Luis Oliver podrá tomar el 51% del Betis cinco años después

El Real Betis ya es un equipo de Primera División y, dentro de dos semanas, volverá también a ser propiedad de Manuel Ruiz de Lopera. La Sala I de la Audiencia Provincial de Sevilla ha levantado, con efectos del 31 de julio, las medidas cautelares que pesaban sobre las acciones del expresidente del club, propietario histórico del 51% de las acciones. Ahora bien, el empresario Luis Oliver ya ha avisado que ejercerá el acuerdo de compra que firmó antes de que se embargara el paquete accionarial.

El juez justifica en su auto que el proceso penal contra Lopera aún puede tardar "varios años" en resolverse, por lo que "resultaría desproporcionado" mantener las medidas cautelares adoptadas el 16 de julio de 2010 por un presunto delito societario. Y es que se le acusa de haber desviado dinero del Betis hacia sus empresas durante décadas. Además, como en muchas otras conversiones de clubes en sociedades anónimas deportivas (SAD), el expresidente también está acusado en otro proceso de haberse hecho con el control del Betis en 1992 de forma fraudulenta y sin haber aportado en realidad del dinero que aseguraba.

El dilema que surge ahora es si Lopera regresará al club y remodelará el consejo de administración, o será Luis Oliver el que tome las riendas. Las acciones del Betis que controlaba a través de Farusa están embargadas, ya que no ha hecho frente a la fianza de 25 millones de euros que le impuso la juez instructora, Mercedes Alaya. En principio, ello impide la venta de las acciones, pero el empresario asegura estar dispuesto a litigar.

Bitton Sport, sociedad de Oliver, asegura en un comunicado que la resolución judicial le permite ser "propietaria en pleno dominio de un paquete de acciones compuesto por cincuenta y nueve mil novecientas veinticinco (59.925)". ¿Por qué? Pues porque la compraventa de los títulos se escrituró el 6 de junio de 2010, mientras que la prohibición de disponer de las acciones del Betis a Lopera se impuso el 10 de julio de ese mismo año.

Para asegurarse que recupera el control del club verdiblanco de inmediato y evitar que Lopera regrese al consejo de administración, Bitton Sport asegura que hoy remitirán al Consejo Superior de Deportes (CSD) el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla. "De esta forma, el CSD inscribirá de inmediato y de manera automática la compraventa en su libro de registro, único requisito que faltaba desde 2010 (por esta suspension cautelar ahora levantada) para lograr la pacífica posesión de las acciones del Real Betis por parte de Bitton", asegura la empresa de Oliver.

El ejecutivo, que en el pasado ya poseyó el Xerez y al que el propio Betis acusa de apropiación indebida, enfatiza que no realizará drásticos cambios en la actual estructura deportiva, que en los últimos años se ha encargado de modelar la administración concursal. "Pondremos en marcha el proyecto deportivo que llevamos preparando los últimos meses, respetando el trabajo de la dirección deportiva actual en comandita con el proyecto deportivo que el consejo de Bitton encabezado por nuestro entrenador Pepe Mel y los jugadores Rubén Castro y Jorge Molina comenzaron a poner en marcha con éxito en 2010", aseguran.

Oliver también asegura que trabajarán con el consejo de administración, que hoy preside Juan Carlos Ollero, "para que la transición sea lo más tranquila posible, dando opción a los accionistas de relevancia a que participen en nuestro nuevo consejo".

Suspensión de pagos y saneamiento de cuentas

La administración concursal considera que Oliver y algunos consejeros afines cobraron comisiones ilegales en los traspasos de algunos futbolistas, por servicios que además podía ofrecer el propio club. También se solicita que la declaración del concurso de acreedores sea calificada de culpable, por lo que el empresario y Lopera se exponen a tener que pagar 20 millones de euros al Betis como indemnización.

La entidad verdiblanca solicitó la antigua suspensión de pagos en octubre de 2010, justo después de que se formalizara la compraventa de acciones entre Lopera y Oliver. En junio de 2012, los acreedores aceptaron una quita del 50% que situaba la deuda ordinaria en 24 millones de euros. Los compromisos con la Administración (Agencia Tributaria y Seguridad Social) se mantenían en 30 millones de euros. Pese a ello, el Betis ha seguido tutelado judicialmente hasta hoy por el embargo de las acciones de Lopera.

Al cierre de la temporada 2013-2014, la deuda concursal a largo plazo se situaba en 16,3 millones de euros. Este tipo de compromisos a corto plazo se reducía a 3,25 millones. Además, existían otros acreedores comerciales a los que hay que abonar aún 8,89 millones.