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Laporta se libra de pagar 47,4 millones al Barça por su gestión

Palco 23

29 oct 2014 - 09:41

Si algo quedó claro en el juicio entre el FC Barcelona y la junta directiva de Joan Laporta es que la contabilidad permite tantas interpretaciones como se quiera de una misma cifra. Incluida la del Juzgado de Primera Instancia número 39 de Barcelona, que ayer desestimó la demanda interpuesta por la directiva de Sandro Rosell -ahora presidida por Josep Maria Bartomeu-, al considerar que el mandato de la anterior junta no se cerró con pérdidas, sino con un ligero beneficio de 4,1 millones de euros. El club aún no ha decidido si ejercerá su derecho a recurrir la sentencia en un plazo de veinte días.

 

La acción social de responsabilidad se presentó después de que Rosell decidiera reformular las cuentas del último ejercicio de Laporta y convertir un beneficio de 11 millones en unas pérdidas de 79,6 millones de euros. La operación, avalada por la asamblea de compromisarios tras una exposición algo tergiversada por los actuales mandatarios, es la que provocaba que la etapa de Laporta se cerrara con unas pérdidas de 47,4 millones de euros y la que motivó la presentación de la demanda.

 

El juez José Manuel Martínez Borrego, sin embargo, ha rebajado las pérdidas de la última temporada de Laporta (2009-2010) a 26,8 millones de euros, tras aceptar sólo parcialmente esa reformulación de cuentas. Al rebajar esta cifra, los beneficios acumulados durante las campañas anteriores son las que sitúan el saldo final de su presidencia en 4,1 millones de euros, lo que evitará que sus directivos y él mismo deban responder con su patrimonio.

 

La sentencia da la razón a la actual directiva en su decisión de restar a las cuentas de la junta saliente los ingresos que se anotó por la venta de una parcela en Sant Joan Despí que no estaba formalizada (14,6 millones), una prima de Mediapro que debía periodificarse (12 millones) y un juicio contra el jugador Raúl Baena (3,9 millones) que no se había ganado. También avala que le cargaran la amortización de 8,2 millones de euros por el traspaso de Henry a coste cero.

 

Lo que no ha aceptado Martínez Borrego es que Rosell cargara a los anteriores gestores la depreciación de 11,5 millones a los terrenos de Viladecans (Barcelona), donde debía construirse un complejo de ocio vinculado al Barça. El juez considera probado que la pérdida de valor de este activo responde a la decisión de los actuales directivos de enterrar ese proyecto, aunque en su fallo no aclara si ahora esta operación debería imputarse al mandato de Rosell-Bartomeu. Tampoco avala que se provisionaran 3,25 millones por el riesgo de impago de un premio por el concurso de acreedores de Mediapro, ya que entonces también debería haberse realizado lo mismo con el contrato de derechos audiovisuales (140 millones al año). "O era razonable provisionar todas esas cantidades, o no era razonable provisionar ninguna", sentencia Martínez Borrego.

 

Pero la clave de todo este juicio, y lo que realmente salva a Laporta y sus directivos de pagar, es un error de la defensa del FC Barcelona en el proceso. El juez ha decidido no tener en cuenta la provisión de 37,8 millones por el litigio de Sogecable para calcular los números rojos del último año del laportismo. La junta actual desveló durante el juicio que con posterioridad a la reformulación de cuentas se alcanzaron pactos con el operador, entonces ya en manos de Prisa, para rebajar la cifra a pagar con la compensación de saldos pendientes de pago entre las dos partes. Martínez Borrego considera que no quedó "debidamente justificado" el impacto de esas transacciones en la provisión que Rosell cargó a sus sucesores, y por lo tanto no la tiene en cuenta para emitir su fallo.