individual, asumiendo eso sí el daño reputacional. “Las entradas y los abonos están normalmente sujetos a unas condiciones generales que prevén el no reconocimiento de compensaciones en caso de que el partido evento no se dispute o se dispute en fecha distinta, sea por causa de fuerza mayor o sanción disciplinaria (causas no imputables al club)”, recuerda Larumbe.

 

Dicho de otra manera, no es el mismo escenario el actual que el que se abrió cuando el Barça decidió jugar a puerta cerrada el 1 de octubre de 2017 en protesta por las cargas policiales durante el referéndum de independencia de Cataluña que el Gobierno había vetado. Tampoco lo sería si un club o competición se hubiera anticipado y decretar la celebración de partidos a puerta cerrada antes que lo ordenara la Administración.

 

“En caso de que el supuesto de hecho no tenga su origen en una decisión de la autoridad pública, es decir, que se trate de una decisión del propio club o de la Federación o Liga, consideramos que no estaríamos ante una causa de fuerza mayor, por lo que cabría plantear reclamaciones contra la entidad que haya adoptado la decisión”, añade el abogado, que fichó por el despacho hace un año tras abandonar la Real Federación Española de Fútbol (Rfef).

 

 

 

 

Esta interpretación permite proteger sobre todo el negocio principal del día de partido, que son los abonados. Los cobros de estas cuotas a principio de cada temporada alcanzaron 296,6 millones de euros en 2017-2018, un 10,3% más respecto al ejercicio anterior. La previsión para 2018-2019 era superar los 300 millones de euros, gracias a que la implantación social conjunta se ha consolidado por encima de los 920.000 seguidores entre LaLiga Santander y LaLiga SmartBank.

 

Algunos clubes admiten que deben medir bien el coste reputacional de no hacerlo dentro de sus respectivas comunidades. En este sentido, Guillermo Zulategui, abogado de Senn Ferrero, señala que, si bien la intepretación de la legislación puede ser discutible sobre la devolución de la parte proporcional de los abonos si se considerase como causa de fuerza mayor, “los clubes y entidades deportivas deben tomar una decisión unánime que esté amparada por LaLiga”.

 

El impacto económico, pues, está en los ingresos por competiciones oficiales nacionales, que es como se denomina técnicamente al ticketing. Esta actividad generó 160,7 millones de euros en 2017-2018, un 5% más, y es la que se vería resentida por el coronavirus. De hecho, es probable que sus consecuencias rompan la posibilidad de batir por primera vez el objetivo de los 15 millones de espectadores acumulados, que iba a ritmo de cumplirse al cierre de febrero, cuando la asistencia subía un 2,8% interanual. Una media por jornada daría como resultado 3,5 millones de euros por jornada, si bien la realidad es que el importe varía mucho en función de qué equipos juegan como local y a quienes reciben.

 

 

 

 

El cálculo es mucho más complicado en el caso del baloncesto, pues las estadísticas del Consejo Superior de Deportes (CSD) no desglosan el peso de la taquilla general dentro de los ingresos por día de partido. Se trata de un negocio que en la última década prácticamente se ha doblado, alcanzando 30,3 millones de euros en 2017-2018, un importe del que algunos clubes de la ACB señalan que menos de un tercio corresponde a pases individuales.

 

El Barça, por ejemplo, factura dos millones de euros por el ticketing del Palau Blaugrana, que incluye la sección de baloncesto, pero también los equipos profesionales de Asobal, Lnfs y OK Liga; a esta cifra, añade algo más de un millón por abonados. El Real Madrid, por su parte, supera los cinco millones entre abonos y entradas por el baloncesto, mientras que Kirolbet Baskonia obtiene dos millones por socios y casi un millón en pases puntuales.

 

“Apenas se vende entradas puntuales por partido, así que no tendrá un gran impacto”, admiten desde un club de media tabla de ACB. De hecho, equipos como Movistar Estudiantes o Joventut de Badalona rondan los 10.000 euros de media por encuentro como local en taquilla, es decir, descontados los abonados. El problema, eso sí, es que los costes de abrir el recinto son los mismos, por los que se estrecharían aún más los márgenes. Y eso, en competiciones que ya viven en el alambre, sería un golpe duro.

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