2021: El año en que el CSD estuvo más presente que nunca en el negocio del deporte

Especial 2021: un año para volver

 

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha tomado un papel más protagonista en que nunca el año posterior al estallido del Covid-19. La administración ha estado en boca de todas las federaciones, clubes y deportistas españoles durante un año en el que se han producido infinidad de movimientos en el seno del deporte español.

 

La presidenta del organismo en el arranque del año, Irene Lozano, apenas estuvo un año al frente del CSD antes de que dejase la Secretaría de Estado para el Deporte para poner rumbo a la política madrileña. Su relevo, José Manuel Franco, también tiene un marcado perfil político. Franco era secretario general de la Agrupación Socialista Madrileña y diputado en el Congreso de los Diputados antes de acceder al cargo.

 

En 2021, con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de por medio, el deporte español contó con una partida de 251,2 millones de euros, para “proteger el tejido social del deporte, que pasa por un momento complicado”, según argumentaba Lozano.

 

Por otro lado, dos de las competiciones deportivas más relevantes en España, la ACB y la Asobal, pidieron al CSD un rescate debido a la merma de ingresos por la ausencia del público en sus estadios y pabellones, consecuencia de la crisis sanitaria originada por la pandemia del coronavirus. En un agitado año para la política deportiva del Gobierno, el CSD pasó de puntillas por el conflicto entre LaLiga y tres clubes históricos como Real Madrid, FC Barcelona y Athletic de Bilbao por la oposición de estos últimos al acuerdo de la competición con CVC para la venta de parte de su negocio.

 

Por último (y no menos importante), el Gobierno trabajó durante todo el año en la creación de una nueva Ley del Deporte, para sustituir a la aprobada en 1995 y con el nuevo objetivo de actualizar la situación jurídica de la actividad física y el deporte dentro de las competencias que ostenta el Estado y adaptar la regulación a los nuevos tiempos.

 

Cambio de cromos

Sin previo aviso y por sorpresa. De este modo abandonó Lozano el CSD tras apenas un año al frente del organismo, y pasando a ocuparse de Regeneración, Libertades y Auditoría Democrática de la candidatura del PSOE de la Comunidad de Madrid, que lideraba Ángel Gabilondo.

 

Durante su corto mandato, la ex de UPyD tuvo como principal misión acordar en 2020 los detalles para el regreso de LaLiga tras el parón del primer estado de alarma (un acuerdo que se saldó con una mayor aportación económica por parte del organismo que preside Javier Tebas) y en 2021 liderar la redacción de un protocolo para la vuelta de las competiciones no profesionales.

 

En este sentido, Lozano tuvo que trabajar con distintas alternativas para garantizar el regreso de aficionados y practicantes de forma segura, en un entorno de incertidumbre que sobrevolaba en España sobre la incidencia de la tercera y cuarta ola de coronavirus, que se acabó dando a principios de año.

 

La ejecución de las propuestas de Lozano sembró una lucha entre el propio organismo, las federaciones de deportes no profesionales y las comunidades autónomas. El conflicto se extendió hasta el Congreso, dónde el Partido Popular reclamó la dimisión de la Secretaria de Estado para el Deporte alegando que “ha estado más pendiente de las fotos que en resolver la crisis del Covid-19 en el deporte”.

 

El principal punto de disputa entre el CSD, las federaciones y las comunidades era la necesidad de realizar pruebas PCR a los deportistas antes de los encuentros de las competiciones nacionales, una aspiración que estaba en los primeros borradores presentados por el organismo a las otras partes.

 

La medida hubiera supuesto un gran desembolso por parte de las federaciones, las cuales no estaban dispuestas a realizar.

 

En apenas cinco años, el Consejo Superior de Deportes ha tenido cinco presidentes distintos, exponiendo así un problema en cuanto a planificación deportiva para el país a largo plazo

 

Apenas cinco días después de que Lozano presentase su dimisión, José Manuel Franco fue el escogido para ser el nuevo Secretario de Estado para el Deporte, siendo así el quinto mandatario del CSD desde 2016, después de Miguel Cardenal, José Ramón Lete, María José Rienda y la propia Lozano, dando al organismo una imagen inestable porque las propuestas de liderazgo en el sector deportivo español se iban intercambiando año a año, sin llevar un periodo continuista y a largo plazo.

 

Para apoyar el trabajo de Franco, el ejecutivo fichó como director general al ex responsable de secciones del FC Barcelona, Albert Soler, después de salir del club con la llegada de Joan Laporta a la presidencia de la entidad. Soler regresó al cargo en el que fue nombrado en 2008, cuando desempeñaba sus labores junto al presidente del CSD por aquel entonces, Jaime Lissavetzky, antes de que este se presentara como candidato a la alcaldía de Madrid. En 2011, Soler ejerció temporalmente como secretario de Estado para el Deporte y presidente del CSD.

 

Presupuesto récord

A finales de 2020, después del aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que finalmente se celebraron en verano de 2021, el Consejo Superior de Deportes presentó un presupuesto de 251,2 millones de euros para la promoción del deporte nacional y la recuperación del sector deportivo en España. Es el presupuesto “más alto de la década”, después de que el sector se viera duramente castigado por los cierres en como consecuencia del avance la pandemia del coronavirus.

 

En total, el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021 destinó al deporte 260,6 millones de euros (incluyendo 9,4 millones para la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (Aepsad)), lo que supuso un 95% más respecto al 2016, el anterior año olímpico.

 

Asimismo, el CSD aumentó las partidas para los distintos comités olímpicos españoles con el objetivo de que pudieran tener mejor preparados físicamente a sus atletas y regresaran con medalla. Finalmente, España terminó asegurándose un total de 17 metales.

 

El Comité Olímpico Español (COE) recibió 4,7 millones de euros en el año olímpico, mientras que el Comité Paralímpico Español (CPE) recibió 1,9 millones de euros, 1,5 millones más que en 2020.

 

“Desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 nunca se había hecho una apuesta tan firme y sólida por el sector deportivo”, señaló Lozano cuando se presentaron los presupuestos de 2021 del CSD.

 

Al rescate de ACB y Asobal

El CSD ha tenido otro gran asunto en los últimos doce meses por las peticiones de rescate a cargo de las ligas profesionales de baloncesto y balonmano, a las que finalmente accedió recurriendo a parte de los fondos adicionales comprometidos por LaLiga en los llamados Pactos de Viana.

 

La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) como la Asociación de Clubes de Balonmano (Asobal) se pusieron en contacto de forma urgente con el organismo dependiente del Gobierno para reclamar una ayuda excepcional para evitar la quiebra de los clubes que conforman las competiciones y asegurar así la viabilidad de ambos torneos nacionales.

 

Ambas entidades alagaban que sus ingresos se habían resentido con fuerza como consecuencia de la paralización de las competiciones deportivas durante el transcurso de los primeros meses de pandemia y la posterior vuelta a la práctica deportiva sin la posibilidad de acoger aficionados en las gradas de los estadios y pabellones por la seguridad de los aficionados. Ante esta paralización, la viabilidad de la gran mayoría de estos clubes fue puesta en jaque, ya que la venta de entradas es una partida que representa entre el 20% y el 50% de los ingresos de los equipos, aunque puede incluso ser mayor en los conjuntos de menor tamaño social.

 

“El problema que tenemos en el baloncesto es que siempre se nos compara con el fútbol, y no tenemos nada qué ver: en el fútbol con la televisión pueden tirar, a nosotros los ingresos audiovisuales no nos compensar el golpe en absoluto”, comentaba al respecto un ejecutivo del sector.

 

Como consecuencia, los clubes de ambas competiciones trabajaron con dos presupuestos distintos para poder anticipar la caída de ingresos del ticketing y matchday, ya que, debido a la evolución de la pandemia en España, hubo una reapertura de estadios y pabellones, si bien en la ACB y la Asobal fue más tardía y con menor número de espectadores.

 

A finales de junio, el Gobierno eliminó las restricciones que pesaban sobre competiciones necesitadas de su público como la ACB. “Volvemos a la normalidad en cuanto a la afluencia de público para el comienzo de la liga de fútbol y de la ACB”, recalcó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciando que, para la temporada 2021-2022, las gradas volverían a estar llenas y los clubes podrían recuperar su partida por ticketing.

 

Como consecuencia de la crisis generada por el Covid-19 y el posterior cierre de estadios y pabellones, el CSD tuvo que acudir al rescate de competiciones de primer nivel en España como la ACB y la Asobal con doce millones de euros

 

El levantamiento de las restricciones fue progresivo, comenzando en mayo, cuando CSD autorizó el regreso de los aficionados en las eliminatorias de ascenso del baloncesto profesional, aunque con limitación de aforo.

 

En España se disputaron competiciones relevantes como la fase de grupos de la Euro 2020 en La Cartuja de Sevilla, con un máximo de aforo del 30%, después de que la Uefa y las autoridades de Bilbao no llegasen a un acuerdo para acoger aficionados en San Mamés, el estadio donde inicialmente se iban a llevar a cabo los encuentros de la Selección Española de fútbol para el torneo.

 

También se disputó la final de la Copa del Rey en el recinto andaluz, si bien por recomendación de las autoridades sanitarias, el CSD aconsejó que para aquel encuentro no hubiesen espectadores en las gradas, lo que incluía también la imposibilidad de que acudiesen al encuentro los familiares de jugadores.

 

A finales de septiembre, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) acordó que en los pabellones de la ACB no hubiese restricción alguna de aforo, si bien se reforzó la vigilancia del cumplimiento de la obligatoriedad del uso de mascarilla y el respeto a las indicaciones sanitarias como la prohibición de comer y fumar en el evento para mantener la seguridad de los espectadores.

 

A pesar de apoyar competiciones deportivas y centros como los de Alto Rendimiento (CAR), el organismo excluyó a los gimnasios de las ayudas de 300 millones de euros que el Gobierno iba a destinar para la recuperación del deporte a través de los fondos europeos.

 

Para tratar de revertir la situación, la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (Fneid), patronal que aglutina los intereses de los centros deportivos y gimnasios en España, trató de mediar para que este cambiase de idea, pero no tuvo éxito.

 

Nueva ley del deporte

Después de más de dos años de trabajo en un borrador de anteproyecto de ley del deporte, en junio el CSD sacó a exposición pública el borrador del documento, en el que se aborda las nuevas realidades del mundo del deporte e introduce avances en materia de igualdad, deporte inclusivo, gobernanza en las entidades deportivas.

 

En la nueva normativa se contemplan medidas que fomentan la paridad en los órganos de dirección, gobierno y representación de las entidades deportivas; estableciendo así un porcentaje mínimo de participación del 40% para las mujeres de manera obligatoria.

 

En el apartado de las federaciones deportivas y las ligas profesionales, las entidades deportivas que participen en las diferentes competiciones, incluidas las profesionales, no tendrán la obligación de convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), como ha ocurrido recientemente con la UD Ibiza o la SD Amorebieta, que han ascendido al fútbol profesional este último curso.

 

Además, la nueva norma limita la concentración de derechos económicos por parte de las ligas profesionales de competiciones sobre las que no tengan la condición de organizador, una medida que afecta a la OTT de LaLiga, que apoya económicamente a otras federaciones deportivas con la condición de que inviertan esos recursos en el servicio de streaming de sus competiciones.

 

Las federaciones deportivas, que tienen en las aportaciones del CSD una partida relevante en sus presupuestos, tendrán la obligación de crear una comisión de control económico independiente dentro de sus estructuras. El objetivo de estos entes será poner en conocimiento de las autoridades posibles irregularidades financieras.

 

Durante el trancurso del año, el organismo terminó de encarar el anteproyecto de la nueva Ley del Deporte, cuya “normativa debe ser actualizada”, según dijo José Manuel Franco

 

Finalmente, el consejo de ministros aprobó el anteproyecto de ley del deporte a mediados de diciembre y lo remitió al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. Una de las últimas novedades introducidas por el Gobierno fue dar luz verde a los clubes de fútbol que no son Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), es decir, Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y CA Osasuna, a fijar el importe de los avales que deben depositar ante LaLiga los miembros de sus juntas directivas para asegurar la solvencia patrimonial de estas entidades ante posibles pérdidas económicas en el transcurso de su gestión.

 

La UE, motor del presupuesto de 2022

El CSD verá en 2022 las arcas más llenas gracias al impulso de los fondos europeos. De hecho, hasta un tercio del presupuesto total del organismo español para 2022 provendrá de fondos aportados por la Unión Europea, es decir, 108 millones de euros de un presupuesto total de 314,8 millones de euros.

 

Con cargo a esos 107,99 millones de euros de créditos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es la estrategia del Gobierno para canalizar los fondos destinados por la Unión Europea (UE) a reparar los daños provocados por la crisis del Covid-19, se financiará el Plan de Fomento del Sector del Deporte, que incluye medidas dotadas con financiación.

 

Entre estos planes, se incluye el de digitalización del sector del deporte, dirigido a modernizar la gestión de las federaciones deportivas, los centros públicos de medicina del deporte o la lucha contra el dopaje, a la que se destinarán 36,6 millones de euros.

 

Otra de las actuaciones, en la que se invertirán 39,42 millones de euros, es el Plan de Transición Ecológica de Instalaciones Deportivas, que incluirá la modernización de los tres Centros de Alto Rendimiento (Madrid, Sierra Nevada y León) y los centros de las comunidades autónomas, así como una red de promotores de la actividad física en zonas rurales.

 

El CSD aprovechará las ayudas que proporcionará la Unión Europea a los países miembro para modernizar instalaciones de Alto Rendimiento o recuperar parte del negocio perdido por el Covid-19

 

La tercera actuación en el ámbito del deporte dotada con fondos europeos es el Plan Social del Sector Deportes, al que se aportarán 31,97 millones de euros en actuaciones como la internacionalización del deporte y promoción de la igualdad de género en este ámbito.

 

En este Plan de Fomento del Sector del Deporte se incluyen también la elaboración de la nueva ley del deporte.

 

Por otro lado, el proyecto de presupuestos incluye 32 millones de euros que el CSD recibe de la venta centralizada de los derechos televisivos del fútbol profesional, que destinará a las cotizaciones de deportistas de alto nivel, transferencias a la futura liga femenina profesional de fútbol y a la Real Federación Española de Fútbol (Rfef); y 50 millones de euros de recaudación de premios de apuestas deportivas del Estado (las quinielas).

 

Además, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (Aepsad), encargada de las funciones de lucha contra el dopaje, mantendrá un presupuesto de nueve millones de euros, igual que en 2021.

 

El presupuesto récord del CSD se da en un contexto de dificultades para el deporte base, fundamentalmente por la pérdida de licencias federativas. En 2020, las federaciones deportivas españolas registraron un descenso del 2,6% en el número de deportistas federados. Deportes como el golf, uno de los más practicados en España, lograron cerrar el ejercicio con incluso más federados que en el año anterior. En fútbol y baloncesto, las disciplinas con más fichas federativas, las caídas fueron inferiores a las del conjunto, en torno al 2%, y deportes como la hípica, el surf o las actividades subacuáticas lograron nuevos récords en el número de federados.

 

El CSD, entre LaLiga y el Madrid

El CSD, que renovó su imagen corporativa durante 2021, tuvo una última patata caliente en diciembre, cuando Real Madrid, Athletic Club y FC Barcelona se pusieron en manos del organismo para que interviniera en el conflicto abierto por los tres clubes con LaLiga por el acuerdo de la patronal con CVC.

 

Los tres clubes emplazaron al organismo del Gobierno a que interviniese de forma directa en el asunto, el cual estaba listo para ser aprobado por parte del resto de clubes de Primera División y Segunda División.

 

Los clubes díscolos remitieron un escrito al organismo español: pretendían que el Consejo Superior de Deportes, como entidad cuya función principal radica en la garantización de la legalidad de la aplicación de la normativa que regula el deporte, ejerciese su función para establecer “las decisiones correctas para el bienestar de la competición”.

 

Como consecuencia, el CSD preparó un reunión con los clubes díscolos al acuerdo y LaLiga, en el que el organismo iba a ejercer como mediador y poder abordar los conflictos derivados de LaLiga Impulso y la creación del Proyecto Sostenible, la alternativa presentada por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tras meses de oposición a LaLiga.

 

Después de informar a los conjuntos de LaLiga que el CSD no iba a intervenir en el asunto referente al acuerdo de LaLiga con CVC, Real Madrid, Athletic Club y FC Barcelona plantaron a LaLiga y al propio CSD y anunciaron que iban a ejercer las acciones legales correspondientes contra la patronal española del fútbol.