Laporta se persona contra el pacto Barça-Fiscalía por el 'caso Neymar'

Joan Laporta quiere evitar que el pacto entre el FC Barcelona, la Fiscalía y la Abogacía del Estado llegue a buen puerto. El expresidente presentó el pasado 20 de junio un escrito en el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona para personarse como acusación particular y evitar que salga adelante el acuerdo, por el que el club asumía toda la responsabilidad y una multa de 5,5 millones de euros.

El dirigente, que se considera perjudicado por la gestión de la junta directiva al aprobar esta decisión, ha contado con el apoyo de otros nueves socios, que ya formaron parte de su candidatura en las últimas elecciones. Según el periodista de TV3 Xavi Torres, se trata de Miquel Camps, Jordi Casals, Marc Ciria, Mireia Fontanet, Maria Elena Fort, Josep Ignasi Macià, Rafael Martín, Xavier Puig y Rafael Yuste.

Está por ver si el juez admite a trámite ahora esta petición, lo que derivaría en una vista a la que acudirían todas las partes implicadas. Siempre según el periodista de la televisión pública, Laporta basa su recurso en la vulneración de los preceptos 27, 28 y 31 del Código Penal, que hacen referencia a la responsabilidad de los directivos en la comisión de delitos.

Cabe recordar que el pacto alcanzado supone aceptar que el Barça cometió fraude fiscal entre 2011 y 2013, al no tributar como rentas al trabajo el pago de 40 millones de euros al padre del jugador. En su día se vistió como una indemnización por adelantar un año su fichaje y, por ello, ese pago tributó en Brasil por parte de N&N, mercantil de la familia Neymar.

Además de admitirse la culpabilidad del club como persona jurídica, también se abonará una multa de 5,5 millones de euros. A cambio, el expresidente Sandro Rosell y el actual, Josep Maria Bartomeu, quedan exonerados. “Ni Rosell ni yo hicimos nada mal. No tuvimos culpa. El club, sí. La Fiscalía y la Abogacía del Estado nos exonera porqué no tenemos culpa. Solo fichamos a un jugador. [...] Aceptamos al multa y pactamos para frenar el proceso. Hemos tomado la mejor decisión para el Barça”, se defendió Bartomeu el pasado 13 de junio.

Ante este nuevo escenario, el club pasa a pagar 5,5 millones, frente a los 22,2 millones que le reclamaba la Abogacía del Estado en representación de Hacienda. A este importe se le añadían 11,4 millones en concepto de indemnización por responsabilidad civil solidaria, junto a Rosell y Bartomeu, para los que se reclamaban 25,1 millones y 3,8 millones de euros, respectivamente.