El Gobierno sobre la venta de los derechos de TV: "La LFP tampoco lo ha tirado adelante"

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) decide mañana en asamblea general si va a la huelga por el retraso del Gobierno en la aprobación del Real Decreto que fije la venta centralizada de los derechos de televisión, pero hoy el Ejecutivo ha querido ser tajante ante la amenaza real de que el balón deje de rodar un fin de semana.

"La LFP tampoco lo ha tirado adelante", ha señalado hoy Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), en referencia a que si el Gobierno interviene ha sido por la incapacidad de los clubes de ponerse de acuerdo y acabar recurriendo al Gobierno.

En el resto de las grandes ligas europeas se han alcanzado acuerdos dentro de las propias patronales de clubes en colaboración con las respectivas federaciones, pero la negociación en España ha estado marcada desde el principio desde la desconfianza. De hecho, uno de los principales argumentos para solicitar que sea el Gobierno el que decrete la venta centralizada es el recelo a que un cambio de mayorías dentro de la LFP pudiera dar al traste con la venta centralizada.

Cardenal ha insistido en que se trata de una "norma compleja y con muchos condicionantes", en la que no sólo deben reflejarse los intereses de los clubes, sino también de la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) y de los propios operadores de televisión. " No tenemos el tema aparcado y seguimos trabajando en ello", ha enfatizado el alto cargo del Gobierno, que en un primer momento se comprometió a tener el Real Decreto aprobado a principios de año.

Cardenal ha asumido que la reclamación de la LFP, especialmente de los clubes más modestos, "es una demanda legítima para que sea una competición fuerte". Sin embargo, no ha querido volver a fijar una fecha límite para la aprobación de la venta centralizada de derechos. Ello supone un quebradero de cabeza para los candidatos a adquirirlos, conscientes de que la Premier League ya ha empezado a comercializar sus retransmisiones en el extranjero.

Este retraso podría provocar que finalmente no se alcance el objetivo de lograr 1.000 millones de euros por este concepto, frente a los 850 millones que actualmente se embolsan. Más allá de la merma de ingresos que pueda suponer la menor capacidad económica de los operadores internacionales tras comprar los paquetes de otras ligas, lo cierto es que la principal lacra sigue siendo la piratería en España y que anualmente resta 227 millones de euros en ingresos a los clubes.