La Justicia ordena la detención de Piterman por provocar la crisis del Alavés

Dimitry Piterman deberá responder por su gestión al frente del Deportivo Alavés. El club anunció ayer por la noche que el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria-Gasteiz ha decretado una orden de detención internacional contra Dimitri Piterman y su mujer, Milanendra Vikramsingh Piterman, “con el objetivo de prestar declaración a ambas personas en calidad de investigados por los hechos investigados durante su gestión en el Deportivo Alavés”.

El empresario ucranio fue el máximo accionista y presidente de la entidad albiazul entre 2004 y 2007, mientras que su mujer fue vocal en el consejo de administración. En ese período, las inversiones en fichajes se dispararon muy por encima de la capacidad real de gasto del club, lo que unido a su descenso a Segunda División estuvo a punto de costarle la desaparición.

El Alavés indica que la orden de detención llega “tras varios años de arduo y silencioso trabajo en los diferentes juzgados”, con la intención de que en la medida de lo posible el exdirigente asume la culpa de los problemas que desencadenaron la crisis de la entidad, que en 2007 presentó concurso de acreedores tras disparar su deuda hasta los 27 millones de euros. Tras la aprobación del convenio, logró quitas de hasta el 50% para todos los créditos.

En 2011, un grupo inversor local liderado por Josean Querejeta permitió apuntalar la viabilidad futura del club de fútbol, que en la temporada 2016-2017 volvió a Primera División e incluso alcanzó la final de la Copa del Rey. Además, gracias al fuerte aumento de los ingresos por televisión, ha logrado acelerar su consolidación a nivel de patrimonio, e incluso se ha planteado una amplia reforma del estadio de Mendizorroza, con un coste que rondaría los 50 millones de euros si consigue el apoyo de la Administración.

No es la primera vez que Piterman se enfrenta a los juzgados en el club, aunque en algunas ocasiones ha salido bien parado. Por ejemplo, en 2015 el Tribunal Supremo dejó sin efecto una condena que obligaba al expresidente a pagar 6,8 millones de euros al Alavés, mientras que en 2009 sí tuvo que devolver 120.000 euros al club por cargos personales que había realizado. En el marco del concurso de acreedores, también se le embargaron bienes por 13 millones de euros.