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2019: un año de tensión entre LaLiga y la Rfef

Los últimos doce meses han estado marcados por el debate competencial constante en torno al fútbol profesional y el que aspira a serlo, como son el femenino y el sala. La Primera Iberdrola sufrió su primera huelga general y la Lnfs fue vaciada de competencias en plena temporada. 

Marc Menchén

26 dic 2019 - 04:59

Los últimos doce meses han estado marcados por el debate competencial constante en torno al fútbol profesional y el que aspira a serlo, como son el femenino y el sala. La Primera Iberdrola sufrió su primera huelga general y la Lnfs fue vaciada de competencias en plena temporada.

 

 

“Se pide el cese inmediato del presidente de LaLiga o bien su inmediata dimisión”. Así concluía una de las cartas que la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) remitió a todos los clubes profesionales en noviembre, y en cierta manera, así sucedió. El propio Javier Tebas anunció la primera semana de diciembre que dimitía como presidente de la competición, pero con la voluntad de renovar su mandato cuatro años más y evidenciar que mantiene el apoyo mayoritario de los equipos afiliados; algo que ya ha conseguido.

 

Es un escrutinio público al que también deberá someterse Luis Rubiales en el primer semestre de 2020, de modo que el sector podrá evidenciar a quién apoya en la guerra competencial y económica que las dos instituciones han mantenido durante todo el último año.

 

El expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) accedió al liderazgo de la Rfef en mayo de 2018, pero fue con el arranque de 2019 cuando empezó a mostrar sus cartas y dejar claro que quería recuperar la gestión de todos aquellos torneos que habían quedado en manos de los clubes por dejadez del anterior equipo gestor. Un vacío que LaLiga se propuso llenar durante meses aportando recursos económicos y humanos para que disciplinas como el fútbol sala y el femenino pudieran avanzar.

 

 

 

 

El problema para el dirigente es que se ha topado con la oposición de la mayoría de equipos, tanto de LaLiga, como de la Lnfs o la Primera Iberdrola, que consideran que tienen el derecho a autogestionar sus competiciones como titulares de los derechos audiovisuales y comerciales, un argumento que este año ha avalado la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (Cnmc) en reiteradas ocasiones. Una disputa competencial en la que han acabado interviniendo la Justicia y el propio Consejo Superior de Deportes (CSD), consciente de que la legislación actual se ha visto sobrepasada por la realidad de la industria.

 

“El problema es que la Ley del Deporte no deja claro que una cosa es la alta competición como espectáculo, cuya gestión debería recaer en los clubes, y otra es la promoción de la base, que sí debe ser asumida por las federaciones”, señala un alto cargo de uno de los principales clubes de LaLiga.

 

Los movimientos entre bastidores empezaron a producirse de forma simultánea, aunque el gran foco de tensión estalló con la renovación del convenio que regula la relación de LaLiga y la Rfef, y que ha terminado en los tribunales. El regulador hizo un primer amago con la amenaza de querer hacerse con la explotación del nombre de la competición, pese a que Banco Santander tenía contrato en vigor y acababa de renovar; el balón oficial, que estaba apalabrado ya con Puma, y la confección de los horarios. Es decir, tres elementos clave en el negocio del fútbol profesional español.

 

Las dos partes firmaron un convenio de mínimos en julio de 2019, en el que se mantenían a grandes rasgos las condiciones del anterior, pero en el que LaLiga se comprometía, además, a poner fin a sus aportaciones a otras entidades. Por ejemplo, los 2,5 millones de euros que aporta a la profesionalización de la Primera Iberdrola a través de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (Acff) ahora se canalizan vía Rfef. Además, se ha puesto fin al apoyo que se ofrecía a ProLiga, asociación que aglutina a los equipos de Segunda B y Tercera División.

 

 

 

 

La pelea audiovisual se extiende de LaLiga a la Copa del Rey

 

Por el contrario, se dejaba sin cerrar la disputa más importante y que afecta de lleno a la principal fuente de ingresos del fútbol español: los derechos de televisión. En este ámbito es en el que más tensión ha habido, pues Rubiales modificó las bases reguladoras de Primera y Segunda División a pocas semanas del arranque de la temporada para impedir que se disputaran partidos los lunes. Ello, pese a que ya se habían firmado todos los contratos con los operadores en los que se garantizaba un carrusel de emisiones que se iniciaba el viernes por la noche y concluía el lunes, de forma que todos los partidos tienen su propia franja de dos horas.

 

El caso acabó en los tribunales y aún no hay sentencia firme, pero el Juzgado Mercantil número 2 de Madrid accedió a que sí se pudiera disputar jornada los viernes por 15 millones de euros, a la espera de dilucidar si la Rfef tiene potestad para decidir qué días de la semana se juega. El auto de medidas cautelares fue celebrado en la Federación como un triunfo, pero abrió una profunda brecha con la mayoría de clubes.

 

Es más, en una imagen histórica que jamás antes se había producido, la plana mayor de los equipos de Primera y Segunda División compareció de forma pública para lanzar un mensaje: “Es un ataque frontal a los clubes”, advertía en esa comparecencia conjunta Quico Catalán, presidente de la UD Levante. “Estamos preocupados por una invasión de las competencias de LaLiga por parte de la Rfef”, añadía Miguel Ángel Gil, consejero delegado y máximo accionista del Atlético de Madrid.

 

Otro ámbito en el que sí hubo acuerdo entre las dos instituciones es en el cambio de formato de la Copa del Rey y la Supercopa de España, aunque con el primer torneo volvió a haber polémica. La Rfef decidió en un primer momento asumir directamente la comercialización del torneo, pero después recurrió a LaLiga para encomendarle esta gestión hasta en cinco ocasiones, sin éxito.

 

 

 

 

En el momento en el que la patronal se avino a asumir el proyecto, la Federación optó por ir en solitario con escaso éxito. Los acuerdos cerrados sólo aseguran unos 80 millones de euros  en el ciclo 2019-2022 por la retransmisión del torneo del KO al margen de la final, frente a los 100,5 millones que puso Mediapro sobre la mesa y que Rubiales rechazó.

 

El problema es mayor si se recuerda que, con el modelo anterior, la Rfef recibía 17 millones netos al año para financiar el fútbol base, mientras que ahora sólo se podrá quedarse el 10% para esa finalidad (unos 2,6 millones al año), mientras que el 90% deberá repartirse entre los equipos que alcancen los octavos de final.

 

El pinchazo con la nueva Copa, que recupera las eliminatorias a partido único, contrasta con el éxito que sí ha tenido la Supercopa de España en términos económicos, gracias a un formato final four en el que FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid tienen prácticamente garantizada su presencia de forma recurrente.

 

El torneo dejará de ser en verano para jugarse en invierno y la Rfef ha cerrado un acuerdo con Arabia Saudí por el que el país pagará 18 millones de euros anuales a cambio de ser la sede durante los próximos años. Además, Telefónica ha acordado pagar tres millones de euros por la exclusiva, lo que supone una rebaja de un millón respecto al objetivo inicial.

 

Eso sí, el precio casi puede considerarse un éxito, después de que Rtve rechazara pujar alegando motivos éticos por ser un país que no respeta muchos de los derechos humanos, un argumento que  hizo desistir también a Mediapro, Atresmedia y Mediaset.

 

 

 

 

El fútbol sala, un nuevo capítulo de la lucha de poder

 

La Rfef también ha querido recuperar protagonismo en el fútbol sala, que históricamente se había autogestionado a través de la Lnfs. La Federación primero intentó dejar sin efecto el acuerdo de televisión que la competición tiene con LaLiga, y que ha llevado a la disciplina a obtener unos ingresos récord de 2,4 millones de euros, pero la Cnmc volvió a dejar claro que los derechos son de los clubes y no de la Federación.

 

De ahí que, posteriormente, el regulador optara por intentar ir uno a uno a todos los equipos en busca de apoyos para dejar sin efecto la asociación y hacerse de nuevo con las competencias. Es un movimiento que se ejecutó a mediados de octubre, en una reunión con sólo cinco equipos presentes, haciendo valer que no había ningún convenio de colaboración en vigor entre la Rfef y la Lnfs. En diciembre, la liga planteó recuperar las negociaciones para acordar un nuevo marco regulador, pues la Copa de España se juega en marzo.

 

Menos ruido ha habido con la gestión del fútbol aficionado, a la espera de que se proponga una gran reforma de las dos categorías que están por debajo del fútbol profesional. Continúan habiendo voces que piden una racionalización del número de participantes para hacer más sostenibles los proyectos en Segunda B y Tercera División, pero de momento lo que se ha propuesto es una mayor aportación de recursos. Se trata del plan Impulso23, con el que se pretende aportar 30,8 millones de euros a los equipos, un 33% más de lo que recibían hasta el momento.

 

El apoyo económico tiene contraprestaciones, pues la Rfef ha conseguido sacar adelante su propio modelo de control económico para supervisar la salud financiera del sistema, aunque los estándares no se aprobarán hasta dentro de tres años. Es un paso necesario, especialmente en un momento en el que cada vez resulta más caro adquirir un equipo de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, donde los precios de compra ya no bajan de 50 millones y 15 millones de euros, respectivamente.

 

Y es un salto económico que se ha dado precisamente por la instauración del control económico y, sobre todo, por el giro en la gestión para crear un producto de entretenimiento capaz de competir. Hoy, los casos de pérdidas son contados y la caída de los ingresos ordinarios sólo se produce en los equipos descendidos, salvo contadas excepciones.

 

 

 

 

Un nuevo récord de ingresos entre televisión y patrocinios

  

LaLiga cerró 2018-2019 con unos ingresos propios de 1.974 millones de euros, lo que supone una mejora interanual del 10,7%. Esta cifra incluye los más de 100 millones de euros por la explotación de los activos propios de la competición, así como los 1.880 millones que generó la venta de los derechos audiovisuales de los 42 clubes de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, y que también mejoraron en un 11,4% respecto a 2017-2018.

 

La previsión para el ejercicio actual es mantener la senda de crecimiento, para alcanzar un negocio de 2.042 millones de euros, gracias a la entrada en vigor de nuevos contratos como el de Telefónica en España y el crecimiento del área de patrocinios.

 

La patronal ha reorganizado su estructura este año con la idea de potenciar las dos áreas por donde cree que llegará su crecimiento, que son la tecnológica y la de negocio y desarrollo internacional. La competición ha empezado a recoger este verano los frutos del trabajo de los últimos dos años fuera del país, con la llegada de patrocinadores globales como Budweiser, Unilever, LiveScore, BKT, Puma o la renovación al alza de EA Sports.

 

Además, se ha ampliado la cartera de socios regionales con una veintena de marcas que apoyan la difusión del fútbol español en territorios estratégicos como Asia, África y Latinoamérica. De hecho, más allá de los pagos que realizan por estos contratos, uno de los grandes avances ha sido conseguir que comprometan una inversión en activación de más de 250 millones de euros. Es decir, que prácticamente gastarán tres euros por cada euro que pagan a la competición en publicidad y acciones promocionales.

 

 

 

 

La ambición de LaLiga es que esos ingresos vayan a más en el futuro, y que no sólo sean por patrocinio. La competición mantiene su pulso con Rfef, Uefa y Fifa por la disputa de partidos oficiales en Estados Unidos, un intento que ha sido abortado los dos últimos años pese a la predisposición de los equipos de fútbol. De ahí que la vía que sí continúa abierta sea la de la organización de partidos amistosos durante el verano, con Asia como uno de los focos prioritarios de expansión.

 

Allí, y más concretamente en China, se ha firmado un acuerdo con las administraciones de la provincia de Yunnan, situada al sureste del país, por el que invertirán 40 millones de euros en la construcción de unas instalaciones para formar a jugadores locales y organizar torneos. El recinto se espera que esté abierto a partir de la segunda mitad de 2021.

 

Esta estrategia internacional se ha ido equilibrando con la mejora del producto local a través de la reforma de los estadios, paso necesario para mantener alta la asistencia y que la imagen de los partidos sea buena. Es el único camino que tiene LaLiga para acortar distancias con la Premier League y conseguir que sus equipos afiliados puedan retener a los principales jugadores.

 

De momento, lo que ya se ha conseguido es que el beneficio neto agregado de los 42 participantes se haya mantenido por encima de los 100 millones de euros desde 2012-2013 y que la facturación total se haya doblado y alcance los 4.500 millones de euros. En 2019-2020, la ambición es acercarse a los 5.000 millones.