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El tenis se rearma para dar un ‘revés’ al avance de los amaños

El panel independiente de revisión ha publicado un informe en el que señala a las apuestas como el principal origen del amaño de partidos, y en el que aconseja a las principales organizaciones del deporte de la raqueta atacar este problema desde sus raíces.

17 Abr 2019 — 04:58
Aitor Rus
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El panel independiente de revisión ha publicado un informe en el que señala a las apuestas como el principal origen del amaño de partidos, y en el que aconseja a las principales organizaciones del deporte de la raqueta atacar este problema desde sus raíces.

 

 

El amaño de partidos se ha instalado como amenaza del deporte en los últimos años. La sombra de la duda sobrevuela también el tenis, uno de los deportes más afectados por esta lacra. Las alertas por amaños de partidos se han multiplicado por seis en la última década y han pasado de 63 casos en 2009 a 398 en 2018, y los rectores de este deporte han intentado definir la fórmula para dar un ‘revés’ a este problema.

 

El Independent Review of Integrity in Tennis, un informe publicado por el panel independiente de revisión (IRP), creado en 2016 por la ATP, WTA, ITF y los cuatro Grand Slam, sitúa en 2012 el origen del problema, después de que la Federación Internacional de Tenis (ITF) llegara a un acuerdo con SportRadar, una multinacional suiza dedicada a la recopilación y análisis de datos deportivos que presta servicios a las casas de apuestas. El acuerdo, que se renovó en 2015 por un valor de 70 millones de dólares (64,3 millones de euros), hizo que decenas de miles de partidos estuvieran disponibles para apostar, entre ellos encuentros de torneos Futures o Pro Circuit, también llamados torneos 15k (15.000 dólares, la escala más baja del circuito).

 

Según el estudio, en 2009 los torneos Futures generaron cero alertas de amaños de partidos. Esta cifra ha ido aumentando año tras año hasta alcanzar los 287 en 2018, llegando a representar un 72% del total de los avisos en esa misma temporada. Los torneos de nivel medio, llamados ATP Challenger, también se han visto afectados por estas irregularidades. Las alertas en este rango han aumentado desde las 17 de hace diez años hasta las 76 (19% del total) que se registraron en 2018. Este tipo de anomalías también han conseguido penetrar en los torneos de máximo nivel. El resto de las competiciones del ATP Tour despertaron 19 veces las luces de alarma (5% del total), mientras que en los Grand Slam, los torneos de mayor prestigio, se produjeron 16 avisos (4% del total).

 

 

 

 

En esta línea, las recomendaciones del IRP apuntan directamente a las apuestas e insta a la ITF suspender su acuerdo de suministro de datos, estadísticas y marcadores oficiales para los tornes Pro Circuit. Las medidas no terminan aquí, ya que el grupo de trabajo anima a los gestores de los Grand Slam a no aceptar a las casas de apuestas como patrocinadores.

 

Los jugadores que compiten en este tipo de eventos son los que están más expuestos a participar en la manipulación de partidos. En 2014, otro estudio realizado por la ITF publicó que el coste medio de jugar al tenis de manera profesional era de 38.800 dólares (34.429 euros) y 40.180 dólares (35.654 euros) para hombres y mujeres, respectivamente. Los tenistas que compiten a este nivel no alcanzan a cubrir estos gastos con los premios que se otorgan en los torneos Pro Circuit, por lo que su precariedad les lleva a veces a sucumbir ante el dinero que pueden acabar ganando por los amaños de partidos y las apuestas, paliando así este desequilibrio entre ingresos y costes.

 

De este modo, el informe pone la lupa sobre las condiciones de los tenistas del circuito en estas competiciones y subraya la importancia de llevar a cabo una reestructuración de los torneos de este nivel que conlleva modificaciones en el sistema de puntos del ránking, cambios en los calendarios, pero, sobre todo, el aumento de dinero en los premios de estos torneos para mejorar las condiciones económicas de los jugadores que no verían la necesidad de buscar otras vías de financiación a través de los amaños de partidos. Y así se hizo, con una serie de modificaciones que han entrado en vigor este año.

 

 

 

 

Muchos de los jugadores que compiten en estos niveles inferiores han experimentado de primera mano intentos de ser comprados y de facilitar información de interés para los apostantes, según relata el informe. Esto se debe a la falta de seguridad y controles en las instalaciones que facilitan el acceso a prácticamente casi cualquier persona. Este hecho hace necesario, según el IRP, crear un sistema de acreditación apropiado, así como el aumento de personal de seguridad en las pistas para restringir el acceso a las instalaciones de los eventos a personas que puedan tentar o acosar a los jugadores para manipular partidos o facilitar información de interés para los apostantes.

 

Otro de los ejes fundamentales de Independent Review of Integrity in Tennis, gira en torno a la unidad de integridad del tenis (TIU), la organización responsable de investigar los amaños y de imponer multas y sanciones a los implicados. El acuerdo entre la ITF y SportRadar aumentó considerablemente la cantidad de partidos disponibles para apostar. Esto ha acabado por desbordar a esta unidad de integridad, a la que el IRP insta a aumentar su volumen de empleados y remarca la importancia de incorporar personal especializado en el análisis de apuestas en sus equipos de investigación para poder atajar este problema.

 

Desde su creación en 2008, la TIU no ha estado sujeta a una supervisión adecuada de sus prácticas y métodos, por lo que el informe apunta la necesidad de crear un consejo de supervisión que controle de manera independiente la actividad de esta unidad. Esta supervisión deberá ir, además, acompañada de una mejora en la transparencia de los procesos disciplinarios que incluyan la publicación de los procedimientos y resultados, así como auditorías anuales y externas. Sin embargo, esta batería de medidas no se podrá llevar a cargo si la cooperación de todos los organismos internacionales, las autoridades nacionales y los propios órganos rectores del tenis.

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