La Audiencia Nacional traslada el 'caso Neymar' a Barcelona

El caso Neymar vuelve prácticamente a la casilla de salida. Apenas una semana después de emitir un auto en que el se sentaba en el banquillo al FC Barcelona y sus dirigentes, la Audiencia Nacional ha decidido ahora enviar a los juzgados de la capital catalana el proceso por el que se investiga un posible fraude fiscal de 13 millones de euros en el fichaje del jugador brasileño, tal y como solicitaba la entidad blaugrana.

La decisión se produce después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya estimado los recursos del presidente del club, Josep Maria Bartomeu, de su predecesor en el cargo, Sandro Rosell, y de la propia entidad, que también había sido acusada como persona jurídica. Sus solicitudes se dirigían contra el auto dictado en su momento por el Juzgado Central de Instrucción número 5 que rechazó la admisión de la cuestión de competencia.

Este último juzgado, primero dirigido por Pablo Ruz y ahora por José de la Mata, emitió un auto el 15 de mayo sin esperar a que se resolvieran los recursos presentados en el que abría el juicio oral y sentaba en el banquillo de los acusados al Barça, Bartomeu y Rosell. Ahora, todas las partes podrán aportar información adicional y, a partir de ahí, el nuevo juez deberá decidir si abre juicio o no, con la dilatación de los tiempos que ello provocará.

Los jueces justifican la competencia de los juzgados de Barcelona para dirimir este litigio porque los fondos distraídos fraudulentamente se encontraban en las cuentas del Barça, ya que es desde las oficinas del Camp Nou desde donde se ordenaron los pagos, independientemente de que el destino de los fondos fuera Brasil. Es decir, que "resultaría intrascendente" que los pagos no se realizaran en España, ya que lo realmente punible son "los perjuicios causados a los socios no se producen en Brasil sino en Barcelona, lugar donde tiene además su domicilio social la entidad deportiva en cuestión".

Hasta ahora, la lógica aplicada por la Fiscalía era la contraria. Es decir, que consideraba competente a la Audiencia Nacional en tanto que el delito también se había cometido en Brasil porque era el país de residencia del jugador antes de fichar y donde está domiciliada la sociedad del futbolista y su familia a través de la que se realizó un pago de 40 millones por sus derechos económicos. "El proceso se ha venido sustanciando por un órgano judicial declarado hoy incompetente, como se entendió siempre desde el Club", ha enfatizado la junta directiva en un comunicado.

Acusaciones de la Fiscalía

En su texto,  el Juzgado Central de Instrucción número 5 recogía los argumentos de la Fiscalía, que pedía 2 años y 3 meses de cárcel para Bartomeu por un delito fiscal correspondiente al ejercicio de 2014. Para Rosell pedía 7 años y 6 meses por otros dos delitos fiscales por los ejercicios 2011 y 2013, según consta en el escrito de acusación que presentó el pasado 23 de marzo.

Los posibles delitos que se le atribuyen a ambos dirigentes también salpicaban al propio club, al que se le acusa de tres delitos fiscales por los tres años y le reclama que pague a Hacienda 11,4 millones en concepto de indemnización por responsabilidad civil. También solicita que se imponga una multa de 22,2 millones de euros al Barcelona, que será juzgado como persona jurídica, así como de 25,1 millones a Rosell y de 3,8 millones a Bartomeu.