La Liga se blinda ante nuevos descensos administrativos

Los problemas que acucian a diversos clubes de Primera y Segunda División amenazan con un verano movido en los despachos de la Liga de Fútbol Profesional (LFP). La patronal presidida por Javier Tebas ya soportó la presión cuando decretó el descenso administrativo del Real Murcia a Segunda División B el pasado verano, y esta temporada no le temblará el pulso si tiene que volver a rebajar la categoría de un equipo que incumpla el fair play financiero. En esta ocasión, ya cuenta con jurisprudencia a su favor y sus propios estatutos para evitar batallas judiciales.

La primera decisión adoptada por la LFP se tomó en la asamblea general extraordinaria que celebró en Barcelona el pasado 25 de marzo. Ese día, los focos de atención se centraron en la amenaza de huelga por el retraso de la aprobación de la venta centralizada de los derechos de televisión. Sin embargo, en aquella reunión también se marcaron las reglas del juego que se aplicarían en caso de tener que ordenarse descensos.

Aquella mañana en el Power8 Stadium se adoptó “por votación asamblearia” que en el caso de que un club pierda la categoría, pese a haber logrado la permanencia en el terreno de juego, su plaza “será ocupada por el equipo descendido con mejor clasificación deportiva”. Es decir, que no se producirán ascensos automáticos, sino que en cualquier caso prevalecerá la permanencia de un club que no la hubiera conseguido sobre el césped.

Este es el criterio que, por ejemplo, se siguió el año pasado con el Mirandés cuando se ordenó el descenso del Real Murcia. El club controlado por Jesús Samper incumplió los ratios de deuda e ingresos que establece la LFP, además de acumular una deuda de 12 millones con la Agencia Tributaria que no había saldado al cierre del ejercicio 2013-2014. Pese a ello, planteó batalla ante los tribunales y perdió.

Y aquí es donde reside la fuerza de la LFP de cara a los próximos meses. La patronal ya contaba con la legislación a su favor, ya que la Ley del Deporte le otorga “la competencia material para ejercer la potestad disciplinaria, por delegación del citado legislador estatal, respecto a sus clubes y SAD asociados, los directivos y los administradores de los mismos”. Pero, además, desde el pasado verano también cuenta con una resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en este sentido.

Los estatutos de la LFP, aprobados en marzo pero que no fueron ratificados por el Gobierno hasta diciembre, son claros y establecen que a 31 de diciembre no podrán existir deudas vencidas, líquidas y exigibles con otros clubes, empleados o la Administración (Seguridad Social y Agencia Tributaria, esencialmente). Eso sí, para el presente ejercicio existe una medida “de carácter transitorio” en la que se establece que la deuda con el sector público “no se considerará pendiente de pago si el club/SAD puede demostrar que ésta ha sido pagada con anterioridad al día 31 de julio de la temporada siguiente”.

El Elche, el club en la posición más delicada, pero no el único

Es decir, que el Elche CF tiene de plazo hasta mediados de este año para encontrar los cinco millones de euros que debe pagar a Hacienda si quiere eludir el descenso administrativo. De lo contrario, incumpliría uno de los requisitos para poder estar inscrito en La Liga y se vería directamente abocado a jugar en Segunda División B.

Lo mismo sucede con los 3 millones que debe a su plantilla, incluido el personal administrativo, por nóminas atrasadas y la primera de permanencia en Primera División. Estos últimos pagos sí que debían saldarse antes del 31 de marzo y es por ello que en las oficinas del Martínez Valero ya asumen la imposición de sanciones económicas y administrativas, como el no poder acudir al mercado de fichajes.

Estos dos impagos por ahora ya serían motivo suficiente para que la LFP descendiera al Real Murcia a Segunda División B, ya que suponen una “infracción muy grave”. La situación se complica si se recuerda que el Elche CF también incumple el principio de empresa en funcionamiento, al tener unos fondos propios negativos de 14 millones de euros, lo que según la LFP se considera “indicativo de una posible situación de desequilibrio económico financiero futuro”.

Por si fuera poco, el conjunto ilicitano también estaría incumpliendo la normativa que establece que la deuda no puede ser superior al 100% de los ingresos relevantes. Esta “situación de desequilibrio económico financiero futuro” también afecta al Getafe CF, como revela el análisis publicado por Palco23 el pasado 27 de marzo.

En ambos casos, la situación se agrava por el hecho de que la deuda se ha incrementado respecto al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013, cuando la LFP exige reducirla paulatinamente. RCD Espanyol y Deportivo de la Coruña también son equipos con una deuda muy superior a su nivel de ingresos, aunque no han trascendido expedientes disciplinarios sobre estos equipos y el año pasado rebajaron su deuda.

Otro de los interrogantes es qué sucederá con los equipos que deben dinero a sus jugadores, una cuestión que no es menor. Racing de Santander, Recreativo de Huelva, Sporting de Gijón y CE Sabadell se encuentran inmersos en ampliaciones de capital para ponerse al día en sus pagos y evitar las sanciones de la LFP, ya que los cuatro se encuentran fuera de posiciones de descenso. De estos, el conjunto catalán es que el más problemas tendrá para obtener dinero para evitar la liquidación, ya que los socios no están respaldando la ampliación de capital.