Nuevo revés judicial a la operación para financiar el nuevo estadio del Atleti

La operación urbanística diseñada por el Atlético de Madrid suma un nuevo revés judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado la paralización cautelar del plan Mahou-Vicente Calderón. En un auto, fechado el 27 de julio, estima la medida solicitada por Ecologistas en Acción e indica que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Este plan parcial fue aprobado por el Ayuntamiento de Madrid el 26 de noviembre de 2014, y contempla la demolición del actual estadio rojiblanco, el soterramiento de la M-30, la construcción de ocho torres de entre ocho y veinte plantas, dos rascacielos de 36 plantas y 2.000 viviendas. La actuación afecta a una superficie de 204.218 metros cuadrados.

Ecologistas en Acción denuncia que este plan parcial desarrolla una modificación puntual del plan general de ordenación urbana de Madrid, aprobado en 2009, y que ya ha sido objeto de anulación por medio de dos sentencias, en 2012 y en 2015, por permitir la construcción de edificaciones de más de tres alturas. "De no suspender la ejecución del ordenamiento aprobado existe el riesgo de que pierda su legítima finalidad el recurso contencioso administrativo, siendo mayores los perjuicios que deriven de la ejecución que de sus suspensión", defiende el TSJM.

En una resolución de esta misma instancia judicial que anulaba la operación diseñada en 2009, ya se advertía de que el proyecto que proponen el Atlético de Madrid, la cervecera Mahou y la constructora FCC supone “un auténtico nuevo desarrollo urbanístico que transforma totalmente el ámbito”, por lo que debería regirse por la actual ley de suelo, que limita cualquier edificio a un máximo de cuatro alturas, y no beneficiarse de la exención aprobada por la Comunidad de Madrid.

En 2013, un año antes de la aprobación del nuevo plan urbanístico, el Gobierno de la Comunidad de Madrid modificó la ley de suelo para establecer que la limitación de cuatro alturas que fija una ley de 2007 no sería aplicable a las parcelas que estuvieran clasificadas como urbanas “antes de la entrada en vigor de la ley [2007], ni a las futuras modificaciones o revisiones de planeamiento que se tramiten sobre el mismo ni a los instrumentos de planeamiento de desarrollo que lo afecten”. A ello se agarra el club presidido por Enrique Cerezo, y sobre lo que aún no se ha pronunciado la Justicia.

Todos estos problemas judiciales han provocado un retraso en las obras del nuevo complejo deportivo, cuya entrega ahora se ha retrasado a finales de la temporada 2016-2017. La disponibilidad de un estadio de mayores dimensiones se ha convertido en una cuestión capital para el conjunto controlado por la familia Gil Marín, especialmente tras los éxitos deportivos de los últimos años y el incremento de la masa social que ha provocado.